La corrupción es uno de los principales males que afectan a las democracias y países de América Latina y el mundo, y puede considerarse como la mayor traba y obstáculo en el cumplimiento y desarrollo de las funciones públicas en pos del bienestar de la población. Por una parte, obstruyen el derecho fundamental de los ciudadanos de participar en el proceso democrático y, al mismo tiempo, no solo niega el derecho de la igualdad frente a la ley, sino que también a las mismas garantías judiciales declaradas en el nuestro Estado de Derecho y por instrumentos internacionales. Además, su práctica en el servicio público corroe todos los cimientos y valores de una democracia, como la transparencia y probidad.
Los municipios son el ente estatal con mayor cercanía a la ciudadanía y, según estudios y encuestas, la percepción de los chilenos respecto a la corrupción en el país ha ido aumentando en los últimos años, conociendo día a día más anomalías e irregularidades asociadas a las municipalidades a causa de diversos factores, como una gran autonomía en determinadas áreas, poco control y fiscalización, malas prácticas y el manejo de muchos recursos y altas cifras de dinero, lo que facilita un ambiente propicio para la comisión de delitos.
Es por eso que, y referente a los eventuales últimos casos de corrupción conocidos últimamente en la zona oriente de la Región Metropolitana, como el «Vitagate» en la Municipalidad de Vitacura y las millonarias transferencias de los municipios de Lo Barnechea y Las Condes a entidades privadas de seguridad -Lo Barnechea Seguridad y Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes, respectivamente-, considerando también que acá la justicia debe hacer su trabajo y esclarecer los hechos demandados, se debe ser enfáticos en siempre condenarla, al igual que las malas prácticas y las irregularidades en todo ámbito del que hacer público y privado, provengan del sector que vengan.
Para superar estos temas, en primer lugar se debe trabajar en ampliar la facultad de la Contraloría General de la República, que pueda revisar las corporaciones y los municipios en su cabalidad, pues donde tengan “metidas las manos” las municipalidades, ahí debe actuar Contraloría, sin importar si son entidades privadas, corporaciones, de derecho público o privado. Lo anterior, es porque hasta hoy en día esas han sido las limitaciones para la entidad fiscalizadora, y es en donde no se puede ingresar a auditar y que nos damos cuenta de los atisbos que existen de corrupción, lo que debe ser modificado con urgencia. Y por otro lado, hay que restablecer las penas de cárcel para los corruptos, ambos proyectos de ley que yo voy a promover cuando sea senadora de la Región Metropolitana. Si nadie roba, el dinero nos alcanza y llega a todos.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Carolina Lavín Aliaga – Abogada U. de Los Andes y Magíster en Derecho Constitucional PUC. Ex seremi de Justicia y DDHH. Región Metropolitana.
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