SANTIAGO – Caterine Galaz y Rubén Menares, investigadores del Núcleo de Diversidad y Género de la U. de Chile, entrevistaron a inmigrantes trans de Venezuela, Colombia y Ecuador residentes en Santiago, quienes revelan cómo les afectan discriminaciones xenofóbicas, racistas, heterocisnormativas y socioeconómicas. Un «sexilio» al que se ven expuestas en una región donde 13 países aún tienen leyes contra la población trans, lo que genera acciones de solidaridad y lucha.
En el marco de las actividades globales por «Octubre Trans», mes designado internacionalmente para combatir la despatologización de estas identidades de género, y Chile hace noticia por las violentas protestas contra los inmigrantes en Iquique, investigadores de la Universidad de Chile publicaron los resultados del estudio FONDECYT «Migrantes/refugiadas trans en Chile: sexilio, transfobia y solidaridad política«.
La investigación indaga en la migración de las personas trans, un fenómeno poco tratado y para el cual los organismos de derecho internacional y activistas piden protección urgente. El trabajo -realizado por la doctora Caterine Galaz, coordinadora del Núcleo de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, GT Migración Sur-Sur de Clacso y Rubén Menares, trabajador social e investigador de este Núcleo- presenta las trayectorias de personas migrantes trans en nuestro país, considerando los escenarios transfóbicos, sociales e institucionales a los que se enfrentan y develando sus estrategias de resistencia.
Para el estudio, Galaz y Menares entrevistaron a 10 migrantes y refugiadas trans en Chile provenientes de Colombia, Venezuela y Ecuador, cuyas edades oscilan entre los 19 y 40 años, con un tiempo de residencia de entre uno y cinco años, y que viven en la Región Metropolitana, en las comunas de Quinta Normal, Santiago, Recoleta. Todas indicaron haber escapado de sus respectivos países de origen para proteger sus vidas de la violencia estructural e interpersonal que sufrían. Un tema no menor, pues aún existen 13 países que criminalizan con normativas legales a las personas trans, según el tercer Informe de Mapeo Legal Trans redactado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA).
«Estaba en sexto grado y ya había estado dos años sin estudiar. Me recluí en la casa en la que vivía con mi abuela, pues mi mamá ya estaba acá en Chile. Estuve esos dos años encerrada y deprimida por esa violencia que veía venir, incluso antes de que llegara […] Mi vida corría riesgo constantemente por ser una negritud marica y afeminada, porque igual eso era algo que se recalcaba, me hicieron mucho bullying al punto de llegar a las agresiones», cuenta Esmeralda, una migrante trans colombiana.
Sexilio
El trabajo reveló que la mayoría de las personas trans migran a Chile porque en sus países de origen sufren violencia, censura al activismo LGTBI+ y tienen escasa implementación de políticas públicas, por ejemplo, de cambio de nombre formal, acceso a trabajo y salud, garantía de medicamentos relacionados con infecciones de transmisión sexual (ITS) y tratamientos hormonales, entre otras.
«Todavía hay tortura por orientación sexual, por expresión de género en varios países de la región. Uno lo ve y lo palma a diario en la atención directa con personas migrantes no heterosexuales, esto no ha terminado […] Hay países que se han quedado detenidos en el tiempo en la defensa de los derechos de la diversidad sexual… en Venezuela, pese a los avances formales, las violencias se mantienen», dice Pablo, un trabajador social entrevistado para este estudio y miembro de una ONG pro-defensa de derechos LGBTI.
Por eso, en la investigación, Galaz y Menares hablan de un sexilio. «El hecho de que su identidad sexual fuera censurada, violentada o perseguida de distintas maneras y en diferentes espacios sociales, las empuja a salir para poder sobrevivir, en algunos casos, mejorar las condiciones de vida o desarrollar su transición identitaria de manera más plena. No obstante, estas experiencias se vinculan también a la falta de recursos económicos para poder sostener sus vidas y la inexistencia de iniciativas públicas de soporte a estos colectivos», dice Caterine Galaz, autora principal del estudio.
El problema central, indican, es que en el campo de los estudios migratorios la movilidad de personas LGTBI+ no solo ha sido insuficientemente tratada, sino que -a nivel de las políticas públicas y medidas internacionales de los flujos migratorios- el sujeto a priori de dichos articulados es una persona heterosexual. «Por lo mismo, la presencia de personas migrantes trans tensiona la noción clásica de frontera, que no es solo física, pues deja en evidencia que existen sujetos no considerados para la protección en su entrada al país como sujeto migrante, sino también al nivel de las corporalidades sexuales permitidas en el nuevo contexto», dice Galaz.
En este sentido, dice la académica de la Escuela de Trabajo Social de la U. de Chile, es importante poner atención al desamparo que sufren estas personas por parte del Estado, donde se destaca el desacoplamiento entre el proceso de regularización migratoria y las políticas de identidad de género; así como la naturalización de las violencias cis/hetero/normativas, que impiden la acogida por no estar contempladas tales identidades como causas de refugio. «Ni hablar de apoyo psicosocial y acompañamiento enfocados en personas migrantes y refugiadas LGTBI+, todo lo cual redunda en un escaso acceso a salud, educación, trabajo y apoyos directos, y afecta específicamente a las personas no regularizadas», afirma.
Colectivos y activismo
Pese a lo anterior, la movilidad trasnacional de estas personas les abre la posibilidad de vivir con mayor libertad sus identidades de género y, a algunas, les da acceso a tratamientos médicos y también a una participación activista, así como a espacios de contención por parte de determinadas organizaciones trans. «Les hace sentir que en Chile son mucho más libres o tienen muchas más posibilidades en esa dimensión de su vida, y eso no tiene tanto que ver con el país al que llegaron, sino con el hecho de haberse alejado de su contexto de origen… Por otro lado, entrar a estos colectivos trans les permite conocer otras corporalidades, otros contextos de lucha y otras posibilidades de acción que no fueron planificadas en su proyecto migratorio… Es un tipo de activismo contingente político, aunque su foco sea la sobrevivencia, pues a partir de este se buscan transformar las situaciones de injusticia que los afectan», dice Menares.
Esta realidad es la que transmite el relato de Esmeralda, quien enfatiza que su vinculación con una fundación en Chile, que se dedica al trabajo con menores de edad trans, trajo consigo la posibilidad de que la respetaran en su identidad. «Cuando entré a Chile me dio como un alivio… Porque en ese momento no estaba siendo libre… Mi entorno no me estaba viendo de la forma en que yo quería que me vieran… Eso cambió mucho (luego de tener el apoyo del colectivo), porque igual, cuando te violentan y no sabes reaccionar, te quedas con el sabor amargo, triste… En cambio, al reaccionar hace que esa otra persona nunca más te pase a llevar, te discrimine o no respete a las trans o travestis… Ser activista me ha permitido conocer y ser consciente de otras realidades duras (también aquí en Chile)… El repensarnos, cuestionarnos y poder acercarnos y unirnos con otras personas nos permite generar resistencia desde la no pertenencia, desde el no querer estar dentro de esta hegemonía blanca y colonial que se nos impone, y resistir desde nuestras corporalidades con orgullo, fuerza, valentía y, al fin y al cabo, juntes», dice Esmeralda.
Fundación Diario La Razón es una organización sin fines de lucro dedicada a “promover el desarrollo de las buenas prácticas del periodismo y fomentar la libertad de expresión, opinión e información”.
