CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un proyecto de reforma legislativa del líder de la bancada oficialista en el Senado mexicano, Ricardo Monreal, promueve regular las redes sociales para «evitar excesos» sin ejercer censura; sin embargo, la iniciativa es cuestionada por organismos civiles defensores del derecho a la libertad de expresión.
El líder senatorial del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) plantea que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la entidad autónoma del Estado que autorice las condiciones de operación para las empresas de redes sociales.
Esa entidad dictaría las normas de las plataformas digitales de Internet, además atendería las quejas de usuarios y controversias sobre contenidos en redes sociales, tales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram, TikTok, entre otras.
El proyecto fue presentado después que, a principios de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara como una «censura» de los gigantes tecnológicos el bloqueo y suspensión de las cuentas del entonces presidente estadounidense Donald Trump y sus seguidores, en el marco de los violentos disturbios de sus partidarios en el Capitolio, sede del Congreso de EEUU.
Riesgos para la libre expresión
Martha Tudón, coordinadora del programa de Derechos Digitales de Artículo 19, señala que el principio de «neutralidad de la red» establece que «no se debe privilegiar a un determinado paquete de información, plataforma o contenido con respecto a otros en Internet».
Ese principio indica que cualquier información en la red debe ser tratada con igualdad, sin discriminación, restricción o interferencia, «independientemente de su remitente, destinatario, tipo o contenido, para que la libertad de elección de los usuarios no esté restringida».
La responsable de la organización que toma su nombre del artículo que consagra la libertad de expresión en La Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que en el proyecto de reforma «existe un profundo desconocimiento sobre el rol del Estado como regulador de servicios en Internet y sobre sus implicaciones en la libertad de expresión e información en línea».
Artículo 19 ya ha planteado a principios de este mes que el senador Monreal propone «enfoques restrictivos de la libertad de expresión en las plataformas digitales».
Por ejemplo, en abril de 2020 intentó reformar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para obligar a las plataformas digitales extranjeras a que al menos 30% de su catálogo de contenidos estuviera conformado con producción mexicana.
El resultado habría generado una reducción en la diversidad de contenidos, «teniendo un efecto devastador en el derecho a la cultura, ciencia y conocimiento» en Internet, cuestionan los expertos.
Preocupación legítima, propuesta equivocada
Tudón estima que la preocupación que surgió a partir de la cancelación en redes sociales de las cuentas de Trump «es legítima, por el gran poder de gigantes de redes sociales sobre la forma en que la gente se comunica actualmente».
Sin embargo, considera que hay un desconocimiento del funcionamiento de la red global en todas sus capas, que le resta legitimidad a la propuesta.
La reforma «haría mucho más daño que el problema que propone solucionar (…), porque propone otorgar al IFT atribuciones de censura previa, al no autorizar algunas plataformas» antes de su lanzamiento.
Por ejemplo, Monreal ha equiparado a las redes sociales con los medios tradicionales, como la radio y la televisión, con lo cual considera que «Internet y el ciberespacio son espacios públicos, es decir, que son propiedad de la nación».
Artículo 19 considera que ese enfoque es «contrario a los estándares regionales e internacionales en la materia».
En efecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación, como telefonía, radio y televisión, no pueden transferirse sin más a Internet, «sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades».
¿Censura o violación de reglas?
Monreal afirma que la decisión de suspender las cuentas de Trump por propagar discursos de odio y noticias falsas en las redes sociales, es una «censura».
Con esa valoración el senador oficialista plantea que las «redes sociales relevantes», que tienen un millón o más de suscriptores o usuarios, «necesitarán la autorización del IFT para prestar el servicio de redes sociales».
Las redes autorizadas podrán suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o cancelar en forma definitiva una cuenta, «pero dichos términos y condiciones deben ser autorizados por el IFT».
En cambio, la postura de los defensores de la libertad de expresión es por garantizar el pluralismo en línea.
Además, Artículo 19 señala que una legislación sobre la materia debe tener un alcance «estrictamente limitado», con un nivel de intervención estatal acotada, «que evite centrarse en la regulación de contenidos».
El riesgo de un «efecto irreparable» de una intervención del Estado en el flujo de información es que «impondría barreras para la libertad de expresión en el espacio digital».
Aunque el Gobierno de México es señalado por la oposición de utilizar robots en las redes, el mandatario mexicano anunció el mes pasado que coordina con los países miembros del Grupo de 20 países industrializados y emergentes (G-20), una propuesta conjunta contra las restricciones aplicadas por las compañías en la red global.
