Organizaciones chilenas e internacionales, apoyadas por el exjuez español Baltasar Garzón, ingresaron a la CPI una acusación contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por eventuales crímenes de lesa humanidad cometidos por su administración durante las protestas del estallido social en octubre de 2019, informó el medio Ciper.
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«El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH) y otras organizaciones enviaron hoy un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la abogada Fatou Bensouda, para que el tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos desde octubre de 2019», consignó el Centro de Investigación Periodística (Ciper), citando el escrito.
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El documento pide enjuiciar a Piñera y a todos sus colaboradores civiles, militares y policiales, señalando que los supuestos crímenes se cometieron de manera generalizada y sistemática durante el movimiento de protestas denominado «estallido social».
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Los denunciantes aseguraron que la justicia chilena archivó más de 3.000 causas de violaciones a los derechos humanos sin investigación, señalando que esto «pone de manifiesto la impunidad que se vive en Chile».
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«Los casos son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final», argumentaron los denunciantes.
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Sin embargo, el medio aclara que la CPI puede tardar años solo en debatir la admisibilidad de la acusación.
El estallido social, que surgió en octubre de 2019, fue un movimiento de protestas contra la administración de Piñera y el modelo neoliberal, donde la represión policial y militar dejó miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
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Estas denuncias fueron confirmadas por informes de la Organización de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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