SANTIAGO – Gobierno insiste en beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad. La denuncia de agrupaciones de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos.
Por Patricia Ryan
En estas semanas están instaladas tensiones e incertidumbres respecto a la situación de derechos humanos en el país. Paradójica y dramáticamente, la pandemia del coronavirus le abrió una puerta -o una ventana- a los ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, a sus abogados, a parlamentarios de la derecha, al Ministerio de Justicia y al Presidente Sebastián Piñera, para intentar obtener -u obtener- beneficios carcelarios e indultos. Al punto que la subsecretaria de la cartera, a cargo precisamente de Derechos Humanos (DDHH), dijo que los tratados internacionales sí permiten indultar a ex militares y ex carabineros condenados.
Eso, cuando se producían situaciones como el fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que aplicó prescripciones, absoluciones y rebajas de penas a 17 represores condenados por 17 casos de desaparición, ejecución y torturas. En ese marco, los senadores de derecha interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar declarar inconstitucional la ley de indulto para presos por delitos comunes (adultos mayores, mujeres embarazadas, madres de niños hasta de dos años) porque no se incluyó a los violadores de derechos humanos. Y en estas semanas se llevaron a cabo operaciones políticas, legislativas, comunicacionales y judiciales para avanzar en el indulto a detenidos en Punta Peuco y Colina 1. La ofensiva a favor de los represores incluye el proyecto de “ley humanitaria” que impulsa el gobierno para beneficiarlos y permitir que muchos de ellos partan a sus casas a cumplir las condenas.
Desde el gobierno se estableció que en estas semanas podrían ser indultados seis represores que están presos en Punta Peuco. Para un abogado de los detenidos, una cifra insuficiente. Y es que desde la esfera de la “familia militar”, sobre todo de quienes estuvieron muy ligados a la dictadura, se espera que el indulto beneficie al menos a una veintena de condenados.
Lo que acentúa este delicado escenario, es que el gobierno, y particularmente Piñera, aprovecha todo el clima creado por la pandemia para victimizar y establecer situaciones que vayan en beneficio de los ex militares y ex carabineros procesados y condenados.
Lo anterior, pese a que informes oficiales y de prensa dan cuenta de que, por ejemplo, en Punta Peuco hay condiciones de aislamiento en casos de contagios del Covid-19, se puede mantener el “aislamiento social” de los presos, tienen buenas condiciones sanitarias y, por último, todos ellos son atendidos en los hospitales del Ejército, Carabineros y Fuerza Aérea. Son, en realidad, unos privilegiados en comparación a los ciudadanos que, sin haber cometido ningún delito, sufren para ser atendidos en centros de salud.
Retener a jóvenes
En el plano de las contradicciones, las autoridades, sobre todo el Ministerio de Justicia (al mando del ex amigo de Colonia Dignidad y destacado militante de la Unión Demócrata Independiente, el abogado Hernán Larraín), continúan negando el cambiar el estado de más de dos mil jóvenes detenidos durante el estallido social y que permanecen en prisión preventiva, sin condena alguna, por arresto domiciliario o firma mensual. La presión de familiares, organizaciones de la sociedad civil, legisladores, logró la excarcelación de algunos de ellos.
Se esgrime como argumento no sólo que eran estudiantes o trabajadores o pobladores no procesados ni condenados, sino que su salida ayudaría a descomprimir los centros de detención donde hay hacinamiento, contagios, malas condiciones sanitarias.
Por cierto, en estas semanas continuaron denuncias de acciones represivas y toma de detenidos de manera arbitraria, en manifestaciones de pobladores en comunas como Peñalolén, Cerro Navia, Pudahuel, Temuco, entre otras. Casi todas por protestas ante las nulas respuestas del gobierno a urgencias de la población y repudio a autoridades locales y nacionales.
Carabineros impunes
En todo este panorama, entre estupor e indignación provocó la conclusión de Carabineros respecto a Gustavo Gatica, el joven estudiante que perdió sus dos ojos por el lanzamiento de balines de parte de personal de la policía uniformada. Que sus lesiones pudieran haber sido provocadas por “manifestantes” y que el general director se enteró “por la prensa” del caso del muchacho, sin tener antecedentes en su institución. Un camino de desentenderse de cualquier responsabilidad -que ha sido la tónica de Carabineros por unos 400 lesionados oculares y alrededor de dos mil heridos en manifestaciones- y tratar de establecer la impunidad en las violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados.
Luego vino el reportaje de Canal 13 en que se reitera que todo apunta a carabineros que dispararon los balines en la Plaza de la Dignidad, lesionando gravemente a Gustavo Gatica. Los abogados y familiares insistieron en pruebas y antecedentes que establecen la responsabilidad de la policía uniformada, al punto que todo esto llevó a que la institución uniformada se viera en la obligación de plantear que reabriría un sumario. El Ministro del Interior siguió con declaraciones ambigüas y se negó a ordenar con precisión a Carabineros respecto a que concluya de una vez con una real y efectiva investigación.
En medio de la pandemia algunos parecen haber olvidado, por cierto, los casos de la trabajadora Fabiola Campillai, quien también perdió sus ojos al recibir el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por funcionarios policiales, y del trabajador Alex Núñez, muerto a causa de una golpiza propinada por Carabineros. Son, eso sí, muchos casos más del actuar de la policía uniformada que siguen sin ser aclarados y sin carabineros procesados.
Alejandra Arriaza, abogada de Fabiola Campillai, dijo en Radio Cooperativa que las declaraciones de los carabineros “demuestran una vez más que la institución no tiene ningún interés en colaborar y esclarecer la verdad de los hechos. Sus declaraciones son contradictorias, omiten información. Afortunadamente, dentro del proceso, hay otros medios de prueba que nos permiten establecer cómo se dieron los hechos”.
Así, suman y siguen las amenazas y situaciones graves en materia de derechos humanos en el país, ámbito en que persisten los cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales.
La denuncia de AFDD y AFEP
Según informó Radio Nuevo Mundo, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados Políticos a nivel nacional rechazaron en forma categórica, los nuevos intentos del gobierno por dejar libres a criminales de lesa humanidad, apelando de manera oportunista al contexto de Coronavirus.
Se indicó que ambas agrupaciones denunciaron la concomitancia de sectores negacionistas enquistados en el poder, y que se suman al fallo de la Corte de Apelaciones, quienes el pasado viernes dejaron en libertad a los asesinos de 17 víctimas de la dictadura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la indecencia de la derecha al buscar un rédito político en medio de una crisis tan dramática para el país.
Añadió que la actitud de Sebastián Piñera responde a su compromiso con la mal llamada familia militar a cambio de votos durante su campaña presidencial.
En el reporte de Radio Nuevo Mundo se dijo que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró que pese a esta nueva arremetida, el Tribunal Constitucional haya rechazado el requerimiento de la derecha para liberar a los criminales de la Dictadura.
Alicia Lira afirmó que el debate jurídico realizado al interior del TC vino a constatar la improcedencia de estos indultos, considerando que están en una situación privilegiada en comparación a los presos comunes.
Ante este afán de impunidad, ambas agrupaciones exigieron la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien sindican como cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y protector de su fundador, Paul Schaefer.
