Mientras se mantiene como factor con fuerte presencia la crisis sanitaria producto del Covid-19, que entre otras cosas mostró las carencias materiales de nuestro sistema de salud pública y la ineficiencia de las autoridades del actual gobierno, agravada por su intento de manipular situaciones intentando logros políticos en el corto plazo; el proceso conducente a la realización del plebiscito constitucional el próximo 25 de octubre y las diversas elecciones subsiguientes, han seguido su curso. Una acusación constitucional contra el ex ministro de salud busca transparentar aspectos grises de su gestión, pero a la vez que las autoridades asuman las responsabilidades políticas de sus actuaciones. Lamentablemente, este libelo parlamentario no podrá en sí resolver el problema central, cuál es la jibarización y precariedad de la salud pública, sujeta a los criterios normados por un Estado subsidiario, que es justamente uno de los ejes centrales a modificar en una nueva constitución.
El que estemos a días de definir a través de un plebiscito el cambiar la actual Constitución y el procedimiento a través del cual hacerlo, no ha sido una situación fácil de digerir por algunos sectores políticos, que van incluso más allá de los herederos naturales de la dictadura, es decir, las agrupaciones políticas hoy en el gobierno. El acuerdo de la trasnoche del 15 de noviembre para implementar este mecanismo, fue arrancado por la movilización popular y más de algún sector político lo sigue leyendo como un mal menor, destinado a frenar una indefinida categoría de populismo. Las posiciones expresadas, por ejemplo, en la franja televisiva muestran nítidamente la motivación de algunos por confundir y de otros por controlar esta demanda popular. El anverso está dado por las múltiples iniciativas, que aún bajo las actuales condiciones, se desarrollan en todo el país, con la habitual carencia de recursos pero con abundancia de creatividad y convicción.
Si bien todos asumen que los resultados del 25 de octubre no serán inocuos en los resultados de los futuros procesos electorales, la mirada de algunos está puesta en el más relevante, que sin duda será la elección presidencial de octubre del próximo año, y ante eso, se producen naturales toma de posiciones. En un cuadro muy dinámico, se generan reagrupamientos, que incluso pudiesen derivar en un reordenamiento del mapa de alianzas políticas. Motivados en la necesidad de que en la futura elección de gobernadores los sectores que no forman parte del actual gobierno optimizaran sus resultados, Unidad para el Cambio, como tal, definió aceptar negociaciones con otros bloques políticos, en el entendido de que el cumplimiento del objetivo de derrotar a la derecha iba acompañado del respeto a las fuerzas que cada sector aportaba al logro del objetivo. El supuesto que un sector sólo aportaba votos y esfuerzos, pero que eran otros quienes asumían las representaciones, no estaba considerado. Lamentablemente, cierto hegemonismo ciego que no está procesando en profundidad el momento socio-político, llevó a algunos sectores a creer que la unidad es tras sus banderas y escudándose en una formalidad, las elecciones primarias, que no se pueden rechazar como mecanismo de resolución de conflictos electorales, pero tampoco absolutizar, pretendieron imponer sus aspiraciones. En esta diferencia, en el PRO pesó sobremanera el carácter de partido político construido como instrumento para un liderazgo personal y siendo así, cruzó la vereda para reconstruir la Concertación, con la ilusión de que sea su líder quien encabece por ese sector la futura contienda presidencial. Lo reprochable, en lo que pudiese ser una legítima aspiración, es la alevosía de esta actuación, que por lo demás como resultante política excluye a los partidos del Frente Amplio y de Chile Digno.
En paralelo a estos hechos, el controlado incremento de las movilizaciones populares y su expresión en las calles ha dado paso, una vez más, a una represión descontrolada a cargo de la institución policial, que en doctrina está definida para resguardar el orden público y prevenir delitos. Ya no es permisible el argumento de exceso de celo policial o descontrol de un funcionario. Lo que revela el conjunto de hechos punibles en los cuales carabineros aparece comprometido, es una orientación de su alto mando, por lo demás de dudosa idoneidad luego de sucesivas purgas, permitida y fomentada más que por otros, por este gobierno, que en su incapacidad de gobernar, recurre a la represión y violencia policial como mecanismo de control social. Se hace cada día más evidente la urgencia de una reestructuración profunda de esta institución, que de propio es incapaz de adaptarse a las funciones policiales requeridas en un régimen democrático del siglo XXI. Esa cirugía mayor no la encabezará este gobierno que a duras penas concluirá su mandato y queda pendiente como tarea principal para un futuro inmediato. En el presente, la acusación contra su actual general director y la autoridad política de la cual depende, es un deber político pero también ético.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Juan Gajardo López – Es profesor; Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile.
