Recientemente se acaban de conmemorar los 73 años del asesinato de líder colombiano Jorge Eliecer Gaitán. El suceso inauguró el período de violencia política más larga y encarnizada de todo el continente americano y convirtió a Colombia en un país con una profunda fractura social que se mantiene al día de hoy.
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Fueron necesarias casi seis décadas de guerra interna para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Juan Manuel Santos dirimieran diferencias en 2016.
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La Habana sirvió como punto de encuentro para el diálogo, tras grandes esfuerzos realizados desde Venezuela por el entonces presidente de la República, Hugo Chávez.
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A casi cinco años de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, otros grupos insurgentes y la Casa de Nariño, los acuerdos han resultado en letra muerta y siguen afectando a los países vecinos, en especial a Venezuela.
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Las causas del fracaso
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Para la investigadora en geopolítica y miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, María Fernanda Barreto, había que tener un cierto escepticismo en los acuerdos de paz en especial, porque el Gobierno colombiano, dominado por los intereses conservadores, nunca tuvo «ninguna disposición para acordar cambios estructurales que realmente significaran el fin de las causas del conflicto social que vive el país y que son la raíz del conflicto armado«.
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Para Barreto, aun cuando el esfuerzo de la firma de los acuerdos de paz trajo consigo una disminución en la intensidad del conflicto, se comenzó a gestar un fenómeno a la larga más pernicioso: el avance narco paramilitar en los territorios que las FARC iba abandonando.
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«Se inició un exterminio contra los excombatientes guerrilleros y dio inicio un nuevo genocidio contra líderes y lideresas sociales, y finalmente la llegada del uribismo al poder significó que se fue coactando la acción política del naciente partido FARC y los acuerdos fueron francamente violados sobre la idea errada de que fue un Gobierno y no el estado quien los firmó. Es decir, a pesar de que los acuerdos obligaban al cumplimiento por parte de los Gobiernos posteriores, el uribismo siempre guerrerista y enemigo de las negociaciones decidió desconocer esa obligación y ha ido violando punto a punto del acuerdo del 2016», sentencia la investigadora.
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Carlos Alberto Mora, miembro del partido Colombia Humana, comparte esta sensación de pesimismo.
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Como líder político, considera que los acuerdos de paz fracasaron porque nunca atendieron las raíces del conflicto colombiano, la tenencia de la tierra.
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«En los acuerdos que ellos establecieron, dejaron cosas importantes como lo es una reforma agraria bien estructurada y planteada, que es en sí el caldo de cultivo para la creación y conformación de las guerrillas hace ya 70 años», destaca.
Mora es tajante al afirmar que un asunto son las expectativas de la mayoría del pueblo colombiano, «que desea la paz», y otro los intereses de «las castas políticas, las familias que nos han gobernado durante toda la vida republicana».
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«No les interesa la paz. Primero, porque pierden el poder. Segundo, porque la guerra les da un buen caudal de dinero y porque se alimentan de algunos hechos colaterales al conflicto como es el narcotráfico, el robo de tierras y la explotación minera. Todo ello les da un poder económico y si hay en Colombia paz, que es lo que todos anhelamos, ellos llegarían a perder esos privilegios que no solamente les otorga la ley que ellos han construido sino el mismo poder que han ostentando durante toda la vida», agrega.
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El dirigente político de Colombia Humana, considera que si bien la mayoría de las FARC, alrededor de 11.000 combatientes, están sin armas producto de los acuerdos, otros decidieron retomarlas por el incumplimiento de los mismos.
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«Como resultado tenemos entonces dos grupos armados que nacen directamente de las antiguas FARC. Santrich y compañía toman el nombre nuevamente de FARC y hay un grupo al que nosotros conocemos en Colombia como los disidentes, ellos fueron los que no quisieron entrar en el proceso de paz. Resultó ser un fiasco, porque no se está cumpliendo con los acuerdos y porque desafortunadamente, al día de hoy, van alrededor de 350 excombatientes asesinados, al parecer es un plan exterminio como sucedió con la antigua Unión Patriótica, a quienes les asesinaron alrededor de 4.800 miembros, casi que lo desaparecen», puntualiza.
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El uribismo como gran obstáculo de la paz
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María Fernanda Barreto opina que si algo entorpece el proceso de paz colombiano es que dicho país ha perdido completa soberanía sobre su territorio, en especial, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder y su iniciativa de convertir a Colombia en un enclave del Pentágono.
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«Mientras el país siga siendo una base militar estadounidense, la principal nación huésped del imperialismo en la región seguirá subordinando todas sus decisiones a los designios de Washington, a quien solo le interesa su poder para controlar y disponer de nuestras riquezas. La paz de Colombia es solo una variable para quien define políticas desde Estados Unidos», opina.
Carlos Mora añade que, durante los dos periodos de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, comprendidos entre los años de 2002 y 2010, se desarrolló la política de «seguridad democrática». Una iniciativa que consistió en perseguir en caliente las guerrillas, especialmente a las FARC.
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«Con el objetivo de presentar grandes resultados al pueblo colombiano y al mundo entero, ejecutó un macabro plan que consistió en asesinar a jóvenes que fueron reclutados bajo engaño por el ejército nacional y algunos por sus aliados más cercanos, los paramilitares, y presentados como guerrilleros caídos en combate», explica el dirigente político.
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Mora señala que las masacres fueron denunciadas en su momento por el Senador de la República, Gustavo Petro. No obstante, fueron desestimadas por el Gobierno y la prensa Nacional.
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«Hoy, el tribunal conocido como Justicia Especial para la Paz (JEP), que forma parte de los acuerdos entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno, da un dato parcial de las víctimas que asciende a 6.402 jóvenes no mayores a 20 años de edad. Datos extraoficiales de organismos nacionales e internacionales dicen que los masacrados superan los 15.000 jóvenes. Por último cabe añadir que el expresidente Uribe, su partido y el Gobierno han hecho ingentes esfuerzos por eliminar la JEP, bajo el falso argumento que ese tribunal se creó para darle impunidad a las FARC, cosa que en la práctica ese Organismo ya declaró culpable a la cúpula de esa guerrilla por múltiples delitos», enfatiza Mora.
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A juicio de Mora, una de las consecuencias más notables del fracaso de los acuerdos de paz tiene que ver con que el narcotráfico y las bandas criminales han ganado terreno en todo el país e impuesto una violencia dirigida hacia los líderes sociales y populares del país.
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El dirigente asocia el auge de las Autodefensas Colombianas, grupos paramilitares armados que controlan el flujo de la droga en el país, con la llegada del actual Gobierno de Duque.
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«El año pasado 2020, sucedieron alrededor de 86 masacres y en lo que va corrido de este año llevamos 9, desafortunadamente ése ha sido el gran problema en Colombia, las masacres suceden por pelea entre narcos, la pelea entre bandas por el territorio, por el poder de la droga y porque muchas de esas personas que reclaman tierras o que defienden el agua, que defienden su territorio, son asesinadas, la gran mayoría de ellas viven en enclaves hídricos y mineros, desafortunadamente el gobierno nacional ha hecho caso omiso e incluso a los reclamos y requerimientos que han hecho organismos internacionales no le prestan atención y como resultado vemos es que nuevamente el territorio colombiano está manchado con sangre de inocentes de gente trabajadora que quiere el desarrollo y el progreso para el país», finaliza.
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¿Habrá paz?
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Carlos Mora no tiene reparos en considerar que es «imposible» que se retomen las vías de la paz mientras Iván Duque y Álvaro Uribe controlen el poder político en Colombia.
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«Debemos decir que, para el Gobierno colombiano, la guerra es el sustento político, ellos sin las guerrillas pierden mucho espacio y pueden perder hasta el poder, por eso lo necesitan en el monte, por eso ellos los necesitan con armas combatiendo», enfatiza.
Por último, Mora destaca que existen poderes fácticos en el país neogranadino, «unas cinco familias, que son verdaderos clanes y que manejan el narcotráfico y las autodefensas colombianas», para quienes la guerra es «una buena opción».
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«Eso les permite manipular el Congreso, manipular todas las instituciones del Estado, eso les permite apoderarse de la tierra, apoderarse de los enclaves hídricos y mineros, eso les ha permitido durante mucho tiempo legislar como ellos les conviene. Lo que nosotros queremos —y estamos en ese sentido trabajando— es en buscar caminos de reconciliación y caminos de paz. Pero para ello necesitamos llegar al poder. Estamos a través del movimiento político Colombia Humana buscando una alternativa diferente. Y es la de aglutinar la gran mayoría de los movimientos y partidos políticos, con el pueblo inconforme, para poder nosotros llegar a la institucionalidad y desde ahí generar cambios significativos, donde zanjemos la guerra, donde evitemos el desgreño administrativo y donde nosotros podamos vencer una de las situaciones más difíciles que vive Colombia, que es la posesión de la tierra y la corrupción», finaliza.
Mauricio Montes – Historiador y entusiasta de la fotografía. Recopilador de las historias mínimas que nacen en las luchas de resistencia de nuestros pueblos latinoamericanos.
