SANTIAGO – De acuerdo a un informe de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) sobre el período enero-abril en términos de procesos de liquidación o quiebras de empresas estos trámites aumentaron un 11,5%. En total, han sido 564 las solicitudes relacionadas a estos dos aspectos, los cuales se distribuyen con un 48,6% en la Región Metropolitana y un 51,4% al resto del país. Mientras tanto, en el caso del procedimiento de reorganización se experimentó una caída de un 11,1% al comparar el mismo periodo en 2019.
En este contexto, cabe destacar que el Ministerio de Economía se encuentra evaluando reformar la actual normativa ante la situación de insolvencia en que caerán y están cayendo miles de emprendedores, y pymes en nuestro país producto del Coronavirus. Recientemente, el titular de la cartera, Lucas Palacios, y el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, se reunieron con el diputado RN, Eduardo Durán, para conocer la iniciativa que el parlamentario ingresó al Congreso el pasado 27 de marzo. A continuación, expertos comentan los detalles del proyecto que busca ayudar a los emprendimientos y comparten algunas sugerencias al respecto.
El abogado Coordinador de Red ExpertosenDeudas.cl, Benjamín Jordán, comentó que “los beneficios directos del proyecto son: reduce el monto por el cual se puede acceder a la ley 20.720 permitiendo que gente de menores deudas y presumiblemente menores ingresos puedan solucionar su situación de endeudamiento de manera definitiva; en segundo lugar, entrega mayor certeza sobre los requisitos de acceso limitando la discrecionalidad judicial; y, por último, protege a las personas que se acogen a la ley para que no pueda existir ningún tipo de discriminación luego de haberse terminado el procedimiento de liquidación”.
“En este sentido todo hace ver que es un proyecto de ley que apunta de una forma técnica a dar soluciones prácticas para que las personas puedan partir de cero, especialmente, los emprendedores que han tenido meses complejos desde el estallido social y ahora más con la pandemia que nos aqueja”, concluyó el experto.
Por otra parte, el socio director de Eguiguren Abogados y ex fiscalizador de la Superir, Pedro Eguiguren, manifestó que le parece positivo la propuesta para mejorar la legislación que regula las quiebras, ya que permitirá mayor accesibilidad para acogerse a la Ley 20.720. “De todas formas, se puede perfeccionar aún más yendo al fondo del asunto para que estos procedimientos sean más rápidos. Por ejemplo, que los tribunales de justicia no rechacen la liquidación por un criterio arbitrario cuando las personas están en un estado de insolvencia”, afirmó el jurista.
Los pilares del proyecto son:
- Modificación de los requisitos de admisibilidad del procedimiento como, por ejemplo: relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales.
- Reducción del monto para declararse en quiebra, ya que actualmente no se condice con la realidad del país. Cambiar el monto de 80 UF (casi $2,3 millones) a tres sueldos mínimos mensuales líquidos (cerca de $760 mil) para evitar la discriminación que hoy se produce con las personas con menos recursos, considerando que más de la mitad de los trabajadores vive con $400 mil al mes.
- Prohibición expresa de todo tipo de discriminación arbitraria. Con esto se busca evitar todo tipo de discriminación financiera a quien se ha acogido a la ley, especialmente, luego de dictada la resolución de término, no siendo ni pudiendo ser una vía de justificación de ningún tipo de trato menos favorable.
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