SANTIAGO — El pasado fin de semana, una turba de manifestantes llegó hasta la municipalidad de Curacautín, al sur de Chile, armados con palos y fierros. En la oscuridad de la noche, retumbó una triste consigna entonada a modo de cántico por la masa de protestantes en el lugar: «¡El que no salta es mapuche!».
La situación se inició la semana pasada, cuando las comunidades mapuche en La Araucanía (sur) se organizaron para pedir la liberación del machi (líder espiritual) Celestino Córdova y de otros 40 hermanos encarcelados, que ellos consideran presos políticos. Exigen que Chile haga cumplir los tratados internacionales sobre el tema, y que cumplan sus condenas junto a sus comunidades.
En el marco de estas protestas, los mapuche ingresaron a cinco municipalidades de la región: Ercilla, Traiguén, Collipulli, Victoria y Curacautín, y las ocuparon, buscando algún pronunciamiento de las autoridades. Pero esa misma semana, el presidente Sebastián Piñera sorprendió con un cambio de gabinete y nombró a Víctor Pérez de ministro del Interior, a cargo de las policías y el orden público.
Pérez, militante del partido Unión Demócrata Independiente, del ala dura de la derecha, aseguró que su foco estaría en combatir la violencia en el sur. El viernes 31 de julio, en su tercer día de ministro, viajó a La Araucanía, y dijo en tono desafiante que en Chile «no hay presos políticos» y criticó a los mapuche que tomaron los edificios municipales.
Las palabras de Pérez fueron celebradas por las organizaciones gremiales más conservadoras de la región, como la Asociación para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA) o la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Victoria. Tras sentirse de alguna manera, respaldados por el Gobierno, algunos voceros de estas organizaciones hicieron llamados públicos a juntarse en las puertas de los municipios para exigir el desalojo de los mapuche.
Esto marcó la génesis de una noche del terror.
Desalojos
La convocatoria de los grupos conservadores tuvo especial éxito en Curacautín, una pequeña ciudad de 16.000 habitantes a 673 kilómetros de Santiago.
A las 9 de la noche del sábado 1 de agosto, ya había cientos de personas con objetos contundentes agolpados afuera del municipio, gritando consignas contra el pueblo indígena y exigiendo el desalojo de unos 30 mapuche que se encontraban al interior del edificio de la Municipalidad.
El ambiente era tenso. Los cánticos racistas aumentaban e, incluso, un grupo de desconocidos llevó un rehue, uno de los altares espirituales utilizados por los mapuche para ceremonias y rituales, y lo quemó en público.
Finalmente, Carabineros (policía militarizada) comenzó el desalojo, desatándose el caos. Varios comuneros denunciaron haber sido agredidos por la turba y aseguraron que los conservadores quemaron sus vehículos. En paralelo, las otras cuatro municipalidades tomadas también fueron desalojadas.
En total, 48 personas fueron detenidas esa noche. Todos de origen mapuche.
Racismo
En 2019, la Defensoría Penal Pública de Chile explicó que una persona mapuche tiene 25% más de posibilidades de quedar en prisión preventiva durante una investigación.
En 2018, un estudio de la Universidad de Talca reveló que el 33% de los chilenos no votaría por una persona de origen mapuche para un cargo de autoridad, y que el 70% encuentra a los mapuche poco atractivos, físicamente.
El racismo enquistado en la sociedad chilena es un tumor que muchos chilenos se empecinaron en extirpar desde lo sucedido en Curacautín. En redes sociales, miles de artistas, líderes de opinión, políticos y ciudadanos han subido la foto del wünelfe, la estrella de ocho puntas, pintada de negro en forma de luto.
Además, se creó en Twitter el hashtag #MapucheLivesMatter (las vidas mapuche importan), en alusión al movimiento antiracista norteamericano #BlackLivesMatter que nació tras el asesinato policial del ciudadano negro George Floyd.
Desde la oposición se cuestionaron por qué Carabineros no tomó detenidos a todas las personas que a esa hora en Curacautín estaban afuera del municipio, violando el toque de queda nocturno que rige desde marzo por el COVID-19.
Daniel Jadue, alcalde de Recoleta (centro) y líder del partido Comunista de Chile (izquierda), aventuró que la policía actuó en conjunto con los grupos conservadores para ejecutar los desalojos, y colgó en Twitter un video que lo probaría.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó a través de Twitter su preocupación por las denuncias de racismo.
«La CIDH recuerda al Estado de Chile sus obligaciones de protección contra la discriminación fundada en origen étnico. Urge a las autoridades a prevenir, investigar y sancionar estos hechos, y enfrentar las narrativas racistas contra las demandas del pueblo mapuche», publicaron desde la comisión.
Si bien, esta crisis se desató en particular por la exigencia de liberación de los mapuche presos, la situación forma parte de un entramado más profundo y ancestral de reclamos históricos del pueblo originario. Restitución de tierras usurpadas por el Estado en el pasado, reconocimiento constitucional y sobre todo, piden que Chile establezca su plurinacionalidad de manera oficial.
La plurinacionalidad, que ostentan países como Ecuador o Bolivia, podría no ser una quimera en Chile. El 25 de octubre se realizará el plebiscito que busca reemplazar la Constitución Política de 1980 por una nueva, y varias organizaciones sociales ya han postulado la idea de que el país reconozca en su nueva Carta Magna a todos los pueblos originarios que habitan en el territorio.
Por Francisco Bravo Atias – Corresponsal en Chile de Sputnik desde 2017. Anteriormente trabajó en los diarios La Segunda y El Mercurio. Graduado de periodismo de la Universidad Diego Portales de Chile.
