Corrupción, violencia e inestabilidad social y política. La crisis en América Latina continuó en 2020 e hizo de la región más desigual del mundo, la más afectada por la pandemia, y con un detalle más. Han sido «propiciadas» por el narcotráfico y otros delitos transnacionales, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
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La pandemia de COVID-19 ha afectado a las rutas de tráfico, la oferta y la demanda de drogas y las formas del microtráfico en América del Sur. Sin embargo, la ruta de tráfico de cocaína —con destino a América del Norte, Europa y el resto del mundo— se mantuvo intacta en la región de Centroamérica y el Caribe.
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«Al aplicarse en toda la [región] medidas de confinamiento con diversos grados de rigor, las organizaciones delictivas volvieron a demostrar su capacidad de adaptarse a situaciones nuevas», según el informe anual 2020 de la entidad internacional que fiscaliza los narcóticos, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
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A su vez, también resalta la predominancia que han cobrado el tráfico y consumo de las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas en la última década, y asevera que ahora merecen el mismo nivel de seguimiento y vigilancia que el cannabis, la cocaína y otros narcóticos sometidos a fiscalización internacional.
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América del Sur: la fábrica de cocaína
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La fabricación y presencia de drogas sintéticas —especialmente en Chile—, «están aumentando», advierte la JIFE. Incluso señala que pese a que en Colombia disminuyó la superficie de cultivo de coca, la producción de cocaína aumentó en un 1,5 % en 2019.
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Las fluctuaciones de la oferta y la demanda por los cierres de fronteras también han afectado el precio de las drogas en la región. En Brasil, subió el precio de la cocaína y en Colombia se observó una tendencia similar en el de la pasta de coca.
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Entre enero y abril de 2020, uno de los efectos de la COVID-19 en la demanda de cocaína fue que el precio de la hoja de coca disminuyó en un 46 % en Perú, y en un 58 % en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una de las principales zonas de cultivo de coca de ese país. En Perú también disminuyeron los precios del clorhidrato de cocaína y de la pasta de coca, en un 25 % y un 23 %, respectivamente.
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Durante la pandemia, se crearon nuevos canales de tráfico para eludir el cierre de las fronteras y las restricciones a los viajes por tierra y aire, y las rutas marítimas cobraron gran importancia. Los traficantes aprovecharon la falta de capacidad de algunos países de la región para detectar e incautar las drogas que se trafican por el agua.
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También aumentó el uso de aeronaves ligeras, que eludían los radares volando a baja altura para transportar drogas entre Bolivia, Brasil y Perú.
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Centroamérica y el Caribe: la ruta de las drogas
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La JIFE asegura que Centroamérica y el Caribe sigue siendo una de las zonas de reexpedición de drogas ilícitas más importantes del continente, en particular de cocaína, y que en diversos países también se está refinando. Sin embargo, tras las medidas restrictivas aplicadas por los Gobiernos en las fronteras para contener la propagación del COVID-19, las rutas por vía aérea se «perturbaron», y el tráfico por vía terrestre disminuyó. No obstante, los traficantes continúan intentando transportar grandes cantidades de cocaína por vía marítima, como corroboran las importantes incautaciones de 2020.
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En la región, las maras siguen siendo las que trafican drogas ilícitas. La JIFE señala que en Panamá, una organización criminal conocida como «Bagdad» e integrada por varias bandas más pequeñas, está ampliando sus actividades delictivas. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el llamado Triángulo Norte, las bandas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 siguen con sus actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas y el cobro de pagos de extorsión, que tienen un «impacto corrosivo» en la vida de los ciudadanos y las economías de los países.
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Además, a la JIFE preocupa el consumo de cocaína, pero ahora también de anfetaminas y fármacos estimulantes en las comunidades locales centroamericanas.
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¿Qué pasa en Norteamérica?
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Durante el 2020 aumentaron los casos de sobredosis y muertes por el uso abusivo de drogas ilícitas, lo que según la JIFE, «supone una crisis». El tráfico también creció, junto al incremento del uso de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Además, «la amenaza de los opioides sigue siendo epidémica», y las drogas fabricadas ilícitamente cada vez son más tóxicas.
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Las medidas de legalización del cannabis y las iniciativas de despenalización en América del Norte siguen su evolución y dan forma al mercado regional del cannabis. Algunos gobiernos locales y nacionales de la región han aprobado medidas para legalizar y despenalizar el uso del cannabis con fines no médicos.
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En Estados Unidos, Oregon y Washington, D.C. autorizaron medidas adicionales de despenalización de estupefacientes relacionadas con otras sustancias ilícitas, como la psilocibina.
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México, por su parte, aprobó una ley que permite el consumo de adultos con fines no médicos. Las políticas y enfoques de control de drogas de México «se centran más en la salud pública», asegura Naciones Unidas.
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