SANTIAGO – A 31 años de la ratificación de este instrumento internacional, que fue suscrito y promulgado en Chile en 1990, académicos y expertos plantean que los principales desafíos en la actualidad son considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho más que objetos de cuidado, además de contemplar e incluir sus opiniones en las decisiones que les involucren.
El 20 de noviembre de 1989, la Organización de las Naciones Unidas ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual los países se comprometieron a avanzar en esta agenda con la finalidad de garantizar los cuidados y asistencias especiales, además del acceso a la educación, al desarrollo de la infancia en un ambiente protegido, entre otros puntos.
Pero en este año marcado por la pandemia, ¿cómo se han aplicado dichos principios? Los diferentes países han debido adaptar muchas de esas consideraciones especiales para niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo, el derecho a la educación. La llegada del coronavirus dejó a los escolares del mundo sin clases presenciales, y aquellos países que han vuelto a abrir los centros educacionales, han debido realizar modificaciones para respetar las medidas sanitarias, además de controlar constantemente a quienes asisten para evitar brotes de coronavirus en las comunidades.
Chile no ha sido la excepción, y las autoridades educativas han planteado en reiteradas ocasiones que debieran abrirse los colegios. Sin embargo, la discusión se ha centrado en cómo debieran funcionar para el 2021, sobre todo pensando en aquellas comunidades que por razones socioeconómicas no pudieron entregar clases en línea a sus estudiantes.
Para la psicóloga y académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Ps. María Ester González, las medidas sanitarias y la pandemia, en general, visibilizaron nuevamente el lugar simbólico que se le entrega a niños, niñas y adolescentes en el país.
“La pandemia actual ha dejado al descubierto la deuda histórica que mantiene Chile con la infancia. Hemos sido testigos de innumerables abusos y situaciones de desprotección física, psíquica, material y económica”, señaló González.
Desafíos en el Chile de hoy
De acuerdo con el momento histórico por el cual atraviesa el país, esta nueva conmemoración plantea las necesidades de incorporar las visiones de niños, niñas y adolescentes en la discusión constitucional, grupo etario que representan al 24,2 por ciento de la población. En este sentido, para el coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Ps. Camilo Morales, uno de los principales desafíos están relacionados con la participación ciudadana que les incluya, considerando que el contrato social requiere un alto nivel de representatividad intergeneracional.
“Tenemos una oportunidad inédita de que sean reconocidos como sujetos titulares de derechos y eso debiese quedar explícito, ya que van a ser estos niños, niñas y adolescentes quienes van a heredar este proyecto social y político que está representado en esta nueva carta fundamental. Sería muy triste que pasado un tiempo ellos sintieran que fueron excluidos de un momento histórico como el que estamos viviendo”, señaló Morales.
La académica del Departamento de Educación de la Universidad de Chile, Dra. Mónica Manhey, concuerda con Morales en el sentido de que es necesario considerar las voces de niños niñas y adolescentes en la discusión constitucional, y agrega que es relevante también contemplarles con respecto a lo que quieren respecto de la pandemia y la continuidad de las clases.
“Sería interesante atrevernos a escuchar a los niños, conocer que es lo que quieren ellos y no nosotros, y desde una mirada adultocéntrica, decidir por ellos, sino que, realmente generar espacios donde puedan expresar su voz, decirnos lo que piensan para realmente hacer de este acto algo participativo”, indicó la académica.
Para González resulta fundamental un mayor nivel de compromiso del “mundo adulto”, que establezca garantías que permita poner en el centro a niños, niñas y adolescentes que respeten y acompañen sus decisiones de acuerdo con sus capacidades cognitivas, afectivas, sociales y de madurez.
“Los niños, niñas y adolescentes tienen algo que decir respecto de sí mismos, de su familia y de su comunidad y en ese proceso de habilitación como sujetos, el adulto juega un papel primordial. Necesitamos una ley que garantice y resguarde la promoción de los derechos de la infancia y prevenga la vulneración de los mismos”, mencionó la experta.
