SANTIAGO — Preocupados por la gravedad de la crisis hídrica que enfrenta Chile, activistas de distintos países del mundo -entre ellos Bélgica, Nueva Zelanda, Francia, Luxemburgo y Polonia- se sumaron a la campaña Suelta el Agua, iniciativa liderada por Greenpeace que busca alertar respecto de la compleja situación de falta de agua que enfrenta el país y que ubicó a Chile como el número 18 entre las naciones del mundo con mayor estrés hídrico.
«Hay una creciente preocupación internacional por la crisis de agua que hoy afecta al país, situación que lejos de verse solo como consecuencia del cambio climático y la megasequía, es vista como expresión de un grave problema de gestión que favorece la apropiación y aprovechamiento de la poca agua disponible para fines productivos, desplazando a un segundo lugar el consumo humano», dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
En este contexto, incluso la ONU ha sido especialmente dura al señalar que el gobierno chileno «no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud. El gobierno tiene la obligación de garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente».
La situación planteada por el organismo internacional hace referencia a proyectos como Alto Maipo y resalta de manera especial la grave situación en amplias zonas de la Región de Valparaíso, en donde la combinación de la producción de paltas y minería -liderada por el yacimiento de la multinacional Anglo American en la zona de El Melón-, han derivado no solo es una alarmante falta de agua, sino en una disputa político-judicial en donde el gobierno insiste en entregar solo 50 litros diarios a los habitantes de la zona.
«Fuera de Chile no se entiende que el agua pueda convertirse en un bien privado y transable. En ninguna parte del mundo existe ese modelo de apropiación sobre el agua. Por eso es que Chile está siendo creciente foco de atención por la crisis hídrica que enfrenta y por la capacidad política que tendremos de poder proteger en una nueva Constitución un bien común que ha terminado por convertirse en un elemento estratégico para el país», explicó el director de Greenpeace.
