En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 y pese a las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social de octubre a marzo, Carabineros desembolsó más de 15 millones de dólares en la compra y reparación de vehículos blindados antidisturbios.
Las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros en las protestas masivas del estallido social de cinco meses no importaron. Tampoco importaron los llamados de distintos sectores de la sociedad para la urgente modernización de la Policía chilena.
A contramano, el Gobierno de Chile apostó al desembolso de más de 15 millones de dólares destinados a reforzar la flota de vehículos antidisturbios de Carabineros. Una decisión emanada en diciembre de 2019 desde la Subsecretaria del Interior, encabezada a la fecha por el actual asesor presidencial, Rodrigo Ubilla.
No solo el gasto se hace en medio de una obligada tregua de las movilizaciones ciudadanas, producto de la propagación del coronavirus, cuando las protestas se han interrumpido. El gasto exhorbitante contrasta con los dichos del mismo Gobierno sobre la responsabilidad que se debe tener con la billetera fiscal, sobre todo para enfrentar la crisis.
«Estos gastos millonarios del Gobierno muestran que su prioridad es prepararse para reprimir la protesta ciudadana. También denota su diagnóstico de que el ciclo movilizador no está cerrado, sino únicamente en un paréntesis», señala Miguel Urrutia, doctor en Sociología y académico de la Universidad de Chile.
¿Cuál fue la inversión antiprotesta?
Entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2020, como lo dio a conocer el diario digital Interferencia, Carabineros de Chile gastó 8 millones de dólares aproximadamente en vehículos destinados al control del orden público, a través de tres compras sucesivas de vehículos antidisturbios y carros lanza aguas, lo que equivale a la compra de 139 ventiladores.
Según detalla el medio Infodefensa, 11 carros lanza gases fueron adquiridos este año y corresponden a vehículos de origen israelí, marca Plasan, modelo Sandcat, utilizados en batallas por Israel, por SWAT de Estados Unidos, así como por armadas de México y Colombia en el combate contra el narcotráfico. Estos blindados arribaron a Chile el 1 de marzo y fueron asignados a la prefectura de Control de Orden Público (COP) o ex Fuerzas Especiales. Su estreno fue para el Día de la Mujer como parte del anillo de seguridad dispuesto en el palacio presidencial de La Moneda.
🔴🇨🇱Llegan a Chile los nuevos refuerzos de carabineros para resguardar el orden público
Desde Carabineros y el Ministerio del Interior ya se encuentran afinando la estrategia para enfrentar el mes de marzo que llegó, en que se espera que resurjan las protestas masivas … pic.twitter.com/Pdq6sbjSg8
— APRA ARAUCANíA (@aprachile) March 1, 2020
Respecto a los carros lanza aguas, 12 de marzo la institución policial confirmó la llegada desde Turquía de dos camiones blindados modelo Edjer (Dragón) Toma 4×4 de la empresa Nurol Makina, los que se incorporaron al COP de la Región Metropolitana. El camión blindado 4×4 posee un chasis militar y se utilizó en la conmemoración del día del Joven Combatiente, que recuerda la muerte de los hermanos Vergara Toledo, un 29 de marzo de 1985 en manos de Carabineros.
A estas adquisiciones realizadas este año 2020, se deben sumar las hechas los últimos días de diciembre que contemplaron 2 millones de dólares para la compra de los nuevos carros lanza gases y más de 3 millones de dólares en otros vehículos, y los que se han comprado después de esa fecha, según detalla Diario y Radio Universidad de Chile.
Al revisar las cifras y el material adquirido, Miguel Urrutia considera que es «natural y esperable que un gobierno impugnado en tono destituyente por mayorías, aproveche cualquier circunstancia para mejorar su posición».
Para el sociólogo, la pandemia ha sido afrontada por el gobierno «en clara clave de autoelogio», no solo por las medidas sanitarias adoptadas, sino fundamentalmente, por una supuesta guerra que ha debido librar en las dos fases sucesivas «la de la protesta destituyente y de la pandemia».
«Esta pretensión de continuidad condena al fracaso la política sanitaria, la que se ve exigida como nunca antes, al basarse en criterios de protección pública».
Reparación de vehículos tácticos
Además de las compras de vehículos nuevos destinados a control del orden público y la disolución de las protestas ciudadanas, la policía uniformada de Carabineros gastó poco más de 2,3 millones de dólares en mantenimiento y reparación de la flota de vehículos tácticos de la institución. Los gastos están contemplados en el plan de dotar de nuevo equipamiento y recuperar parte de los dañados en las manifestaciones sociales, diseñado por el ex subsecretario del interior Rodrigo Ubilla, pero que se implementan en plena crisis sanitaria.
Un contrato celebrado, el 21 de noviembre de 2019, con la empresa autónoma del Estado Fábricas y Maestranza del Ejército de Chile (Famae), y que contemplaba la suma de 1,8 millones de dólares aproximadamente. Diez semanas después, el 3 de febrero de 2020, fue emitida la orden de compra correspondiente a dicho contrato, el que tenía por objetivo reparar y hacer el mantenimiento de vehículos de la institución, entre carros lanza aguas y lanza gases dañados durante el estallido social.
Transcurrido solo dos meses, el 6 de abril, en plena crisis sanitaria fue enviada a Famae una nueva orden de compra por parte de la Dirección de Logística de Carabineros y que involucra el pago de otros 540.000 dólares. Esta orden estaba relacionada, como lo detalla Interferencia, con una ampliación del contrato previo (por los 1,8 millones de dólares), y está firmada con fecha del 30 de marzo de este año, por el general Jean Camus Dávila, director de Logística de Carabineros y Eduardo Estrada Romero, director de Famae y general de brigada del Ejército de Chile.
La justificación de este monto adicional consta en el anexo de contrato y se refiere a «nuevas posibles fallas que presente el parque vehicular en reparación al ser puesto en operatividad producto de la dinámica relativa a los hechos de violencia que latamente son motivo de la presente justificación».
Llama la atención que se usen estos argumentos, ya que la ampliación fue suscrita el 30 de marzo, fecha en la cual ya habían comenzado las medidas de control sanitario y aislamiento social, que no permitían reuniones de más de 50 personas y cuando se habían apaciguado las manifestaciones sociales debido a la pandemia, y donde además las decisiones del Estado perecían apuntar principalmente a enfrentar la emergencia de salud.
«Ante catástrofes naturales (recurrentes en Chile) la base de la sociedad tiende a suspender sus antagonismos de forma generosa. Pero no ha ocurrido lo mismo con las élites que defienden el modelo neoliberal chileno», explica Urrutia. Para el sociólogo ha sucedido todo lo contrario, estas élites han aprovechado de la catástrofe para realizar actos como el ornato de la Plaza de la Dignidad, lo que solo puede explicarse según él como «una estrategia de provocación que busca enardecer a la ciudadanía crítica para luego justificar su represión y la dilapidación de recursos millonarios que esta implica. Se juega así con la doble indignación de un pueblo por demás urgentemente necesitado de recursos públicos para afrontar la cuarentena».
Para Urrutia, no revocar las órdenes de compra del llamado Plan Ubilla «constituye la prueba fehaciente de que la mezquindad y el oportunismo político, nefastos para afrontar la pandemia, son un sello político del actual gobierno chileno».
Y agrega, «en este marco también se comprende que cuestiones como el lenguaje belicista continuado por el ministro de Salud, la foto de Piñera en la Plaza de la Dignidad, el nombramiento de una ministra pinochetista y la desconexión de la política sanitaria respecto de la ciudadanía, no son meros deslices, sino provocaciones calculadas cuyas consecuencias el gobierno espera afrontar con el material de guerra anti manifestaciones ciudadanas que no ha parado de comprar».
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
