SANTIAGO – Hoy 24 de julio, el Presidente promulgará la reforma constitucional que permite el retiro excepcional del 10 por ciento de los fondos acumulados de capitalización individual tras ser aprobada en su tercer trámite por la Cámara de Diputados; pero, ¿de dónde saldrán estos recursos?, ¿qué efectos puede tener esta decisión sobre la economía?, y ¿qué medidas de mitigación se pueden tomar? Eso es lo que analiza el profesor José Luis Ruiz del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios.
Durante la última semana los mercados reaccionaron de manera ambivalente al avance del proyecto de reforma constitucional hoy aprobado, que permite el retiro excepcional del 10 por ciento de los fondos previsionales acumulados. Esto ya que existe temor por el efecto que pueda tener el retiro masivo de una parte de los aproximadamente 197 mil millones de dólares que administran actualmente las AFP, y que se encuentran invertidos en diversos instrumentos financieros en nuestro país y en el extranjero.
Al respecto, el profesor José Luis Ruiz, del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, explicó que este comportamiento era esperable debido a la visión negativa que tienen los mercados sobre la iniciativa.
“El retiro significa vender instrumentos de renta fija, lo que trae una baja en los precios y alza en las tasas de interés, por lo que no es positivo para la economía. Y por el lado de las acciones, si venden un volumen importante caen también, entonces las noticias no son financieramente positivas tampoco”, aseguró.
Consultado si el retiro de una fracción podría tener efectos sobre el otro 90 por ciento de los fondos que no se retirará, el académico aseguró que dado que la cifra no es menor, puede tener un efecto dependiendo de la manera como sea ejecutada. “El grueso de la liquidación tendría que hacerse en los mercados internacionales, porque afuera somos pequeños comparativamente hablando, pero traer recursos de afuera que se liquidan golpea el tipo de cambio a la baja. También las AFP, como asignan el portafolio, van a tener que liquidar en los fondos menos riesgosos y van a afectar los precios de renta fija por lo que se va a golpear a todos los fondos”, aseguró.
Sobre el origen que podrían tener los recursos que los chilenos comenzarán a solicitar una vez que la ley sea promulgada, el profesor Ruiz afirmó que “inicialmente deberían partir liquidando activos en el extranjero, instrumentos de renta fija, y de renta variable, lo que va a afectar el tipo de cambio. Lo importante es que las AFP tengan tiempo para extender su programa de cobertura de moneda, y por lo tanto, con estos seguros de tipo de cambio, afectando de menor manera el tipo de cambio en el mercado local”.
A continuación, las AFP tendrían que liquidar activos relacionados con los fondos de menos riesgo que están más invertidos en renta fija local, por lo que su liquidación se realizaría en nuestro país. «La clave aquí será que las AFP van a comenzar a liquidar los instrumentos que gozan de mayor liquidez, entre los que están por ejemplo bonos bancarios. Si bien es cierto que el Banco Central (BC) ya dispone de una línea de compra de ellos, lo ideal sería que extienda este tipo de programas de manera de que se afecte menos a la economía, y no haya un alza fuerte de las tasas de interés como podría ser el caso ante una súbita venta en el mercado local».
En este sentido, el profesor Ruiz hizo hincapié en la importancia de que haya esfuerzos coordinados para mitigar los impactos sobre la economía nacional, tomando en cuenta que lo que se espera son presiones al alza en las tasas de interés, lo que repercutirá en el costo de financiamiento de las empresas locales. «Por eso la Comisión de Mercado Financiero ha solicitado que se pueda hacer en cuotas, de manera que el efecto en el mercado de capitales local sea menor. También que la gente pueda retirar los fondos en un horizonte de un año permite que los más necesitados obtengan recursos, pero que quienes aún no necesitan liquidez pero ven riesgos, puedan hacerlo después».
Otro factor importante para el profesor Ruiz es que la Superintendencia de Pensiones vele porque las gestoras de los fondos de pensiones «dispongan de la capacidad tecnológica para procesar las solicitudes de retiro, y encuentren los mejores mecanismos para pagarlos, en conjunto con la Comisión de Mercado Financiero y el BC».
En cuanto a la posibilidad de que haya un shock al consumo que produzca un aumento de la inflación por los casi 20 mil millones de dólares que los afiliados a las AFP podrían retirar en un contexto marcado por una oferta deprimida por la pandemia, el profesor Ruiz dijo que todo depende de la manera como se usen los recursos. “Puede producirse un estímulo en el consumo, que ha estado deteriorado, al estar disponibles nuevos recursos, y la producción se ajusta más lento que los que los cambios en precios, por lo que debería generarse una presión inflacionaria. Sin embargo, el Banco Central tiene margen para moverse en este escenario”, remarcó.
Esto ya que actualmente la inflación se encuentra en el límite inferior de la banda que el Banco Central tiene para manejarla, y que abarca entre el 2 y el 4 por ciento. Mientras no se escape fuera de esos márgenes, no habría mayor dificultad para el organismo.
De todas maneras el académico hizo hincapié en que mucha gente destinará los recursos a consumo, por lo que si bien esto afecta la valoración de los activos financieros, las empresas verán mayor demanda en el corto plazo. “A largo plazo, las personas van a tener menos pensión, por lo que los flujos a esta escala se van a ver afectados. Es casi una pequeña trampa que puede permitir una mejora en el corto plazo pero que se siente posteriormente en las pensiones”.
Finalmente, consultado si el Fondo Solidario que había sido propuesto y que finalmente fue rechazado, podría haber significado un alivio en este sentido, afirmó que la idea de un fondo compensatorio era regresivo, porque “quienes más van a retirar serán quienes tengan más rentas, y ellos serían más compensados. Además, un financiamiento vía los empleadores y el Estado, que en el fondo buscaba comenzar a cimentar un sistema solidario, tiene la dificultad de que encarece la nómina de empleo, y es otra fuente de gastos para el Estado”, finalizó.
Por Felipe Ramírez – U. de Chile.
