SANTIAGO – La Vicepresidenta de la Mujer DC, Camila Avilés, señaló hoy que «la noticia del funcionamiento ilegal del Jardín Infantil, cuyos sostenedores corresponden a la empresa Fruna, no es solo una noticia delictual –como se ha querido mostrar- sino también social. Es parte de lo que podría ocurrir si miles de mujeres son obligadas a volver a sus trabajos diarios sin que existan herramientas para evitarlo, como sería el postnatal de emergencia.
«Hoy hemos visto cómo en la comuna de Maipú, se descubrió el funcionamiento de un jardín infantil de forma ilegal. ¿Por qué los padres llegan al extremo de dejar sus hijos ahí en medio de la pandemia? Porque en muchas ocasiones es la única alternativa que tienen, puesto que son obligados a trabajar por sus empresas. Estas madres y padres se expusieron a una inhumana disyuntiva: elegir entre sus ingresos v/s desprenderse del cuidado de sus hijos e hijas, indicó la Vicepresidenta de la DC.
En esta misma línea, Avilés recordó que «hoy la Subsecretaria del Delito, Katherine Martorell dijo algo que es muy cierto: dejarlos ahí en ese jardín significaba poner en riesgos a los niños. Y tiene razón. Lo que no se entiende es por qué entonces miles de mujeres deberán volver a sus trabajos pues termina su postnatal y miles de lactantes serán puestos en riesgo una vez más, debido a la exposición de sus madres al virus. Entonces, ¿Cuántas evidencias más necesita el gobierno para darse cuenta de lo urgente que es el post natal de emergencia?
Además, la Vicepresidenta DC, recordó que «hoy comenzó a funcionar la Comisión Mixta que verá la admisibilidad del postnatal. Y por eso pido al Gobierno de Sebastián Piñera una vez más: haga suyo este proyecto. Lo que sucedió hoy con el jardín de Fruna no es otra cosa más de lo que sucederá si miles de madres son obligadas a volver a sus trabajos. Presidente, ¿qué hacemos entonces? ¿No es de toda lógica aprobarlo? La solución de la suspensión de la relación laboral, no sólo es una medida insuficiente y que no va al fondo, sino que tampoco evitará que empresarios se nieguen a ella. Las obligarán a ir de todas formas tal como ocurrió con el caso de Fruna».
