Un grupo de ciudadanos argentinos inició una campaña pública para que Argentina se haga cargo de la administración del Río Paraná, por donde pasa el 70% de las exportaciones del país. Según los impulsores, la medida resolvería en poco tiempo los problemas de la economía nacional.
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Para comprender la importancia del Río Paraná en América del Sur, basta con repasar algunos datos. Desde su origen en Brasil —donde divide a los estados de Sao Paulo y Mato Grosso do Sul— hasta su desembocadura en el Río de la Plata, son 2.570 kilómetros de extensión. Con un caudal promedio de entre 17.000 y 20.000 metros cúbicos por segundo, se asemeja a otros ríos notables del planeta como el Misisipi, de Estados Unidos, o el Ganges, en India, y se convierte en el curso de agua más importante de la Cuenca del Plata.
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Y, si bien su relevancia también es clave en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, el potencial económico es el que consolida al Río Paraná como un activo estratégico para los países del Cono Sur. En efecto, la Comisión Mixta del Río Paraná (conformada por delegaciones de Argentina y Paraguay) destaca que el río atraviesa «las dos mayores áreas económicas del subcontinente: por un lado, el Estado de Sao Paulo, en el norte, y por el otro, el eje fluvial industrial Santa Fe- La Plata en el sur».
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Esa relevancia es la que llevó a un grupo de argentinos a iniciar una campaña con el objetivo de oponerse a lo que consideran «la entrega de soberanía del Río Paraná» por estar en manos de empresas privadas. Para los promotores de la idea, es un momento propicio para que el río deje de ser «una vía de contrabando, evasión y contaminación».
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La campaña, instrumentada a través de la plataforma Change.org y con más de 20.000 adhesiones virtuales a mediados de abril, advierte que el año 2021 trae consigo «una oportunidad de oro que podría garantizar que Argentina resuelve en un breve lapso de tiempo los gravísimos problemas económicos que atraviesa, a través de un notable incremento de la recaudación y de la generación genuina de divisas».
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Según los impulsores de la iniciativa, este 30 de abril cae una concesión hecha en 1995 por el expresidente Carlos Menem (1989-1999), que adjudicó a la empresa Hidrovía S.A. la administración de la vía navegable del Río Paraná, entre su kilómetro 584, en el acceso al Puerto de Santa Fe, y las zonas de aguas profundas naturales en el Río de la Plata.
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¿Es posible estatizar el Río Paraná?
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La concesión culminó por primera vez en 2010 pero fue prorrogada durante el Gobierno de la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández (2007-2015). Ante la posibilidad de un nuevo cambio de gestión del río, los autores de la petición pública plantean pasarla de manos privadas a manos públicas integralmente.
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La propuesta defiende la posibilidad de «crear una empresa estatal que se haga cargo de controlar, supervisar y cobrar los gigantescos peajes del tránsito fluvial por el Paraná» y prevé la participación en la gestión de las siete provincias argentinos con costas sobre el río: Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
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Algunas cifras recabadas por los impulsores de las iniciativa avalan la hipótesis de que una nacionalización de la administración tendría un valor estratégico para la economía argentina: a través del río circulan 6.000 barcos anuales con más del 70% de las exportaciones de Argentina, que solo en 2020 representaron más de 51.000 millones de dólares.
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«Por el Paraná salen casi todas las exportaciones agroindustriales del Mercosur pero sometidas a los intereses de las cerealeras multinacionales, el contrabando descontrolado y la destrucción de bosques y humedales para expandir la frontera agraria», consignan los activistas.
La magnitud del negocio que podría representar para el Estado argentino es tal que la campaña destaca que, con los ingresos derivados de la administración del Río Paraná, «en tres años de recaudación se podría pagar nuestra deuda externa».
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Los impulsores de la iniciativa aseguran que en la nueva concesión está en juego «la soberanía» de Argentina «pero también miles de empleos, desarrollo e integración regional, cuidados ambientales y mayor recaudación fiscal».
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«Hoy le estamos pidiendo que nuestro río quede bajo control del Gobierno argentino, para que los beneficios que produce sean disfrutados por todo nuestro pueblo y no solo unos pocos», asegura la campaña, dirigida al presidente Alberto Fernández.
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