En Argentina la fuga de capitales es un deporte nacional: una y otra vez se repiten las crisis de la deuda externa, salidas de miles de millones de dólares y comisiones que investigan lo que ingresó como deuda y se fue.
Por *Alfredo Zaiat
Desde los años ochenta, cuando en América Latina irrumpió la crisis de la deuda externa, la Argentina ya tuvo cuatro episodios críticos: en 1982, con la Guerra de Malvinas; en la primera mitad de los noventa con el Plan Brady; en el 2002 con el default y posterior reestructuración de 2005, y ahora con la deuda tomada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Cada una de esas crisis implicó, primero, el ingreso de los dólares para alimentar un frenesí especulativo, para luego financiar una fuga de capitales fabulosa.
Y en cada uno de esos momentos dramáticos de la economía se constituyeron comisiones investigadoras para determinar qué pasó con los miles de dólares de la deuda.
Esta última vez, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019, el aumento neto de la deuda pública en moneda extranjera fue de 103.808 millones de dólares y la fuga de capitales alcanzó a 93.667 millones de dólares, según el informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
La investigación precisa que durante esos años predominó el mismo patrón de acumulación que rigió desde el comienzo de la dictadura militar en 1976 y el estallido de 2001. La diferencia es que durante la gestión de Macri y de Cambiemos, la fracción de capital hegemónica —la que controla el Estado y construye la legitimidad de sus políticas— no fue la conducida por los grupos económicos locales sino por el capital financiero internacional.
El rasgo sobresaliente de este nuevo ciclo de endeudamiento público fue que no sirvió para incrementar el nivel de actividad económica, sino para financiar la fuga de capitales.
En el mensaje en la Asamblea Legislativa inaugurando el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que el país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos merecieron.
Esos dólares que debían haber servido para financiar el desarrollo productivo fueron el alimento para una impresionante burbuja especulativa, para terminaron en fuga de capitales.
Alberto Fernández entregó tres afirmaciones contundentes en el discurso:
- «Nunca más a un endeudamiento insostenible».
- «Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo».
- «Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso».
Fernández recibió una situación económica sumamente delicada que lo obliga a balancear entre las expectativas sociales por avanzar en las abultadas demandas insatisfechas, las contradicciones internas que expresa la coalición de Gobierno y las restricciones económicas que le impone la pesada herencia de la fallida experiencia de Cambiemos.
Entre los desafíos de corto plazo se encuentran la necesidad de ponerle fin a la especulación financiera, reduciendo la tasa de interés de referencia del Banco Central, que ya bajó del 63% al 40%, así como avanzar en el arduo proceso de renegociación de la deuda para distender la «brecha externa». O sea, la disponibilidad de dólares.
Una investigación más en curso
Como la cuestión de la deuda y la fuga es una de las características de la economía argentina y, por lo tanto, de sus crisis recurrentes, las investigaciones judiciales y comisiones oficiales para identificar quienes se beneficiaron ha sido varias desde la recuperación democrática en 1983:
- Causa Olmos
Una de las más relevantes es la que se conoce como Causa Olmos.
El 13 de julio de 2000, el juez federal Jorge Ballesteros comprobó la comisión de más de 477 actos fraudulentos e ilícitos en la contratación de la deuda externa durante la dictadura militar entre 1976 y 1982.
En la causa «Olmos Alejandro s/ Denuncia», iniciada en octubre de 1982 y cerrada en 2000, se reúnen decenas de investigaciones, informes periciales, recortes de diarios, declaraciones de exfuncionarios, datos que durante dieciocho años fueron recopilándose y que revelaron los mecanismos utilizados para hundir la economía del país.
La investigación judicial, que contó con numerosos peritos de organismos oficiales y privados, locales y extranjeros, comprometió seriamente a las autoridades civiles y militares de entonces, entre ellas, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein (h), y a los distintos presidentes del Banco Central.
Estos personajes fueron los responsables políticos, pero los beneficiarios fueron los principales grupos económicos locales, que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio.
La operatoria de endeudamiento se valió principalmente de tres pilares: la reforma financiera y la pauta cambiaria (devaluación progresiva del peso); la apertura económica y la desindustrialización; y el desmantelamiento estatal y la represión de la resistencia.
- Corralito
Otro caso resonante fue el provocado por la fuga en los meses previos al denominado ‘corralito’ en 2001-2002, cuando durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, el ministro de Economía Domingo Cavallo impuso restricciones que impedían a los ahorristas retirar su dinero de los bancos.
Después de esa crisis, se creó una comisión especial investigadora de la Fuga de Divisas creada en la Cámara de Diputados de la Nación durante el 2002.
Parte del dictamen fue publicado en el libro «Fuga de Divisas en la Argentina. Informe Final Comisión Especial de la Cámara de Diputados 2001», de la editorial Siglo Veintiuno en un trabajo con FLACSO.
El estudio, realizado entre febrero de 2002 y octubre de 2003, es una investigación sumamente rigurosa y documentada de las operaciones realizadas durante el crucial año 2001 por un total de 87 entidades financieras que implicaron la salida de divisas desde la economía argentina (no se incluyen las vinculadas con el comercio exterior).
Las salidas de divisas fueron por un total de 29.913 millones de dólares, que representan aproximadamente 65% de las divisas fugadas a lo largo del último año de vigencia del régimen de Convertibilidad, el régimen cambiario que imperó entre 1991 y 2001, mediante el cual el valor del peso equivalía al de un dólar estadounidense.
Del total de divisas que fugaron en 2001, 26.128 millones de dólares (87%) correspondieron a empresas, mientras que los 3.785 restantes (13%) a personas físicas.
El grueso de las operaciones de transferencias al exterior realizadas por residentes locales se canalizó a través de unos pocos bancos de la plaza financiera doméstica (entre los que se destacan el Banco Galicia y el Citibank) y se dirigió hacia a EEUU y Uruguay.
- HSBC y buitres
Otras dos comisiones de investigaciones se crearon en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Una fue la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, promovida por el fallo favorable a los fondos buitres emitido por el juez estadounidense Thomas Griesa en 2015.
La otra fue impulsada a fines de marzo de 2015: la «Comisión Bicameral Especial Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Destinados A Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País».
Tenía como objetivo investigar el esquema que habría facilitado la fuga de capitales y la evasión impositiva a través de una filial del Banco HSBC en la ciudad suiza de Ginebra.
En esa sucursal estaban los registros de 4.040 cuentas no declaradas de argentinos por un monto total de 3.500 millones de dólares.
La comisión tenía por objetivo «investigar las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, por agentes económicos que tributan por actividades en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su existencia con la finalidad de promover la evasión de impuestos y la salida de los capitales».
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Correlación
El problema no es sólo la magnitud de la salida de dinero al exterior y su impacto en la economía doméstica. Al fin de cuentas, la salida de capitales del sistema financiero no es ilegal.
La cuestión de fondo es que ni el Estado, ni el Banco Central, ni los bancos aplican adecuadamente los controles sobre esos capitales que se van del país.
Cada una de esas investigaciones revela el estrecho grado de correlación entre la fuga de capitales y el capital concentrado. Lo más probable es que igual conclusión se alcance con el estudio que el Banco Central está realizando con la deuda y fuga de capitales durante los años del Gobierno de Mauricio Macri.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
*Periodista, escritor y economista, jefe de la sección de Economía y del suplemento Cash de Página 12 desde 1997. Columnista de la Agencia de Noticias Sputnik. Conduce desde hace 18 años el programa radial ‘Cheque en blanco’. Ganador del premio ETER en varias oportunidades. Integra el cuerpo docente del Programa Amartya Sen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Publicó los libros ‘¿Economistas o astrólogos?’, ‘Historia de la economía argentina del siglo XX’ junto a Mario Rapoport, ‘Economía a contramano’, ‘Amenazados. El miedo en la economía’ y ‘Macrisis. Otro fracaso del neoliberalismo en Argentina’.
