LA PAZ (Sputnik) — Una marcha nacional abrirá el 9 de julio una lucha creciente contra la política neoliberal y la falta de eficacia del Gobierno transitorio de Bolivia en la gestión de la pandemia de COVID-19, anunció el líder sindical nacional, Juan Carlos Huarachi.
«La marcha nacional será la primera acción, que será seguida por otras en una lucha sostenida y creciente en defensa de la democracia y de los derechos fundamentales de los bolivianos, en particular los trabajadores», dijo a reporteros Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).
El dirigente precisó que la convocatoria a la protesta, simultánea en los nueve departamentos, era la principal resolución de un «ampliado» o reunión nacional de organizaciones sindicales que conforman la COB, realizado el 8 de julio en La Paz.
Enfrentamiento político
La resolución parecía agravar el enfrentamiento sindical con el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, notorio especialmente desde que se aprobara el mes pasado un plan económico que sectores laborales calificaron como «neoliberal» y perjudicial para las elecciones previstas para el 6 de septiembre.
«Quieren hacer ver que el país en este momento no está en condiciones para ir a las elecciones; el trasfondo es eso, no llevar adelante las elecciones nacionales», dijo el dirigente de la COB, que forma parte del bloque de organizaciones que sustenta al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales.
Huarachi destacó que esta fue la primera reunión sindical nacional con presencia física de los dirigentes obreros desde que fueron decretadas a mediados de marzo las medidas de emergencia y cuarentena por la pandemia.
El líder de la COB resumió los objetivos de la marcha nacional como «lucha por los derechos constitucionales democráticos, laborales, el derecho a la salud y a la educación».
Puntualizó que la reunión sindical nacional resolvió respaldar las movilizaciones de los sindicatos de maestros, que llevan semanas de protesta contra un decreto de educación virtual por considerarlo discriminatorio contra los más pobres y exigen la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
El «ampliado» decidió también exigir la anulación del decreto de reactivación y protección del empleo, al cual los sindicalistas comparaban con un famoso decreto de 1985 que abrió un período de 20 años de neoliberalismo en el país.
El dirigente informó que los delegados sindicales denunciaron especialmente que ese decreto disponga apoyo financiero para las empresas privadas, pero no para las del sector público.
Huarachi dijo que los sindicatos rechazaban unánimemente las acciones del Gobierno por la falta de claridad en los gastos y en las decisiones técnicas sanitarias, así como el escaso apoyo económico directo a los sectores impedidos de trabajar por cuenta propia en la cuarentena.
