Los próximos gobiernos, pero también los candidatos a constituyentes tenemos un problema mayúsculo: ¿Cómo va a atender el Estado en forma eficaz y con sentido de urgencia la dramática crisis de millones de chilenos que no van a tener ahorros previsionales? Acaba de ingresar a trámite un proyecto de ley para autorizar un tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP. Con los dos retiros anteriores, forzados por una crisis a la que el Gobierno respondió con cajas de alimentos no perecibles y con unos subsidios inaccesibles por la focalización, la cantidad de requisitos en letra chica: casi 4 millones de chilenos se quedaron sin ahorros previsionales.
Esta días, las secciones financieras de los medios celebran la tendencia a la recuperación del empleo tras la pérdida de 2 millones de puestos laborales por la pandemia. Pero resulta que el 61,7% de las 953 mil nuevas plazas laborales creadas desde junio son empleos informales, trabajadores que no cotizan ni pueden ahorrar para pensionarse. Peor aun, en estos “empleos negros” sin contrato ni previsión, ni siquiera figuran las mujeres. Ellas están en sus casas, sin acceso al mercado laboral, sin cotizar tampoco. Para completar el cuadro, el intrincado proyecto de Reforma Previsional que está agonizando en el Senado volvió a postergarse para marzo, si acaso.
Es la hora, como en muchas materias, de que el Gobierno y los actuales poderes de un Estado en el que la ciudadanía ya no confía mucho -Congreso, Poder Ejecutivo- esperen las propuestas de la Nueva Constitución. Si vamos a definir a Chile como un país con economía SOCIAL y sustentable de mercado, si queremos un Estado orientado al Bien Común, con derechos sociales que incorporen el principio de solidaridad, es la Nueva Constitución la que debe dar el marco para enfrentar la crisis de las pensiones y atender las demandas del Estallido Social y la movilización ciudadana que generaron este proceso constituyente. Y una manera concreta y viable de cumplir con el derecho a una vejez digna es establecer una Pensión Mínima Universal equivalente al ingreso mínimo y financiada por el Estado.
Chile cambió con el Estallido Social y con la pandemia, y entre las cosas que cambiaron está el piso de condiciones mínimas en que los chilenos aspiran legítimamente a vivir. Frente a este un nuevo piso ético y social mi propuesta es que la Nueva Constitución le dé a las chilenas y chilenos adultos mayores la seguridad de contar con un respaldo del Estado que al menos equivaldrá al ingreso mínimo que puede pagar la economía, además de los ahorros previsionales que puedan hacer a su largo de su vida laboral y depositarlos en instituciones serias y con rentabilidad.
Supongo que los mismos economistas que auguraban el fin del mundo si se autorizaba el retiro del 10% preguntarán de dónde sacamos el financiamiento para una Pensión Mínima Universal; dirán que es una propuesta populista. Pues resulta que como se vienen las elecciones presidenciales, o quizás porque el debate está maduro, en las últimas semanas los centros de estudio de la derecha, fundamentalmente, y el presidente de la CPC, vienen proponiendo un Ingreso Básico Universal (IBU), gradual, al 2030. Lo califican como financieramente viable y necesario. A cambio de este tentador IBU, habría que cerrar muchos o la mayoría de los programas sociales del Estado y terminar con los subsidios focalizados en los quintiles más vulnerables. Frente a un IBU incierto, hago una propuesta más acotada, razonable y proporcional: que la Nueva Constitución garantice el derecho social a una Pensión Mínima Universal equivalente al sueldo mínimo. Si dicen que se puede lo más, bien se puede lo menos.
Ciertamente se pueden cerrar programas sociales que ya no cumplen sus objetivos porque fueron diseñados hace 25 años, y se puede redestinar las platas de subsidios hiperfocalizados en los sectores vulnerables y que nunca se ejecutan por completo. Contamos además con los fondos del presupuesto especial para el Covid de 12 mil millones de dólares de los cuales, este gobierno “amarrete” apenas ha ejecutado un tercio. Hay margen de deuda pública, el Estado tiene inmejorables condiciones para el crédito internacional, hay fondos soberanos acumulados para situaciones especiales, y qué situación más excepcional que ésta. Golpea sobre todo a las mujeres, porque viven más años y cotizan menos o no cotizan. Por último, tenemos que hacer una reforma tributaria que responda a esas demandas sociales que el país exigió durante meses a costa de vidas humanas, ojos perdidos, e incluso de una violencia política que no queremos mantener latente para un eventual próximo estallido. La crisis de la pandemia la pagamos de nuestros bolsillos (y con nuestras pensiones futuras) todos los chilenos y chilenas. Es hora de que los empresarios nos devuelvan la mano con una reforma tributaria.
Ya antes de la pandemia y de los 4 millones de chilenos sin fondos previsionales, el promedio de las pensiones era de $259.000 pesos, según estimó la comisión Bravo creada por la Presidenta Michelle Bachelet para enfrentar el problema arrastrado por décadas producto del error de cálculo del modelo previsional basado en las AFP y en la capitalización del ahorro individual. El 79% de las pensiones eran inferiores al salario mínimo y un 44% eran menores a la línea de pobreza. El 94% de las mujeres jubiladas en modalidad de Vejez Edad Retiro Programado (AFP) recibía menos de $154.304 mil pesos. Todos estos adultos mayores sobrevivían gracias a las ayuditas que podían darle sus hijos, hoy cesantes.
Una Pensión Mínima Universal equivalente al sueldo mínimo y que se implemente una vez plebiscitada la Nueva Constitución podría beneficiar la recuperación de la economía vía aumento del consumo y muchas sinergias virtuosas; las personas podrían co-financiar programas, se podrían implementar políticas piloto de soluciones habitacionales cooperativas para la tercera edad con más vida comunitaria y cuidadores. Una Pensión Mínima Universal pagada por el Estado descomprime la discusión legislativa eterna y plagada de lobbys: por sobre este Derecho Social garantizado, que haya todas las opciones previsionales elegibles para quienes tengan ahorros que invertir para la vejez: Afps, seguros, bancos, sistemas mixtos, AFP estatal. Yo no creo que la prioridad de la mayoría de los chilenos sea terminar con las AFP, “No+AFP” ni “ke ardan las AFP”. Si existiera la garantía, tal como la tienen otros países de la OCDE, de una pensión a todo evento que hoy sería de 320 mil pesos, el destino de las AFP pasaría a segundo plano. La cuestión es que somos un país que se gastó los ahorros previsionales por el Covid, somos un país que envejece demográficamente (en los últimos 25 años la población de adultos mayores ha crecido cerca de un 70%) y los alimentos no perecibles de las cajas se nos acabaron hace meses.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Laura Albornoz Pollmann – Laura Elvira Albornoz Pollmann es una abogada, académica, investigadora y política chilena. Fue ministra de Estado de la presidenta Michelle Bachelet durante su primer Gobierno y candidata a la Convención Constitucional por el Distrito-10
