Las sanciones no son guerras comerciales, son castigos destinados a cambiar el rumbo político del gobierno acechado, y son impuestas por países con alto poder económico, militar, financiero y político que utilizan toda su maquinaria de espionaje para vigilar al sancionado o a quien está en su objetivo.
Por *María Luisa Ramos Urzagaste
Es importante diferenciar lo que son las sanciones de la guerra comercial entre dos países. A diferencia de lo que pasa con las guerras comerciales, las sanciones no buscan competir por mercados, por eso el país que impone sanciones no acude a ninguna instancia internacional para negociar, solo desea someter a su voluntad al país bajo sanciones.
Mas allá de las discrepancias sobre lo que es la Organización Mundial del Comercio, OMC, lo claro es que ese es el organismo internacional para resolver temas de controversias comerciales. Pero incluso siendo que la OMC juega a favor de los grandes, hay países como EEUU que se desmarcan, como lo ha dicho Trump en más de una ocasión.
Tampoco se debe confundir las sanciones unilaterales con las sanciones acordadas en el marco de la ONU.
El enredo de la Carta de la ONU
Uno de los principios de la Carta de la ONU reza que los miembros «en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas».
A propósito de esto, el Artículo 6 indica que «todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad».
Queda claro que EEUU, que es el país que más sanciones unilaterales ilegales impone, no se hará el harakiri en el CS acusándose a sí mismo de sus incumplimientos de los principios de la Carta de la ONU.
El Artículo 39 de la Carta precisa que es el Consejo de Seguridad quien determinará la existencia de amenaza, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas.
Esas medidas pueden comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.
En ese sentido, desde 1966 el Consejo de Seguridad ha establecido 30 regímenes de sanciones. Hoy en día se aplican 14 regímenes de sanciones dirigidos a prestar apoyo a la solución política de conflictos, la no proliferación de las armas nucleares y la lucha contra el terrorismo.
Nadie está a salvo, decenas de países castigados por sanciones unilaterales
A pesar de que existe ese mecanismo en la ONU y ser parte del CS, EEUU prefiere, junto con la Unión Europea, usar mecanismos unilaterales con la intención de aplicar sus leyes en otros países, lo cual no tiene sustento legal en normativas internacionales.
En el caso de EEUU, el viceministro ruso Serguéi Riabkov indica que según las estimaciones de Rusia las sanciones estadounidenses se aplican a personas físicas y jurídicas de aproximadamente 70 países.
¿Cómo lo hacen? Para muestra, basta un botón
Veamos un ejemplo esclarecedor del sistema de sanciones de EEUU. Al amparo de la ley PL 115-44 CAATSA, EEUU castiga a países como Irán, la Federación de Rusia y Corea del Norte para «contrarrestar la agresión de los gobiernos».
Esta detalladísima ley muestra que los castigos no son producto de una noche de pesadillas del presidente Trump, sino que son medidas aprobadas por el Congreso de EEUU, donde participan republicanos como demócratas.
Esta ley puntualiza la forma en que se debe elaborar y renovar las listas de personas y empresas a ser sancionadas, para ello «El Presidente presentará a los correspondientes comités y líderes del Congreso un informe que describa la acción propuesta y los motivos de dicha acción».
Eso implica y requiere una minuciosa tarea de seguimiento tanto en el país de origen como en EEUU. Es decir, los sistemas de espionaje y seguridad están más alertas que nunca y con gran ayuda de medios electrónicos.
Dicha ley exige una «identificación de las figuras políticas y empresariales extranjeras más importantes de la Federación de Rusia, según lo determinado por su cercanía al régimen ruso y su patrimonio neto» y exige una evaluación de la relación entre las personas identificadas y el presidente Vladímir Putin u otros miembros de la élite gobernante rusa.
Bajo esta ley, anualmente, el presidente de EEUU deberá presentar al Congreso un informe que incluya una descripción de las organizaciones de medios controladas y financiadas por el Gobierno ruso, y cualquier entidad afiliada, ya sea que opere dentro o fuera de la Federación Rusa, incluida la transmisión y televisión por satélite, radio, Internet y organizaciones de medios impresos.
El experto ruso Iván Timoféyev, del Consejo de asuntos internacionales de Rusia, afirma que en el caso de su país las sanciones son un intento de los legisladores estadounidenses de aplicar presión selectiva y dolorosa sobre la élite rusa y sus fuentes de ingresos, así como a los sectores clave de la economía rusa.
«De hecho, estamos hablando de desestabilizar el sistema político existente, fragmentar la élite política de Rusia y crear las condiciones para un cambio final de poder político en nuestro país» asegura Timoféyev, y agrega que EEUU es el creador más activo de sanciones con 109 de 174 sanciones en su haber, sin contar el paquete ucraniano y otros programas en la década de 2010.
Las sanciones implican vigilancia y espionaje
Aquí vale preguntarse: ¿cómo se determinan las infinitas listas de nombres de personas y empresas de muchísimos países, que publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro OFAC, perteneciente al Departamento del Tesoro de EEUU, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales?
Si bien sus objetivos parecen veraces: seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros; terroristas; narcotraficantes internacionales; involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva «y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de EEUU», es claro que se trata de imponer sus leyes y objetivos más allá de sus fronteras.
En el caso por ejemplo de Cuba, Venezuela, y otros países, la OFAC cuenta con detallados informes que se renuevan periódicamente para seguir castigando y asediando a esos países.
Muchas sanciones a las que somete EEUU a Cuba han sobrepasado toda frontera de la moral, ya no se puede llamar simplemente bloqueo, sino tormento al que se somete al pueblo cubano, al prohibir el ingreso de medicinas, energéticos, alimentos y como lo dijo el presidente cubano Díaz Canel «el bloqueo a Cuba es una despiadada y brutal violación de los derechos humanos del pueblo cubano».
Al observar la colosal información de la OFAC sobre ciudadanos y empresas de todo el mundo, uno puede imaginar la cantidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos que requiere y utiliza.
Es pues claro, que todos los mecanismos de espionaje norteamericanos están en permanente alerta y trabajando a sol y sombra para poder vigilar todos los movimientos de los países bajo sanciones y a los futuros posibles.
Peor incluso cuando un país es sancionado es aún mayor la actividad de vigilancia que se ejerce sobre él, sus ciudadanos y empresas, porque cada cierto periodo debe renovarse, ampliarse o levantarse las sanciones, en dependencia del comportamiento del país frente a EEUU.
En los hechos, las sanciones hoy en día son, si no el mayor, uno de los más poderosos instrumentos de presión en manos de países poderosos, en especial EEUU y la Unión Europea, con el objetivo de imponer su voluntad sobre otros países.
Las invasiones militares son un instrumento ampliamente utilizado por las potencias, pero este mecanismo de sanciones, que es cada vez más sofisticado, daña y mata como las bombas. No buscan diálogo, y mucho menos convivencia pacífica. Buscan erosionar sociedades y doblegar voluntades políticas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
*Ostentó el cargo de vicecanciller de Bolivia (2017). También ejerció como embajadora de Bolivia en España (2016-2017), embajadora en Rusia (2009-2015) y viceministra de Relaciones Económicas de Bolivia (2006-2007). Columnista de Sputnik.
