Hace uno días, el Presidente de la República llamó a los distintos sectores políticos con representación parlamentaria a un “Acuerdo Nacional”. Seguramente, los lamentables resultados de la fracasada estrategia sanitaria y el temor de un estallido social 2.0 en plena cuarentena, lo motivaron a buscar aliados. Cabe recordar que, desde el comienzo de la Pandemia el Gobierno a hecho oídos sordos a las propuestas socio-sanitarias de gran parte de la oposición y de los actores sociales, como la Central Unitaria de Trabajadores, que oportunamente el 17 de marzo presentó su Plan Nacional de Emergencia, bajo el principio de que la crisis no la paguen los trabajadores. Por ello, cabe la pregunta sobre la real intención de este acuerdo, la legitimidad del mismo y sus alcances en el tiempo.
Lo primero, porque existen fundados temores que sólo se trate de una nueva maniobra de oxigenación de su cuestionado liderazgo presidencial, sin real voluntad de enmendar el rumbo. Los discursos de autoridades de Gobierno llamando a no exigir pisos mínimos y acotar los espacios a la política fiscal en el futuro “acuerdo”, generan dudas sobre lo que el Presidente esta realmente disponible a poner sobre la mesa para enfrentar la grave crisis que nos aqueja. Acuerdo, pero bajo mis unilaterales condiciones parece ser su derrotero.
Lo segundo, porque es altamente improbable que un “Acuerdo Nacional” solamente con las cúpulas de algunos partidos de oposición logre la suficiente legitimidad como para dar seguridad y confianza al Pueblo de Chile, tal como ocurrió con el acuerdo parlamentario por el proceso constituyente. Un acuerdo “por arriba”, que no considere a los actores sociales, a los trabajadores, etc., será nuevamente percibido como lo que es: Un nuevo acuerdo de las elites a la usanza de los pactos de impunidad con la dictadura, o los suscritos exclusivamente con la elite empresarial durante la transición. En jerga política, un acuerdo que nacerá cojo.
Lo tercero, es el alcance que tendrá en el tiempo un acuerdo como este, habida consideración del horizonte político mediato que se nos asoma. En efecto, los millones de chilenos y chilenas que abrieron el proceso constituyente a partir del 18 de octubre de 2019 (18-O), tienen una gran oportunidad transformadora que se abre a partir de este proceso. Por razones de sanidad el plebiscito de entrada debió ser postergado, pero su realización, terminada la crisis sanitaria, es indiscutible.
Si bien el Gobierno busca un “Acuerdo Nacional acotado” para enfrentar la crisis sanitaria y social urgente, no es posible para las fuerzas progresistas del país que se desconecte este proceso con el de más largo aliento que significa el cambio a la Constitución. Desligarlos y aceptar que los mecanismos económicos y sociales de emergencia vayan únicamente en línea con la política neoliberal que inspira las soluciones que se han dado desde el gobierno, sería hipotecar la capacidad transformadora del proceso constituyente, pues los impactos de la crisis sanitaria serán de mas largo aliento.
Las políticas públicas de ayuda a los chilenos y chilenas no pueden ser secuestradas y condicionadas por los mismos de siempre, aquellos que nos robaron la alegría ante la derrota de la dictadura. Por eso, el Nuevo Pacto, el verdadero Pacto, hoy y mañana, debe proponerse recuperar el valor de lo público y lo colectivo, debe poner en el centro el valor del trabajo como derecho humano fundamental y a la seguridad social como pilar estructurante de la dignidad humana. El Estado debe garantizar que los millones de trabajadores y trabajadoras afectados por la crisis puedan seguir viviendo dignamente hoy y mañana. Un Nuevo Pacto que avance en superar la desigualdad que se ha hecho un lugar común y que nos esta mostrando su rostro mas cruel con la crisis actual y que establezca nuevas bases para la distribución de la riqueza que producen millones de trabajadores y trabajadoras. Y para esa construcción, es crucial el rol de quien representa al trabajo, el sindicato, ya que en Democracia esa es la “representación general y la trascendencia del sindicato que desde su autonomía diseña un proyecto de sociedad”, como define Antonio Baylos.
Esta crisis ha mostrado el fracaso del modelo económico e ideológico de los últimos 30 años. No es cierto que el virus afecta a todos por igual. Nos encontramos sólo en la misma tormenta, pero en embarcaciones completamente diferentes. Sin embargo, la pandemia también ha puesto nuevamente en su lugar al trabajo humano y más específicamente al trabajo humano esencial. Este, es muchas veces desarrollado en precarias condiciones y es el que hoy, a través de millones de trabajadores y trabajadoras, aseguran la atención de la salud, la cadena de producción y distribución de alimentos, los servicios básicos y de salubridad pública. Hablamos del trabajo de las cajeras y cajeros de supermercados, el recolector de residuos domiciliarios, el conductor de micros y camiones, el trabajador agrícola, el trabajador de la salud y el trabajador público, todos que antes de la pandemia yacían olvidados, postergados, ninguneados y precarizados por la lógica neoliberal. Es momento que los aplausos se conviertan en justicia social.
Así las cosas, para aquellos que creemos en un Chile Nuevo, es imprescindible situar en el horizonte del llamado presidencial un Nuevo y verdadero Pacto que nos permita avanzar hacía un real Estado Social y Democrático de derechos, que logre romper con la antidemocrática globalización imperante, para dar paso a una nueva globalización que respete la soberanía y autodeterminación, que se exprese en relaciones democráticas entre los pueblos. Sin embargo, como lo sostuvimos antes, la real intención del “Acuerdo Nacional” propuesto por el Gobierno, la legitimidad del mismo y sus alcances en el tiempo, nos hacen creer que este nuevo Pacto no será posible de construir con aquellos que insisten en la continuidad del modelo vigente, con medidas que profundizan la pobreza y la desigualdad, siendo crucial edificarlo, por el contrario, con las grandes mayorías que hicieron posible, a partir del 18 de octubre, abrir la puerta hacia UN VERDADERO PACTO POR UN NUEVO CHILE.
LA OPINIÓN DE LOS AUTORES NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Pablo Zenteno Muñoz – Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Con Magister en Derecho Privado. Ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social, cumpliendo funciones de asesor. Ex Secretario Regional del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la Región de Atacama. Asesor Legislativo de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT).
Por Luis Villazón León – Abogado, Master en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Bologna-Ucen. Investigador. Investigador Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Colaborador del Programa Diálogo Social y Tripartismo de FIEL.
