Los países de la Unión Europea fueron los primeros en acordar un ‘certificado COVID’ que determinará cómo los viajeros podrán moverse en su territorio. La medida puede convertirse en un dolor de cabeza para los latinoamericanos. ¿Cómo funciona el certificado COVID? Según expertos, ¿hay discriminación detrás del documento?
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Desde que la evolución de la pandemia de COVID-19 permitió imaginar una reactivación progresiva del turismo internacional, la creación de ‘pasaportes COVID’ o certificados para que los turistas puedan circular de forma segura se transformó en el desvelo de los principales destinos del planeta. La Unión Europea fue la primera en ponerlo en práctica pero su implementación no deja de presentar interrogantes en un mundo con respuesta desigual al coronavirus.
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El Certificado COVID Digital, como finalmente se denomina al documento, terminó de ser acordado por el Parlamento Europeo a comienzos de junio, cuando se dispuso que los certificados comiencen a funcionar a partir del 1 de julio en los 27 países miembro además de Islandia, Noruega y Liechtenstein.
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La resolución remarca que el certificado se exigirá durante un plazo de 12 meses contando desde julio de 2021 y que no eliminará los requisitos tradicionales para viajar a los países, como visas, seguros o pasaportes.
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En efecto, el objetivo del certificado no es definir si una persona puede o no ingresar al país al que viaja, ya que eso dependerá de su situación legal, sino facilitar que, en caso de tener el certificado, el turista no deba cumplir una cuarentena preventiva durante su estadía.
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¿Cómo funciona el Certificado COVID para viajar a Europa?
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Tal como su nombre lo indica, el certificado ideado por la Unión Europea será un documento digital, al que podrá accederse a través de un código QR que el turista exhibirá en su teléfono móvil o impreso en un papel.
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Si bien es denominado como un certificado, la Unión Europea insiste en que en realidad se trata de tres tipos diferentes de certificados, dependiendo de la realidad del turista. En todos los casos, los turistas deberán tramitar el certificado en sus respectivos países, antes de intentar ingresar al territorio europeo.
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Certificado de vacunación
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Las personas que ya se encuentren vacunadas contra el COVID-19 podrán tramitar el certificado COVID que testifica su inmunización.
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Pero no todos los vacunados pueden acceder a este certificado. La Unión Europea solo aceptará como válidos los certificados emitidos por las autoridades competentes del país correspondiente y únicamente cuando hayan transcurrido al menos 14 días desde la última dosis del esquema de la vacuna recibida.
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Además, el certificado sobre la vacunación ha resultado polémico por incluir una lista acotada de vacunas contra el COVID-19, lo que dejaría fuera de esta posibilidad a algunas de las más utilizadas en el mundo.
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Hasta mediados de junio, la Unión Europea solo acepta certificados de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y las incluidas en la lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta manera, las únicas vacunas comprendidas en el certificado son las de los siguientes laboratorios:
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Pfizer-BioNTech
- Moderna
- AstraZeneca
- Johnson & Johnson
- Sinovac
- .Sinopharm
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Así, al momento de su lanzamiento el certificado COVID de la Unión Europea excluyó a la Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia y desde mediados de junio fabricada también en Argentina.
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También quedan excluidas las vacunas Soberana 02 y Abdala, desarrolladas y aplicadas ya en Cuba.
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.Certificado de diagnóstico
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Quienes no hayan sido inmunizados con ninguna de las vacunas aceptadas por Europa tienen otra alternativa para ingresar al territorio: presentar un certificado que compruebe que no se encuentran infectados por el coronavirus SARS-CoV-2.
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Se trata del certificado menos novedoso, ya que el requisito de presentar test negativos para ingresar a un país fue una de las primeras medidas implementadas por los países que no cerraron totalmente sus fronteras.
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Para ingresar al territorio, el interesado deberá mostrar un certificado que compruebe que tuvo un resultado negativo para COVID-19 en una prueba de amplificación de ácidos nucleicos (las conocidas como PCR) o de una prueba rápida de antígenos. Por el momento, no se admiten las pruebas serológicas.
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Solo serán válidos los resultados de las pruebas realizadas con un máximo de 48 horas de antigüedad.
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Certificado de recuperación
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Quienes no están vacunados pero ya padecieron COVID-19 pueden utilizar el tercer mecanismo previsto por la Unión Europea.
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Para certificar que se recuperaron, los viajeros deberán presentar certificados emitidos por las autoridades competentes de su país o un servicio médico. El certificado deberá haber sido emitido, como mínimo, 11 días después de que la persona tuvo un test positivo.
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Este tipo de certificados tendrá una validez de 180 días a partir del día en que se tomó la muestra.
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¿Hay discriminación detrás del certificado COVID?
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Desde que anunció la creación del certificado, la propia Unión Europea intentó dejar claro que la medida no podría convertirse en una restricción discriminatoria para posibles viajeros que quieran ingresar a territorio europeo.
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«En ningún caso el certificado COVID-19 podrá utilizarse como documento de viaje ni convertirse en condición necesaria para la libre circulación», remarcó el Parlamento Europeo el 9 de junio, cuando acabó la aprobación de los certificados.
En esa línea, los eurodiputados dieron aprobación a una disposición que instó a los estados miembros de la UE a asegurar «test universales, accesibles, oportunas y gratuitas» como una forma de «evitar discriminación contra los no vacunados y por cuestiones económicas».
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Por supuesto, esta disposición tiene efecto para quienes ya residen en Europa y cuyos certificados son expedidos por Gobiernos de Europa. Los turistas de terceros países tendrán que tramitar los certificados en sus propios países, con los costos que cada gobierno disponga para los test.
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La limitada lista de vacunas incluida en el protocolo también supone un problema. En la lista divulgada en primer lugar no aparece la vacuna Sputnik V, cuya aplicación ya fue aprobada en 14 países de América Latina y el Caribe.
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En efecto, a comienzos de junio la vacuna de origen ruso está autorizada en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.
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En la lista aparecen países que han apostado fuerte por la vacuna rusa: Argentina, Brasil y México. Los tres países más poblados de América Latina han adquirido ya millones de dosis para distribuir entre sus ciudadanos, cuya situación no estuvo comprendida en la disposición inicial del Parlamento Europeo.
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Brasil, por ejemplo, ya adquirió 80 millones de dosis de la Sputnik V, siendo el mayor comprador de esta vacuna en la región. México, en tanto, adquirió 24 millones. Argentina, el primero en comenzar a aplicarla, ya inmunizó a unos 10 millones de argentinos con la primera dosis de la vacuna.
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Para especialistas en turismo como el uruguayo Benjamín Liberoff, viceministro de Turismo de su país entre 2015 y 2020, el mundo del turismo «va a sufrir un cambio radical por un largo período» como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
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Liberoff dijo a Sputnik que las medidas adoptadas por los países para preservar la salud de sus habitantes implica «un aprendizaje necesario» tanto para los destinos turísticos como para los emisores. En ese sentido, consideró que todos los estados deben trabajar en «la soberanía del control sanitario».
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«Soberanía del control sanitario significa que de una u otra forma hay que tener la logística y los recursos humanos capaces de poder certificar que quienes viajan no son factores de contagio para las poblaciones de cada uno de los países», explicó.
Pero al mismo tiempo que mejorar su posibilidad de control, los países deben trabajar en acuerdos internacionales que permitan no excluir a los turistas. Desde su postura de especialista uruguayo, Liberoff valoró que la vacuna antiCOVID del laboratorio chino Sinovac —la más aplicada en Uruguay— fuera finalmente incluida en el certificado de la Unión Europea. Si no hubiera sido así, recordó, los turistas de su país hubieran tenido más dificultades para viajar a Europa.
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El exjerarca apuntó además que su propio país también puede incurrir en algo similar a la Unión Europea, ya que no ha dado aprobación sanitaria a la Sputnik V cuando es la más utilizada en Argentina, principal origen de los turistas que llegan a Uruguay.
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Por su parte, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ricardo Pérez Manrique, dijo a Sputnik que el turismo no deja de ser una cuestión de derechos humanos «porque en su libertad de circulación, cualquier ciudadano debería poder viajar y desplazarse a otro país para conocerlo sin tener impedimentos».
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De todas maneras, el jurista —también de origen uruguayo— reconoció que los países tienen «el derecho de colocar determinadas condiciones para el ingreso para proteger a su población».
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Pérez Manrique puso énfasis en que la pandemia de COVID-19 desnudó la existencia de «un gran problema de gobernanza global» en el que «los organismos internacionales han perdido peso frente a actitudes de los estados». En ese sentido, consideró que «es imprescindible que haya acuerdos básicos» que permitan atender situaciones como la de turistas y, especialmente, la de los migrantes afectados por la pandemia.
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Para el juez, uno de los grandes problemas detrás de la crisis de gobernanza es que «la distribución de vacunas se ha hecho de una forma que es absolutamente discriminatoria y desigual, que perjudica a unos países en favor de otros».
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En ese contexto, Pérez Manrique sostuvo que en el escenario actual «las restricciones a la movilidad van a generar nuevas violaciones a los derechos humanos a partir de un elemento central que es el reparto discriminatorio de las vacunas».
Por Sergio Pintado – Periodista uruguayo. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República de Uruguay, se ha desempeñado como periodista de actualidad y política en medios digitales como Montevideo Portal (2011-2019). Desde 2020 conduce el podcast Seguro de Paro, de análisis político de Uruguay.
