Hace justo 70 años, el 5 de julio del 1950, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó la Ley del Retorno, que garantiza el derecho de todos los judíos a regresar a Israel y solicitar la ciudadanía. Esta iniciativa legislativa, que se convirtió en una de las más importantes del país, no ha estado exenta de polémicas.
Inicialmente, el artículo 2 de esta ley prescribía que el visado de repatriado podía concederse a cualquier persona de origen judío que manifestara su deseo de asentarse en Israel. Las autoridades israelíes solo podían rechazar una solicitud si el individuo había sido acusado de cometer un crimen contra el pueblo de Israel o si presentaba una amenaza a la salud pública y la seguridad del Estado hebreo.
Tampoco podían regresar a Israel aquellas personas que tuvieran un historial criminal en el pasado. Esta disposición buscaba evitar a los delincuentes que veían el regreso a Israel como una manera de escapar de la justicia en otros países.
La aprobación de la Ley del Retorno condujo inmediatamente a la aparición de ciertos problemas legales. En particular, se hizo necesario determinar algunos criterios que debía cumplir cada solicitante para ser repatriado a Israel.
En 1958, el ministro del Interior de la época, Yisrael Bar-Yehuda, dio instrucciones para que «una persona que declare sinceramente que es un judío sea registrada como judío, sin exigir pruebas mayores». Sin embargo, esto causó una fuerte polémica dentro del país, especialmente dentro de los sectores más religiosos, por lo que el primer ministro, Ben Gurión, decidió derogar esta modificación.
Esta situación solo empeoró en 1962, con el caso del monje católico de origen judío Oswald Rufeisen y en 1968, con el comandante de la Armada israelí, Benjamin Shalit, casado con una mujer atea y escocesa, y quien exigió reconocer a sus hijos como judíos. La historia de Rufeisen fue tan determinante que se convirtió en un símbolo de la lucha de los que no estaban de acuerdo con la definición oficial de persona judía.
Algunos expertos defendían que era necesario que los repatriados respetaran el Halajá: el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías que reglamenta la vida religiosa y social de los adeptos al judaísmo. Otros sugerían que para reconocer a un individuo como judío bastaba con que este pasase a confesar la respectiva fe, sin importar si era un afroamericano o un aborigen.
En 1970, la Ley del Retorno fue completada con la siguiente definición: un judío era aquel individuo que nacía de una madre judía o realizaba un giyur —conversión de un no judío al judaísmo —, y no pertenecía a otra religión. Al mismo tiempo, su cónyuge, hijos y nietos de otra confesión que arribaron al país hebreo junto con él podían contar con los mismos derechos y beneficios que otros repatriados, según la base de la Ley del Retorno.
«Guiado por esta ley, el Gobierno israelí abrió las puertas a una repatriación ilimitada e inmediatamente enfrentó el problema de la repatriación y absorción masiva de inmigrantes», recordó en una de sus obras literarias el escritor ruso Rafael Grugman.
La primera ola estaba compuesta por refugiados procedentes de Europa que habían sobrevivido al Holocausto y se habían asentado en Chipre. La segunda procedió de los países árabes y del norte de África.
«Los judíos fueron forzados a abandonar sus hogares, les confiscaron sus propiedades, casas y tierras. Un gran número de nativos multilingüe de 70 países que no hablaba la lengua hebrea se movilizaron a Israel, entre ellos había muchas personas discapacitadas, ancianos y niños que necesitaban un cuidado especial», escribió Grugman.
Como consecuencia, este flujo de migrante condujo a una profunda crisis económica en Israel. El 12 de marzo de 1951, el país hebreo envió una nota a Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia exigiendo que le pagasen una indemnización de 1.500 millones de dólares de los fondos recibidos como parte de las reparaciones alemanas. La URSS decidió no responder a esta nota, mientras los países occidentales recomendaron que Israel recurriese directamente a la Alemania Occidental.
De acuerdo con lo señalado por Joseph Telushkin en su libro El Mundo Judío, «la Ley del Retorno es probablemente el acta más popular de todas las que fueron introducidas por el Knéset. Incluso al día de hoy sigue siendo una fuente de confort psicológico para los judíos de todo el mundo, incluso para los que no tienen la intención de volver a Israel.”
No obstante, una de las principales críticas a las que se somete esta ley es el hecho de que muchos de los que volvieron a Israel no se asocian con el pueblo judío. En cambio, lo hicieron solo con el fin de mejorar su situación socioeconómica al recibir los beneficios que otorga esta ley a los repatriados. Parte de estas personas considera a Israel como un punto intermedio para emigrar a EEUU o Canadá.
De hecho, la profesora de derecho israelí Ruth Gavison opina que la repatriación debe permitirse solo a los que estén interesados en el modo de vida judío. Por esta razón, ya se propuso una enmienda a la ley, que incluiría un criterio de interés por la vida judía.
