Luego de que el gobierno mexicano tomara la decisión de hacer público el expediente de la Agencia Antidrogas de EEUU sobre el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el país de violar el Tratado de Asistencia Legal Mutua.
«Estamos profundamente decepcionados por la decisión de México de cerrar su investigación sobre el exsecretario de Defensa Nacional […] La publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos, y pone en duda si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México», reza el comunicado del Departamento de Justicia de EEUU.
El organismo subrayó que el expediente fue compartido con México de manera confidencial y que el propio Departamento de Justicia respalda la investigación realizada por la DEA.
«Los materiales difundidos hoy por México muestran que el caso contra el general Cienfuegos, de hecho, no fue inventado […] Esos materiales también muestran que la información en la que se basó para acusar al general Cienfuegos fue recopilada legalmente en Estados Unidos, de conformidad con una orden judicial, y en pleno respeto de la soberanía de México», se lee en el comunicado.
El 15 de enero la Secretaría de Relaciones Exteriores de México divulgó el expediente de la investigación al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Se trata de un archivo en formato PDF de 751 páginas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionó al Gobierno mexicano y que el mismo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó a la Fiscalía de la República para su análisis.
En dicho documento, las autoridades estadounidenses señalan que el general «nunca fue el objetivo central de una investigación«, sino que descubrieron la información que «reflejaba su actividad lícita».
De acuerdo con la DEA, la investigación que comenzó en el 2013 está basada en «interceptaciones electrónicas… a dispositivos de comunicación utilizados» por presuntos distribuidores minoristas en Las Vegas y que «no hubo interceptaciones electrónicas hechas en territorio nacional mexicano». También subrayaron que no intervinieron directamente en las comunicaciones de Cienfuegos.
Donde se usaron la interceptaciones fue en dispositivos y aplicaciones de Daniel Silva Garate, el H9, integrante del cártel de los Beltrán Leyva. Según la investigación de la Agencia Antidrogas, fue a través de Daniel Silva Garate como se pusieron en el contacto H2, el presunto líder de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón Sánchez y el general Cienfuegos, acusado como coconspirador.
La DEA asegura que en las reuniones que tuvieron lugar entre 2015 y 2017 Cienfuegos figuraba como un intermediario para el traslado de fentanilo de México a EEUU. En las conversaciones atribuidas a Zepeda aparecen mensajes sobre transacciones, operativos, fotografías de armas, vehículos, etc.
A altas horas la noche del 14 de enero la Fiscalía General de la República mexicana determinó no ejercer acción penal en contra del general en retiro bajo el argumento que no encontró pruebas de que haya tenido conversaciones con el extinto líder del Cártel H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, en los que supuestamente se habló del tráfico de droga y sobornos, de acuerdo con las acusaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de EEUU respondió que mantiene el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de Defensa de México si el gobierno del país latinoamericano no lo hiciera.
A su vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la DEA de fabricar delito a Salvador Cienfuegos y apoyó la decisión de Fiscalía General de la República (FGR) de exonerarlo.
