La abrumadora victoria de la opción por el «Apruebo» en el plebiscito del 25 de octubre no solo activa un calendario para redactar una nueva Constitución en Chile, sino que repercute, tanto en el Gobierno de Piñera como en la oposición, sobre la forma en que debe llevarse a cabo el proceso constituyente para que tenga legitimidad.
Según el Servicio Electoral de Chile, la jornada electoral del 25 de octubre fue la mayor votación en números absolutos de la historia chilena. Más de 7,5 millones de electores sufragaron, lo que representa el 50,90% del padrón, en un país donde el voto no es obligatorio.
Fue un poco más del 78% de los ciudadanos que se manifestó a favor de redactar una nueva Constitución, frente a un apenas 21% que lo hizo en contra. A lo que se suma que el 79% de quienes votaron por redactar la nueva Carta Magna eligieron el mecanismo de la Convención Constitucional para hacerlo, lo que implica que los 155 integrantes de este órgano serán votados en las elecciones que se realizarán el 11 abril de 2021.
Estos resultados no solo desataron de inmediato la alegría y las manifestaciones en las calles de todo el país, sino que revelaron la magnitud de la demanda por participación ciudadana que el pueblo chileno comenzó a exigir desde el inicio del estallido social, el 18 de octubre de 2019, y que obligó a la clase política y particularmente al Gobierno de Sebastián Piñera a enfrentar la necesidad de un verdadero cambio constitucional.
«El Gobierno sufre un impacto bien fuerte [con este resultado], particularmente Piñera porque al llegar al Gobierno habían decidido no hacer y avanzar cualquier cambio constitucional. Esa era la política de Piñera al entrar al Gobierno», explica a Sputnik Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
Fuentes recuerda que durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se intentó hacer un cambio constitucional. «La derecha no había querido, y por lo tanto, en el Acuerdo para avanzar al cambio constitucional a partir de las protestas sociales, el Gobierno de Piñera y particularmente él, no había estado de acuerdo en esta hoja de ruta. Sin embargo, los hechos los llevaron a tener que aceptar», puntualiza.
Estos contundentes resultados debilitan a los sectores más conservadores del país, junto con el propio Gobierno que, si bien trató de mostrarse neutral frente al referéndum, acusó el golpe, debido a que su coalición se dividió frente al plebiscito, con sectores que se manifestaron abiertamente por el Rechazo y quienes lo hicieron por el Apruebo, pero que se jugaron por la Convención Mixta (mitad parlamentarios en ejercicio y mitad elegidos).
«Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro», dijo el Sebastián Piñera la noche del 25 de octubre, escoltado por todo su gabinete de ministros.
Para el politólogo, si bien el Gobierno queda aún más debilitado de lo que ya estaba, es la figura de Sebastián Piñera, su personalidad, la que hay que tomar en cuenta en este tiempo en que se deben definir las nueva reglas para la generación de una nueva Constitución. «Él quiere tener siempre incidencia, él quiere pasar como un presidente con algún legado, ya ha estado planteando ideas constitucionales y por lo tanto yo creo que él como personaje político, aunque va a tener una baja aprobación, seguramente va a estar intentando incidir».
Porque, como bien explica Fuentes, «acá lo que está en juego de parte de la élite económica y de la derecha, es el modelo económico, el modelo político, el control político que han ejercido. Por lo tanto, yo creo que va a intentar ser el articulador de un proyecto conservador en lo que va a ser el debate constitucional en la convención».
Los pasos que vienen y la participación ciudadana
Tras el histórico referéndum del domingo 25 de octubre se viene, en el itinerario constituyente en Chile, la elección de los miembros de la Convención, prevista para el 11 de abril de 2021, para dar paso a la discusión y redacción de los contenidos de una nueva Carta Fundamental, que puede durar un año, y luego realizar el llamado plebiscito de salida, que ratificaría o no esta nueva propuesta constitucional.
Son justamente los dos primeros pasos los que abren nuevamente el debate sobre la representatividad, participación y legitimidad ciudadana, en un país donde históricamente sus procesos constitucionales han surgido desde los grupos privilegiados de la sociedad.
«Desde 1810 en adelante, lo que tenemos es que la élites políticas y económicas han decido los marcos de referencia constitucional, y esas élites la definieron durante todo el tiempo y junto con los militares en el año 80. Hay que decir que en toda América Latina y en todo el mundo siempre han sido así, siempre todos los cambios constitucionales han sido llevados desde acuerdos intra-elite», estima Fuentes.
Una realidad que, tras la revuelta social del 18 de octubre de 2019, ha cambiado porque a partir de «ese acuerdo intra-elite, con el nivel de descrédito de las élites políticas, de los partidos, lo que vemos es una emergencia, algo desarticulada pero muy potente, de una sociedad civil que reclama espacios de participación y de decisión».
Espacios que según la ley 21.200 que rige este proceso constituyente, se hará a través de un sistema proporcional de listas similar al que debutó en la última elección parlamentaria en el país sudamericano y, de acuerdo al tamaño del distrito, se elegirán entre tres a ocho representantes.
Se le agregará una corrección de resultados para asegurar la paridad de género, la que estará asegurada tanto «de entrada» como «de salida». Esto implica que se requerirá que las listas sean paritarias, a menos de que sea un número impar de candidatos, caso en el que ningún sexo podrá superar al otro en más de un candidato.
«Ahora los independientes están presionando porque se permitan listas de independientes y que además tengan menos barreras de entrada los independientes. También se va a lograr el acuerdo, porque yo creo que va a haber acuerdo, hay una presión por que se incluyan escaños reservados para pueblos indígenas. Entonces, la presión, la pulsión ciudadana, es diversidad, ‘yo quiero ver una convención lo más parecida a mí’, así como ciudadana, no a mí particular, pero en general como la ciudadanía», opina Fuentes.
Opinión que comparten muchos grupos de la sociedad civil organizada, de los territorios, de las juntas de vecinos, de colectivos autoconvocados que ven trabas en esta ley que asegura la representación de los partidos, no así de los independientes, tanto en número como en financiamiento.
«Hay un obstáculo más grande que es el financiamiento de campañas. Se necesita mucha plata para hacer campaña para un cupo como el de convencional o como el de diputado. Ahí sí hay un problema grave, es que los independientes van a tener una dificultad para conseguir el financiamiento para hacer sus campañas», señaló Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Técnica Constitucional, en Facebook live de la Universidad de Chile sobre los pasos del proceso de redacción de la nueva Constitución.
Para la académica, la extrema elitización y oligarquización del sistema político chileno «se debe en gran medida a que para llegar a un cargo de representación las personas deben endeudarse», por lo que existe una gran desigualdad al competir por un cargo de representación popular. Por eso ella cree que es importante el financiamiento público de la política, porque «es la forma más democrática de competir por ideas y no por quien tiene más plata para hacer propaganda», aunque resulte impopular en estos tiempos.
Lo cierto es que una vez elegidos lo constituyentes y conformada la Convención esta tendrá un plazo de trabajo de hasta nueve meses para presentar su propuesta de nueva Constitución. Dicho plazo puede ser prorrogado por tres meses más. La Convención tendrá que aprobar una nueva Constitución con al menos dos tercios de sus integrantes en un plazo máximo de un año, y en caso de que no se logre un acuerdo, se mantendrá la Constitución de 1980.
Para Claudio Fuentes en este periodo «lo que vamos a ver seguramente es que va a haber una presión ciudadana», una batalla que ya se está empezando a ver, «de generar mecanismos de cómo la ciudadanía se hace parte de esta Convención».
«Los partidos políticos están presionados para generar mecanismos e instrumentos de participación efectiva para que todo el proceso de cabildos comunales, autoconvocados. O sea, el juego político, el juego de la Constitución va a depender mucho de cuánta apertura haya. Si la Convención es abierta va a tener mucha más legitimidad, y por lo tanto va a haber una presión para que exista esa participación más efectiva de la sociedad civil», opina.
Eruditos versus pueblo
«Yo aspiraría sería a una Convención lo más diversa posible, diversa socioeconómicamente, diversa étnicamente, diversa en términos de género, de personas con distintas capacidades, de conocimiento, ojalá que haya abogados, que haya una comisión redactora dentro de la Convención que escribe Constitución propiamente tal, porque requiere una técnica», indica.
«Pero tiene que haber este otro componente porque, si no, el grado de lealtad que genera después con esas constituciones es muy bajo. Si es que está escrita por un grupo de notables que se va a la playa, vuelve y dice ‘aquí está la constitución perfecta’, ya no funciona», añade.
Porque para el doctor en Ciencias Políticas escribir una Constitución no es solamente el texto, es el proceso: «Creo que obviamente las élites están preocupadas porque detrás de ese texto hay intereses, intereses económicos particularmente, pero el proceso que involucra una ciudadanía que empieza a estudiar, que empieza a interesarse por temas que antes no hubiera tomado en cuenta, como qué es la democracia, qué son los derechos, por qué un derecho tiene que ser garantizado», explica.
«O sea son preguntas bien básicas que emergen y que nos hacen a todos, a periodistas, a todo el mundo, empezar a reconectarnos con lo que es el civismo, y yo creo que esa parte del proceso es clave para una dinámica de una Constitución que define el cómo queremos convivir», agrega.
Rol de la presidencia en esta transición
A partir de este 25 de octubre se entró en un proceso de transición, según Fuentes, y considera que lo que debiera pasar es algo similar a lo que sucedió en Colombia, donde el Gobierno tuvo un rol garante del proceso, «porque estamos en una transición, o sea, es un momento donde se está escribiendo la Constitución. Por mientras, un gobierno va a estar administrando el poder, y esa administración de poder debiese ser sin reformas constitucionales».
«Sería ridículo que un presidente estuviera reformando la Constitución para reducir el número de parlamentarios mientras se están definiendo el nuevo Congreso en la Constitución. Entonces debiese ser un gobierno que se abstrae de los grandes temas estructurales, del sistema político, que tampoco incide o trata de incidir en esa Convención porque esa Convención va a ser soberana y por lo tanto no puede tener un gobierno de turno diciéndole ‘oiga aquí tiene una idea de Constitución, discútala y yo soy un actor igual que otro'», sentencia Fuentes.Sin embargo, es incrédulo frente a esto. «Piñera tiene un impulso de querer ser el presidente, que de hecho ya se apropió de que este proceso más o menos lo creó él, y él ya ha hecho propuestas constitucionales. Seguramente va a hacer una propuesta constitucional más detallada, porque él tiene una ambición de pasar a la historia, y por lo tanto seguramente va a intentar hacer eso».
Una Constitución moribunda un sistema socioeconómico aún con vida
«La Constitución ha sido desahuciada, un doctor, que es la ciudadanía, vino y le dijo: ‘Esto tiene fecha de término, de muerte, y la fecha de muerte va a ser septiembre del 2022′».
Lo vivido el 25 de octubre, resultado de la revuelta social iniciada en octubre de 2019, es para los especialistas es una nueva fase de transición, en la que se sentenció a muerte a la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Pinochet, pero no así al sistema político y económico que ha sustentado por 40 años.
«Una transición hacia un nuevo sistema político que va a estar definido por estas nuevas reglas del juego, pero esas reglas del juego todavía faltan definir cuál va a ser el peso de la derecha, de la izquierda, del centro en la Convención, cuál va a ser la presión ciudadana para el nuevo arreglo, y por lo tanto ni la Constitución, ni el neoliberalismo han muerto en Chile, siguen vivos y coleando», señala Fuentes.
En su opinión, el sistema político es un actor dominante en lo que viene, porque va a depender mucho del tipo de correlación de fuerzas que se logre en la Convención, el tipo de resultado que se van a obtener.
«Obviamente vamos a tener más Estado, vamos a tener menos mercado, más regulación del mercado, esas lógicas yo creo que eso se va a dar. Vamos a sacar mucho de la privatización de derechos, por ejemplo, de aguas y otros de la Constitución. Eso por seguro va a pasar, pero eso no significa que todo el modelo vaya a terminar, ahí va a depender mucho de la correlación de fuerzas que exista».
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
