El 1 de julio de 2019, Iliass Tahiri perdió la vida. Tenía 18 años, medía 1,78 metros y rondaba los 90 kilos. Su muerte tuvo lugar en el centro de menores Tierra de Oria de Almería. En enero, el fallo se saldó como “muerte violenta accidental”. Una grabación de 13 minutos revelada por el diario El País contradice la sentencia.
Y fuentes recogidas por el diario El País apuntaron que «tras permanecer atado más de media hora», todo indicaba que «el chaval» había muerto «de un infarto». «No presenta signos de violencia. Habrá que esperar el resultado de los análisis toxicológicos», agregaron, «pero estaba agresivo y aplicaron el protocolo de contención».
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Al final, el caso se archivó el pasado mes de enero como «muerte violenta accidental». La familia recurrió. Y esta semana se ha desvelado el vídeo grabado por una cámara de seguridad del centro después de que se hiciera público tras formar parte del secreto de sumario en el juzgado de Purchena, en Almería. Las imágenes dan a entender que el joven no opone resistencia. Desde la asociación Ginso (la mencionada empresa titular) no han prestado declaraciones a petición de Sputnik.
En total son 13 minutos (divididos en dos cortes de seis minutos y medio) que desmontan la versión oficial. Aquella en la que Tahiri mostró resistencia. Se puede ver cómo seis personas (un responsable del centro y cinco guardias de seguridad) introducen al chico ―esposado con las manos en la espalda― en una pequeña habitación, lo colocan boca abajo en una pequeña cama y le atan pies, manos y abdomen. Mientras le mantienen inmovilizado, postrados sobre él, que siempre se encuentra boca abajo. En ningún momento se percibe la mencionada resistencia o las actitudes violentas del joven.
Sí que se contempla a uno de los agentes de seguridad del centro —una vez tumbado el chico boca abajo y maniatado en la cama— coloca su rodilla y le oprime con su peso en alguna zona próxima a la cabeza. Así se mantiene lo que dura la grabación y responde a la aplicación del controvertido «protocolo de contención mecánica».
Después, cuando se van retirando los responsables de seguridad, tratan de comprobar si tiene pulso. Por último, el responsable-tutor del centro llama por teléfono. Presumiblemente a una doctora. La misma que —según los documentos citados por el medio español— comprueba que el joven no respira y ordena que le desaten y que comiencen unas infructuosas técnicas de reanimación en un pasillo.
Cuenta este periódico, además, que el doctor Sánchez Blanque, responsable del informe, «dedica varios folios a la posición del cuerpo de Tahiri y a cómo pudo influir esa postura» en el trágico desenlace. La autopsia refleja un «fracaso cardiorrespiratorio», pero se decanta finalmente por una «arritmia cardíaca» como «causa más probable» de la muerte. Descartando, por tanto, la asfixia. En el protocolo de contención del centro anotan que «con carácter general, la posición del menor en la cama será de decúbito supino (boca arriba), salvo que por prescripción médica u otras circunstancias justifiquen o aconsejen la posición de decúbito prono (boca abajo)».
Una política de actuación que la autoridad encargada desestimó, frente al «posible homicidio» que defendía el abogado de la familia. Ni siquiera se valoró: la juez solo entró a analizar si se había actuado de acuerdo a él. A pesar de que Ginso tenía antecedentes en la justicia: acarrea denuncias, incidentes y más de una muerte tras la aplicación de este tipo de medidas.
En 2011, por ejemplo, murió otro chico en un centro suyo de Madrid. Y en el de Almería se difundió un vídeo, en 2015, donde se veía a dos menores atados boca abajo a una cama. Este material derivó en la denuncia por parte del propio centro contra los presuntos autores y la plataforma Centrosdemenores.es por su difusión. En Change.org también se recogieron firmas pidiendo el cese de la dirección del centro.
Precisamente, el director, Manuel Madrid Saavedra, abandonó el puesto el pasado 8 de junio, tras la liberalización de las imágenes. El diario local La Comarca sacó a la luz la escueta carta de dimisión, dirigida al vicepresidente de Ginso, Enrique Tuñón Serrano.
En ella, Madrid Saavedra expone: «Mi dimisión y cese en mi puesto de trabajo por motivos personales, familiares y por agotamiento físico y psicológico y para salvaguardar el trabajo y buena imagen de mi centro, de los trabajadores y de mi asociación».
