Una de las grandes inquietudes de todo este proceso social que condujo a la convocatoria de una Convención Constituyente tuvo que ver con la sensación de vivir un país con una incómoda desigualdad estructural. Para la mayoría de los chilenos el modelo político reproducía tasas insoportables de desigualdad y eso debía corregirse.
Todos los estudios sociales que se han hecho al respecto han concluido en que ese es tal vez el principal problema percibido. Y que se pone crudamente de manifiesto en la satisfacción del servicio de salud, educación y pensiones. No por nada esas son las principales preocupaciones que originaron el estallido social, porque los chilenos llegaron a una situación que consideraron intolerable para sus vidas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver una nueva constitución con la corrección de este problema?
Esas necesidades, si bien no se satisfacen en su totalidad con otra constitución, si disminuyen mediante un diseño constitucional correcto, que aumente estándares, y que luego se traduzca en legislación, políticas públicas y jurisprudencia.
Debemos partir de una evidencia: La Constitución actual establece indirectamente el modelo de Estado subsidiario, limitando por lo tanto el papel que puede tener el estado en la corrección activa de las inequidades provocadas por la economía. El artículo 1 y el 19 numeral 21 recogen el derecho a la libertad económica en una forma tan amplia que desdibuja la posibilidad de un rol más rector de parte del estado a favor de los ciudadanos.
Por eso, en el contexto del proceso constituyente muchos hemos planteado la necesidad de avanzar a un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual, y cabe aclararlo desde ya, no impide ni desconoce la libertad económica, sino que simplemente le asigna al Estado un rol más relevante que el actual.
Un Estado Social implica que el Estado podrá actuar con mayor fuerza en la vida económica de la sociedad, y eso necesariamente tiene efectos benignos en la disminución de la desigualdad y el mejoramiento de la calidad de vida.
Si se recoge la visión del Estado Social, los gobiernos tendrán que cumplir con la responsabilidad de ampliar los derechos y mejorar los estándares del país, tomando en cuenta la experiencia internacional y las mejores prácticas.
Ahora bien, todavía ello no es suficiente. Se necesita ampliar la tutela judicial sobre estos derechos, cuestión que niega la actual Constitución. Por ello es necesario no solo avanzar en el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, así como en el reconocimiento de los derechos humanos, conforme a estándares internacionales, sino también cambiar la forma en que se distribuye el poder e incorporar algunos órganos fundamentales, como son el Defensor del Pueblo y repensar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La buena noticia es que todos los chilenos estamos de acuerdo en que no podemos seguir tolerando unas tasas de desigualdad tan injustas. Por eso creo que uno de los principales desafíos a abordar en una nueva Constitución será como enfrentar la desigualdad. Nuestro compromiso es trabajar arduamente en cristalizar los acuerdos que sean necesarios para que en el país que prefiguran en la nueva constitución todos tengamos derechos garantizados y oportunidades ciertas de progreso.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Luis Acevedo Espínola – Es Abogado Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, estudiante de un Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca y de un Diplomado en Docencia Universitaria de la USACH. Ha trabajado en la Unidad de Drogas de la Fiscalía y en la Unidad de Delitos Sexuales. Es socio activo del Instituto de Ciencias Penales, miembro del Colegio de Abogados y militante del Partido Socialista. Actualmente se desempeña como Profesor de Introducción al Derecho en la USACH y de Compliance en la UNAB, y al ejercicio libre de la profesión en materias penales, constitucionales y de salud, además de colaborar en el equipo jurídico de la AFEP.
