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La cantidad de personas con discapacidad que poseen un contrato de trabajo vigente al 30 de junio (19.473) representa el 33,1% de las 58.760 que deberían estar trabajando en virtud de la ley de inclusión laboral. De las 11.982 empresas que deben cumplir la ley, sólo el 34,3% ha registrado contratos ante la DT
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“Si bien la norma es un importante avance, en línea con los tratados internacionales firmados por Chile, persisten brechas que, en el actual escenario de pandemia, deben ser abordadas con políticas públicas activas que consideren a las personas con discapacidad como parte de los grupos vulnerables de nuestro país”, dice María José López, directora de la Fundación ConTrabajo”
SANTIAGO – A más de dos años de promulgada la ley de inclusión laboral, Chile exhibe un 67% de incumplimiento, lo que implica que casi 40 mil personas con discapacidad no cuentan con el trabajo que la ley les garantiza, según un informe realizado por la Fundación ConTrabajo dado a conocer esta semana.
La Ley 21.015, vigente desde abril de 2018, establece que las empresas y organismos públicos que tengan más de 100 empleados deben reservar un 1% de su plantilla para contratar a personas con discapacidad.
El informe elaborado por la Fundación cruza los datos de la Dirección del Trabajo y del Servicio de Impuestos Internos, revelando que, “si bien la norma es un importante avance, en línea con los tratados internacionales firmados por Chile, persisten brechas que, en el actual escenario de pandemia, deben ser abordadas con políticas públicas activas que consideren a las personas con discapacidad como parte de los grupos vulnerables de nuestro país”, dice María José López, directora de la organización.
Recordó que, según la última Encuesta Nacional de Discapacidad, “un 20% de los chilenos tiene alguna discapacidad y la mitad de ellos pertenece a los dos quintiles más pobre de la población, lo que implica que estamos frente al colectivo de personas más grande de Chile con una condición especial que muchas veces pasa desapercibida”.
Según las cifras obtenidas, la cantidad de personas con discapacidad que poseen un contrato de trabajo vigente al 30 de junio (19.473) representa el 33% de las 58.760 que deberían estar trabajando en virtud de la ley.
A nivel de cumplimiento de las empresas, de las 11.982 compañías que deben cumplir la ley, sólo el 34,3% ha registrado contratos ante la DT.
El impacto de la pandemia
El informe revela que en estos dos años ha finalizado un 23% de los contratos logrados en virtud de la ley, lo que afectó a 6.002 personas con discapacidad. “Es revelador que el 42% de esas desvinculaciones ocurrieron desde octubre de 2019 al 30 de junio de 2020, mientras que a partir de abril de 2020 no se registran contratos nuevos, lo que revela el impacto del estallido social y la pandemia COVID-19 sobre las personas con discapacidad”, apunta López.
“Pero nos parece que la situación actual es más grave aún. Hasta la fecha no se ha planteado ninguna política pública, subsidio o bono que, desde su origen, apunte a personas con discapacidad”, advirtió.
López explicó que, por ejemplo, la ley de protección del empleo excluye a las personas que cuentan con una pensión de invalidez total, porque ese instrumento les impide cotizar en el seguro de cesantía (AFC). Por lo tanto, si su empleador se acoge a dicha ley no existen fondos para cubrir el salario de esos trabajadores.
Además, advirtió la directora, el “bono para la clase media tampoco considera a las personas con discapacidad en forma especial, dejándolos fuera de este beneficio cuando no tienen una renta promedio igual o mayor de $400 mil durante el año 2019”.
López añadió que “la pensión de invalidez que podrían estar recibiendo en la actualidad las personas con discapacidad es de $141 mil mensuales y tiene una finalidad asistencial, dado que la discapacidad en sí misma constituye un gasto extraordinario para el grupo familiar. Es un error considerar que ese dinero reemplaza el ingreso formal de una persona con discapacidad laboralmente activa”.
Por ello, la directora de la Fundación ConTrabajo hizo un llamado “al Gobierno y al Congreso a que se promuevan políticas públicas que garanticen los derechos para las personas con discapacidad, y a las empresas que no cumplen con la normativa a realizar esfuerzos adicionales, ya sea manteniendo esos puestos de trabajo o previendo realizar nuevas contrataciones en los próximos meses”.
