En estas elecciones de 2020, los estadounidenses no solo eligieron presidente, senadores y representantes de la Cámara Baja, sino que a nivel estatal también votaron por la legalización de algunas drogas. ¿Impactará esta decisión en países de América Latina? ¿Podría haber un efecto multiplicador?
La competencia entre Joe Biden y Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos se llevó todos los reflectores durante la jornada electoral del tres de noviembre, pero en ciertos estados de ese país también se llevaron a cabo consultas para legalizar o despenalizar algunas drogas.
Oregón se convirtió en el primer estado de la Unión Americana en despenalizar el uso de drogas duras como la heroína, la cocaína y la metanfetamina, pero solo en pequeñas cantidades; además, los votantes han aprobado la posesión y consumo de drogas psicodélicas en «centros de servicios de psilocibina» bajo la supervisión de personal capacitado.
Por otro lado, Washington DC también decidió flexibilizar las leyes sobre el consumo de plantas psicodélicas; de este modo, queda despenalizado su cultivo, distribución y posesión sin fines comerciales.
Asimismo, los votantes de los estados de Arizona, Nueva Jersey, Montana y Dakota del Sur respaldaron la legalización del uso recreativo de la marihuana. Con esta decisión las cuatro entidades se suman a las otras once, incluida la capital de Washington, donde ya estaba permitido el uso recreativo de cannabis.
La situación de las drogas en Estados Unidos
Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de drogas a nivel mundial, a tal punto que la drogadicción se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más importantes en el país. Pero de forma paralela, también es uno de los sitios que encabeza el movimiento por la flexibilización de leyes en relación al consumo de sustancias psicoactivas.
Durante los años 70, 13 estados del territorio estadounidense eliminaron las sanciones penales por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, aunque su uso en público continuó siendo un delito. El movimiento por la despenalización finalizó en 1978 y el siguiente estado en realizar ese cambio fue Massachusetts, en 2008.
Sin embargo, los esfuerzos continuaron y en los años siguientes, estados como Colorado, California, Washington y Oregón optaron por legalizar el uso de marihuana con fines recreativos, con lo cual se permitió su distribución bajo ciertas restricciones.
En este punto es necesario aclarar cuál es la diferencia entre despenalización y legalización, según el informe El problema de las drogas en las Américas, elaborado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la primera se refiere a cambios de leyes que prohíben el consumo de ciertas sustancias con el fin de «liberar a los usuarios de las sanciones penales». Mientras legalización «se refiere a un régimen en el que tanto la producción como el consumo son legales».
Para Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia en México, las recientes consultas aprobadas en Estados Unidos, ya sea para despenalizar o legalizar algunas drogas, representa un avance hacia «mejores prácticas» en relación a la regulación del consumo de drogas.
En entrevista con Sputnik, el especialista señaló que la descriminalización, es decir, el no someter a los consumidores de drogas a un procesamiento penal «es una urgente necesidad institucional de cualquier país del mundo, no solamente de las Américas».
Además señaló que los países con un marco jurídico que criminaliza el consumo de drogas y somete a los consumidores a un proceso penal están violando derechos humanos, lo cual no excluye a las leyes federales norteamericanas «que todavía siguen penalizando el consumo de drogas, a pesar de que los estados han venido avanzando de a poquito hacia mejores prácticas».
Panorama de la droga en América Latina
La situación del consumo de drogas afecta a países de América Latina de forma diferente que a Estados Unidos, pues ahí se concentran dos factores esenciales en el circuito de los problemas asociados a las sustancias psicoactivas: la producción y la venta.
Según la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019 de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), en México se encuentran algunos de los grupos de la delincuencia organizada más importantes a nivel internacional, los cuales representan la «mayor amenaza criminal de drogas para Estados Unidos».
En tanto que, el Informe Mundial sobre las Drogas 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señala que el 70% de la cocaína que circula en el mundo proviene de Colombia.
Pero a pesar de que la región de América Latina es uno de los puntos nodales en el trasiego de drogas, las políticas relacionadas con la legalización de sustancias psicoactivas continúan siendo prohibicionistas, a excepción de contados casos.
En algunos países de la región se han aprobado leyes que no sancionan la posesión de marihuana en dosis pequeñas, aunque el proceso de producción y distribución continúa siendo ilegal. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en legalizar la producción y comercialización de cannabis.
Con base en este panorama regional, Buscaglia considera que tarde o temprano se tiene que marchar hacia la constitución de «un mecanismo supranacional jurídico que armonice la legislación [a nivel regional], que abarque la descriminalización del consumo de toda droga psicoactiva, y la regulación de la producción y la distribución de drogas. El consumo de acceso a algunas drogas debería estar armonizado a través de una convención internacional».
La legalización de drogas en EEUU, ¿cómo impacta a América Latina?
El narcotráfico es uno de los problemas que más afecta a América Latina, en especial a países como México y Colombia, por el nivel de violencia que generan los cárteles de la droga al disputarse las plazas de venta y los centros de producción.
Por lo tanto, la legalización de drogas representa un problema diferente para países de América Latina donde se producen sustancias como la cocaína y la heroína; esto, debido a que se tendría que transitar hacia una regulación de la producción y la comercialización de ciertas drogas, lo cual significaría enfrentar directamente a los cárteles de la droga.
En este sentido, Buscaglia apunta que «la delincuencia organizada transnacional opera a través de fronteras por definición, por eso es transnacional; por lo tanto, se requiere de una armonía en los sistemas jurídicos que abarquen la descriminalización del consumo, la regulación de la producción y la distribución».
Por otro lado, explica que «nunca es deseable que un solo país avance hacia una legalización de la producción y la distribución sin que los países limítrofes por lo menos, también avancen en igual sentido y tengan normas compatibles porque de otra manera le está dando un incentivo a la delincuencia organizada a traficar drogas de los países legales a los países ilegales; entonces, ese es un incentivo que le da mucho dinero a la delincuencia organizada, le brinda muchas ganancias tener sistemas jurídicos que no son compatibles entre los países».
Sin embargo, este no es el caso de Estados Unidos en su relación con México, puesto que la legalización de heroína y cocaína únicamente se hizo en Oregón; es decir, el impacto para los cárteles que se dedican a traficar con drogas es menor.
Por el contrario, Buscaglia indica que en países donde existen grandes grupos de la delincuencia organizada, el problema del narcotráfico «va a persistir con o sin legalización del consumo, con o sin regulación de la producción de algunas drogas. Estos conglomerados se dedican a decenas de delitos organizados muy complejos que van mucho más allá de drogas como la compraventa de seres humanos, el tráfico de migrantes, la extracción de órganos a través de la trata de personas; o sea que esos delitos nada tienen que ver con drogas y esos van a seguir avanzando en los países donde los controles judiciales son muy pobres».
«La buena noticia de tener un régimen de regulación de la producción y la distribución de marihuana o hachís es que las drogas que se vendan están sujetas a controles toxicológicos mucho más adecuados que tienen un efecto menos dañino sobre la salud. (…) Lo importante es que el efecto toxicológico sea limitado, que la gente conozca sus consecuencias y que no sea accesible a las personas menores de edad», agregó en relación a la legalización de drogas en ciertas entidades estadounidenses.
A pesar de todos estos inconvenientes, no descarta la posibilidad de que la legalización de drogas en algunos estados de la Unión Americana ocasione un «efecto multiplicador a nivel regional e internacional», que vaya dirigido hacia la flexibilización de leyes en relación al circuito de consumo de determinadas drogas.
«La experiencia de Uruguay, o de Washington o de Oregón, [puede] conducir a que los demás países con líderes que tienen una visión creativa, liberal, jurídicamente hablando, terminen proponiendo en fallar diferentes mecanismos de reformas legales que apunten a… primero a la descriminalización del consumo de algunas drogas [en Latinoamérica], en donde la mayor parte de nuestro continente todavía criminaliza el consumo de muchas drogas, y después la cuestión de regular la producción y distribución de ciertas sustancias con un criterio toxicológico», indicó.
