IQUIQUE – Tras casi 18 horas de audiencia y luego de dar por justificada la existencia de todos los delitos por los cuales formalizó la Fiscalía de Iquique, el juzgado de garantía decretó las prisiones preventivas solicitadas por el fiscal Eduardo Ríos, esto es, de 13 ex carabineros y tres civiles que formaban parte de la organización criminal desbaratada esta semana y que se dedicaba a delitos de contrabando, robos con intimidación y cohecho.
“Fue una audiencia extensa, ya que debimos presentar gran parte de los antecedentes reunidos en este año y medio de investigación sobre los diversos delitos que cometió esta organización y la participación de cada uno de los imputados. Felizmente el juez entendió que había antecedentes suficientes de todos los delitos por los cuales se formalizó -contrabando, cohecho, asociación ilícita, robo con intimidación y lavado de activos-, y además, que todos estos hechos eran graves, en especial, por la condición de carabineros de gran parte de los imputados, por lo que fundamentaban las prisiones preventivas que solicitamos”, afirmó el persecutor.
En la audiencia, el fiscal Ríos explicó en detalle cómo operó esta organización criminal, a lo menos, desde noviembre de 2017 hasta mediados del año 2019, facilitando el ingreso ilegal de cigarrillos al país, su traslado y su venta al interior de la región; y asaltando a camiones cargados con mercadería de contrabando.
El persecutor detalló una ocasión en que los imputados, luego de cobrarles a los choferes de dos camiones que llevaban 500 pacas de cigarrillos cada uno, la suma de 3 millones de pesos para dejarlos pasar por el control de Huara; igual decidieron interceptarlos más adelante en la ruta para sustraerles con violencia las mercaderías.
Dada la gravedad y pluralidad de los delitos, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de todos los imputados que eran carabineros al momento de los hechos; de quienes ejercían como jefes de la organización (uno uniformado y otro civil), de la cónyuge de este último imputado, y de un brazo operativo.
De igual forma se acogió el arresto domiciliario total de la hermana de uno de los líderes, de su cónyuge (funcionario del Ejército) y de otros cuatro civiles que actuaban como brazos operativos. Sólo la madre de uno de los jefes quedó sin medida cautelar.
El plazo de investigación se fijó en 120 días.
