Los legisladores se abrieron a la posibilidad de sesionar en las inmediaciones del salar de Atacama, con el fin de escuchar en terreno a las comunidades indígenas afectadas.
Una tercera sesión de audiencias tendrán los integrantes de la Comisión de Minería y Energía la próxima semana, con el fin de complementar la información recibida de distintos actores respecto a la política en materia de litio y los acuerdos suscritos entre Corfo y la empresa SQM.
El próximo miércoles 4 de julio han sido invitados a esta instancia, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud; el director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Miguel Silva; el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel; y el Ministro de Economía, José Ramón Valente.
En cuanto al CDE, los legisladores esperan que se expliquen las condiciones bajo las cuales este organismo aprobó el acuerdo con SQM, en su calidad de representante de los intereses del Estado.
Cabe consignar que si bien es cierto la Comisión no tiene facultades fiscalizadoras, sí puede recabar antecedentes de un tema acordado por sus integrantes. Las negociaciones entre Corfo y SQM, particularmente la posibilidad que el empresario Julio Ponce Lerou (acusado de financiamiento irregular de la política) fuera asesor de la compañía –lo que posteriormente fue descartado-, despertó el interés de los legisladores acordando realizar una ronda de audiencias.
Hasta ahora, los congresistas han enviado oficios a la Dirección General de Aguas (DGA) para conocer las auditorías que han realizado en materia del uso de los recursos hídricos; a la Superintendencia de Medio Ambiente para tener mayores antecedentes sobre la estabilidad ecosistémica del salar de Atacama; y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de manera de conocer los cambios en la propiedad accionaria de empresas como SQM.
El pasado miércoles 20 de junio, la Comisión escuchó al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel; y al presidente del consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra.
Sichel explicó que el salar de Atacama forma parte del patrimonio histórico inmobiliario de la Corfo. “Hoy hay tres formas de explotar el litio, y hoy nos encontramos celebrando contratos especiales de operación, lo que fue establecido antes de la Constitución Política de 1980”, declaró.
“En el caso de SQM, la modificación del contrato realizada en tiempos de Bitrán, se trató de un arbitraje que tuvo como resultado un acuerdo. Recordemos que esa empresa había incumplido el pago de las rentas adeudas al Estado de Chile por concepto de arrendamiento, que es lo que gatilla el arbitraje. Al final se acordó no cancelar ese contrato, uno puede cuestionarlo o no, pero así fue”, hizo ver el ejecutivo.
Sichel aseguró que “las modificaciones contractuales terminaron cerradas a principios del 2018. Esos contratos fueron tomados de razón, por lo que nosotros debemos concretarlos simplemente. En el caso de SQM, nos encontramos con una ‘carcasa’ de un contrato porque no había claridad respecto a cómo se llegó a este acuerdo ni en cuanto a cómo debía concretarse. Ello nos obligó a tomar decisiones en el corto plazo”.
“Decidimos crear un comité de seguimiento del contrato de tipo autónomo, además nos dimos cuenta que la gestión de activos del salar estaba a cargo de una sola persona, así que había que cambiar aquello. Así que se creó una unidad especializada en este tema que responde al citado comité”, aclaró.
En cuanto al comité, el vicepresidente de Corfo aseguró que “estará conformado por cinco miembros, de los cuales cuatro se propondrán al consejo Corfo por el Ministerio de Economía. Se habló de especialistas en gobierno corporativo y mercado del litio”.
Frente a esto las senadoras Yasna Provoste e Isabel Allende y el senador Alejandro Guillier preguntaron por la toma de decisiones, porque “por lo que se nos explica, al parecer estaba en manos de una sola persona decidir los términos del acuerdo (…) Esto es muy irregular y debe ser anulado”.
Por su parte, Salvatierra, quien representa a las 18 comunidades atacameñas-lickanantay afectadas por la exploración y explotación del litio en el salar de Atacama, planteó que “ya no soportamos más el abuso. Acá no se actuó con responsabilidad. Se improvisó con un recurso natural que es de todos los chilenos. Queremos seguir viviendo en el territorio. No se aplica el convenio 169 de la OIT. Advertimos que en este contrato no se estaba resguardando la sustentabilidad del salar”.
Anteriormente, el miércoles 13 de junio hizo uso de la palabra el ex presidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán. Para tener mayores antecedentes revise el siguiente link:
Fuente: Senado