SANTIAGO – La pandemia no solo ha afectado la salud y el bolsillo de todos los chilenos, sino que también al mercado laboral, incluyendo a las personas en situación de discapacidad, quienes representan al 20% de la población total, según el II Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015.
Ángel Oliveros, gerente de Marketing Social de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), comentó que “la ley no tiene muchas características para poder incluir a las personas, sino que incentiva la contratación de personas, lo que va lento por la pandemia. Además, desde las empresas no están las condiciones para poder hacerlo”.
Al estancamiento de los procesos de reclutamiento, se añade la dificultad para implementar una planificación que permita contratar a personas en situación de discapacidad, lo que requiere de tiempo y que las organizaciones sean asesoradas por especialistas. Asimismo, se debe realizar un análisis del puesto de trabajo para proporcionar a las personas en situación de discapacidad las condiciones para ejercer el trabajo. Esto, a través de la “implementación de ayudas técnicas que se necesitan para poder desarrollar las labores y tener accesibilidad al entorno de trabajo y poder desenvolverse”, señaló Oliveros.
A través de las asesorías externas, explicó Oliveros, es posible que las entidades eviten cometer errores, además, de garantizar que quienes estén en situación de discapacidad puedan ser instruidos en algún oficio, y así desarrollarse laboralmente.
“Hay muchas personas en situación de discapacidad que nunca han trabajado o no se les ha enseñado, por lo que deben ser capacitados para incentivar que trabajen. En esa función, nosotros como Fundación lo estamos haciendo”, relató Oliveros, quien agregó que la formación, en general, para las personas que enfrentan una discapacidad es muy básica, sin posibilidades de aplicarlo en un trabajo.
Los cuatro requisitos
Otro de los puntos clave de esta materia es la Ley 21.275 -que se promulgó en 2020 por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social- la cual modifica el Código del Trabajo, exigiendo que las organizaciones adopten medidas que faciliten la inclusión laboral de personas que viven con discapacidad.
Oliveros expresó que esta normativa impulsa el cumplimiento de cuatro requisitos: “por lo menos una persona de RR.HH. debe saber de inclusión laboral, tiene que existir una política de inclusión, se debe implementar un plan anual de capacitación, y asegurar la igualdad de estas personas en eventos o actividades extraprogramáticas”, dijo.
Aun así, para el ejecutivo de FCHD “todavía falta bastante para que la ciudadanía tome conciencia sobre esta materia y, entonces, exista una real inclusión. Después de todo, para tener un país más inclusivo todos, incluidos el Estado, las organizaciones y la sociedad, deben aportar con su granito de arena”.
