LA PAZ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Bolivia calificaron como «desconcertante» a la detención de un alto jefe militar acusado de asesinato por su supuesta responsabilidad en una de las masacres ocurridas tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.
«Lo sucedido el día de ayer (24 de noviembre) para las Fuerzas Armadas fue desconcertante. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común (…), enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad», dice un comunicado del alto mando castrense.
La declaración fue leída a la prensa por el comandante en jefe de las FFAA, general Jaime Zabala, al día siguiente de que un fiscal de Cochabamba (centro) ordenara la aprehensión del alto mando de la guarnición militar de ese distrito, general Alfredo Cuéllar, el primer uniformado procesado por la violencia política del año pasado.
Además de Cuéllar, serán procesados otros dos jefes policiales, un segundo militar y los exminsitros de Defensa, Luis Fernando López, y de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la fiscalía.
Cuéllar, quien sería puesto a disposición de un juez cautelar el 26 de noviembre, es uno de los señalados en un informe del parlamento que calificó como masacres y crímenes de lesa humanidad a las muertes de al menos 27 civiles, incluidos 12 en Cochabamba, por la represión militar y policial a las protestas contra el golpe.
Ese informe recomendó un juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020) y juicios penales ordinarios contra autoridades militares y civiles responsables de la represión.
Zabala defendió la actuación de los militares en la represión que siguió a la autoproclamación presidencial de Áñez, afirmando que sus tareas «se enmarcaron en la leyes, decretos supremos y reglamentos en actual vigencia, [en] apoyo a las fuerzas policiales».
«Las Fuerzas Armadas no actuamos de forma arbitraria, cumplimos acciones de mando dispuestas por el Capitán General de las Fuerzas Armadas», cargo constitucional que ostentaba Áñez hace un año, señaló el comunicado.
El comandante castrense añadió que esperaba que el grupo de expertos de la Comisión Internaericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició esta semana un trabajo de seis meses en Bolivia, haga «una investigación profunda e imparcial de los sucesos de 2019 y la actuación de las Fuerzas Armadas».
La CIDH, en un informe preliminar a fines del año pasado, fue el primer grupo internacional que calificó como masacres a las muertes en protestas contra Áñez y denunció como violación del derecho internacional a un decreto de la presidenta que liberó a los militares de responsabilidades penales por la represión.
