Durante las últimas semanas se ha venido generando un debate en nuestro país sobre la conveniencia de que el Estado implemente algún mecanismo de ayuda a las grandes empresas consideradas “estratégicas” para nuestra economía. La discusión surge a partir del caso Latam, empresa que con un guión bien diseñado, fue la primera al inicio de la Pandemia en pedir “ayuda” al Estado, para luego anunciar el despido de 1.400 trabajadores y someterse a un proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Ahora, más allá del debate si una empresa como Latam debe considerarse una empresa “nacional estratégica”, llama la atención la ausencia de toda consideración sobre los trabajadores y trabajadoras a la hora de poner condiciones para el “salvataje”.
Es innegable que una gran empresa, que a la vez se ha de considerar como estratégica para una economía nacional, no llegó a esa posición solamente por la visión y aporte de capital de sus controladores, sino que logra tal reconocimiento precisamente por la tarea de los miles y miles de trabajadoras y trabajadores que entregan su esfuerzo físico y mental para alcanzar los objetivos de la misma. De allí que, a la hora de considerar medidas como las discutidas durante estas ultimas semanas, los Estados que han generado este tipo de mecanismos, independiente de la formula, hayan establecido condiciones esenciales vinculadas a la protección y promoción del empleo a la hora de entregar financiamiento público. EEUU, por ejemplo, exigió a las aerolíneas evitar despidos, obligando a mantener la plantilla y descartar recortes salariales por un determinado tiempo.
Sin embargo, en su reciente presentación a la comisión de Hacienda del Senado, el ministro Ignacio Briones no consideró ninguna condición relacionada con la obligación de mantener el trabajo de quienes prestan actualmente sus funciones o de generar un plan de empleabilidad futura que ayude a absorber mano de obra de una economía que saldrá fuertemente golpeada de la crisis. Menos, se ha concebido la exigencia de que los trabajadores y trabajadoras, a través de sus representantes, ocupen posiciones al interior de estas empresas con el fin de controlar el buen uso de los dineros públicos entregados, como ocurre en muchos países de la OCDE.
Cabe recordar, en este sentido, que un mecanismo de ayuda o intervención de empresas estratégicas como el que se esta discutiendo, independiente de la formula que finalmente se implemente, implicará dejar de lado el principio de subsidiariedad y libertad de empresa establecidos en la actual Constitución Política, que de forma tan vehemente suelen defender los controladores de estas empresas, por lo que no se ve razón para que el Estado legítimamente establezca todas las condiciones que considere razonables y eficaces para cautelar, no solo la correcta utilización de los recursos públicos, sino que además, la realización de otros valores y derechos en el marco de su finalidad de promoción del bien común. En este caso, el derecho al trabajo de aquellos que han participado en el crecimiento de tales empresas.
LA OPINIÓN DE LOS AUTORES NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Pablo Zenteno – Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Con Magister en Derecho Privado. Ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social, cumpliendo funciones de asesor. Ex Secretario Regional del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la Región de Atacama. Asesor Legislativo de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT).
Por Josué Vega – Abogado, asesor de la secretaría General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Integrante del equipo del Programa Diálogo Social y Tripartismo de la Fundación Instituto Estudios Laborales (FIEL).
