El exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la operación de un presunto esquema de fraude transexenal liderado por los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Según la denuncia de hechos que Lozoya Austin presentó el pasado 11 de agosto, los mandatarios se enriquecieron a costa del erario, al tiempo que extorsionaron a varios empresarios a cambio de otorgarles contratos y traficar influencias.
En particular, Lozoya implicó a Peña Nieto en la entrega de sobornos multimillonarios, la compra de votos en el Poder Legislativo, así como en el financiamiento ilegal de su campaña hacia la presidencia. A su vez, expuso que Felipe Calderón recibió sobornos para cerrar la compra de Etileno XXI; por último, acusó a Salinas de tráfico de influencias para contratar obras públicas a favor de su hijo.
La denuncia presentada por Lozoya menciona a 15 personas como responsables de liderar este esquema de corrupción, la mayoría de ellos exfuncionarios asociados con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
Entre los señalados destacan los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como los exsenadores Francisco Javier Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas), Francisco Domínguez Servién (hoy gobernador de Querétaro), Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, David Penchyna Grub y Ernesto Cordero.
También se menciona a los exdirectores de Pemex José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, e igualmente a exfuncionarios de menor rango, como Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado, quien apareció en un video filtrado el 16 de agosto donde se muestra el pago de uno de los presuntos sobornos.
Lozoya indicó en su denuncia que este esquema se inició en el sexenio de Felipe Calderón, cuya administración favoreció a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, con la concesión del complejo petroquímico Etileno XXI a cambio de supuestos sobornos. Esta operación ha generado más de 3 mil millones de pesos en pérdidas para las arcas de Pemex.
Pese a ello, este fraude se consolidó durante el sexenio de Peña Nieto, al confirmar la construcción de esa obra, así como mediante la entrega de nuevos contratos a la compañía brasileña. Según Lozoya, José Antonio Meade fungió como operador transexenal de este esquema, pues en 2010, como secretario de Energía, autorizó el contrato de Etileno XXI a pesar de las advertencias de consejeros de Pemex. De 2012 en adelante, como funcionario del Gobierno de Peña, se dedicó a encubrir esta compra, además de recibir dádivas por este servicio.
Luis Videgaray, por su parte, se habría encargado de consolidar los beneficios a Odebrecht, así como de ordenar el soborno a legisladores de oposición para asegurar la aprobación de la reforma energética.
En la denuncia presentada, Lozoya conecta otros hechos de corrupción ocurridos durante la administración de Peña Nieto, como la entrega de combustible gratis al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte. A cambio de esta operación, se menciona que Duarte regaló un Ferrari al entonces presidente.
Del mismo modo, señala que hubo presiones para entregar contratos a favor de Grupo Higa, los cuales habrían servido como pago por construir la Casa Blanca y el llamado Museo del presidente en el Estado de México. Este mecanismo también habría sido utilizado para aprobar la compra de la planta chatarra Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).
La FGR informó que investigará la filtración de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En un comunicado, detalló que este documento no fue proporcionado por ninguno de sus funcionarios.
«La copia de la denuncia presentada por Emilio «L» ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución; razón por la cual se ha iniciado la Carpeta de Investigación correspondiente, para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias», expresó.
Igualmente, Ontiveros Consulting, despacho que lleva la defensa legal de Emilio Lozoya, también se deslindó de la filtración de la denuncia de su cliente.
