SAN SALVADOR (Sputnik) — El Ministerio Público de Costa Rica abrió una investigación contra el presidente Carlos Alvarado, por la creación y casi inmediato cierre de la Unidad Para Análisis de Datos (UPAD), acusada de presunto espionaje, reportaron medios locales.
«Hace unos minutos se conoció que la fiscal general Emilia Navas ordenó una investigación en la que se busca determinar si el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades no autorizadas», publicó el portal informativo El Mundo CR.
Alvarado ordenó el pasado 23 de febrero detener las labores de la UPAD, en medio de críticas de diputados y voceros de la sociedad civil, que incluso reclaman la renuncia del mandatario por la creación de lo que algunos denominaron «la Gestapo tica».
El decreto ejecutivo No. 41996-MP-MIDEPLAN, promulgado la semana pasada para crear la polémica UPAD, fue fustigado desde que salió a la luz por su presunto intento de limitar las libertades públicas y los derechos humanos.
Un equipo técnico de la Defensoría de los Habitantes, encabezado por la titular Catalina Crespo, inició de oficio una investigación para profundizar sobre el tema de acceso de datos, y sostuvo este 24 de febrero una reunión inicial con Alvarado sobre el problema.
«He ordenado brindar las facilidades requeridas para que se realice su investigación con toda la amplitud necesaria y con el objetivo de evacuar las dudas o preocupaciones que han surgido», informó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter tras la reunión.
Recibí a la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, y a su equipo asesor. He ordenado brindar las facilidades requeridas para que se realice su investigación con toda la amplitud necesaria y con el objetivo de evacuar las dudas o preocupaciones que han surgido. pic.twitter.com/wPr2AYgVR8
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 24, 2020
El mandatario insiste en que la UPAD fue creada para aplicar la ciencia y la estadística en los procesos de toma de decisiones y creación de políticas en beneficio de la ciudadanía, y negó que la información haya sido utilizada para otros fines.
La abogada penalista Gloria Navas denunció a Alvarado por la promulgación del referido decreto, por considerar que el Ejecutivo se atribuyó facultades que no están autorizadas, y que tocó las fibras del sistema democrático costarricense.
