VALPARAÍSO – El senador independiente por el Maule, Juan Castro Prieto, ofició a la Comisión Nacional de Riego (CNR), luego de que un reportaje de Chilevisión diera a conocer que el Gobierno ha entregado millonarias sumas de dinero a medianas y grandes empresas vinculadas al sector agrícola, entre las cuales se destaca la Viña Concha y Toro, debido a que ha sido la que más fondos ha recibido en los últimos 10 años, alcanzando la suma de 818 millones de pesos.
El documento enviado por el parlamentario solicita información sobre los beneficiarios de la Ley de Riego Nº 18.450, exigiendo un listado de todas las empresas a las que se les otorgó subsidios por proyectos de riego y drenaje entre el 2018 y el 2021.
Frente a esto, el integrante de la Cámara Alta afirmó que “le pedí vía oficio a las personas de la CNR que nos informen sobre todos los beneficiarios que ha tenido la Ley de Riego, porque duele mucho saber que grandes corporaciones y empresas agrícolas han recibido gran cantidad de dinero por medio de beneficios producto de esta ley”.
Agregando que “si se comprueba que es así, vamos a tener que colocar una intervención en la Ley de Riego, porque no puede ser que estas grandes empresas tengan tantos beneficios en nuestro país. En lo personal, me duele y obviamente le debe doler a todos aquellos pequeños agricultores que han postulado y que no han recibido ningún beneficio de la Ley de Riego y eso tiene que ser subsanado por el Estado de Chile”.
Hasta la fecha, se comprobó que por medio de los subsidios durante los últimos 10 años se han entregado más de 667 mil millones de pesos, beneficiando a pequeños agricultores, pequeños empresarios y medianas y grandes empresas. Sin embargo, estas últimas han sido considerablemente más favorecidas, obteniendo, en promedio, casi 4 veces más que el resto.
Fundación Diario La Razón es una organización sin fines de lucro dedicada a “promover el desarrollo de las buenas prácticas del periodismo y fomentar la libertad de expresión, opinión e información desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Tiene sede en Santiago de Chile.