VALPARAÍSO – Un proyecto de ley destinado a suspender los despidos en la salud privada mientras dure la pandemia del COVID-19 presentó el senador y ex candidato presidencial Alejandro Guillier. La iniciativa legal está fundamentada en la solicitud de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y afines (FENASSAP) y fue declarada admisible por la sala del Senado.
El proyecto de ley establece que «se suspende el derecho del empleador de poner término a los contratos de trabajo por las causales del numeral 6º del Artículo 159 y 161 del Código del Trabajo, respecto de aquellos trabajadores que mantengan una relación laboral vigente, al momento de dictarse la presente ley, con cualquier institución privada de salud».
Según el texto del proyecto, la FENASSAP y otras organizaciones han denunciado en las últimas semanas que las Clínicas Privadas que han optado por acogerse innecesariamente a la «ley de protección del empleo», dejando sin ingresos a más de mil trabajadores, obligando a mantenerse en labores a trabajadores con enfermedades crónicas y trabajadoras con fuero maternal. Estos hechos, además de vulnerar los derechos de los trabajadores, constituye una irresponsabilidad de los prestadores privados frente a la ciudadanía que requiere más que nunca un sistema de salud en plenitud de sus capacidades. La actitud de la Clínicas privadas pone en riesgo la capacidad de atención del sistema sanitario chileno en su conjunto, especialmente crítico bajo las condiciones actuales debido a la pandemia por COVID-19.
El senador Guillier manifestó que «los dueños de las clínicas privadas no han entendido que es hora de suspender el negocio por algunas semanas y priorizar la salud de los chilenos. El ministro Mañalich los está obligando por decreto a reconvertir camas y creo que desde el Congreso debemos obligarlos a no dejar gente sin trabajo, sobre todo cuando necesitamos a los servicios de salud trabajando a plena capacidad, no a prescindir del personal».
Por su parte, la presidenta de la FENASSAP, Gloria Flores, valoró la presentación del proyecto de ley argumentando que «espero que la Comisión de Trabajo del Senado nos pueda escuchar a la brevedad. En abril y mayo las clínicas privadas ya han despedido a más de mil funcionarios, dejando a otro tanto con contratos suspendidos. El costo de esta acción lo pagaremos todos los chilenos y chilenas, porque se está produciendo el debilitamiento del sistema integrado de salud.»
