Polonia ha protagonizado el mayor ataque que ha sufrido en su historia el orden jurídico europeo.
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El órdago de Varsovia, canalizado a través del Tribunal Constitucional, cuestiona de forma clara e inequívoca el principio de la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, al dictaminar que los artículos 1 y 19 del Tratado de la Unión Europea son incompatibles con su ordenamiento constitucional.
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Ya había habido desacatos sonados. En 2020, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Alemania desoyó una sentencia europea y acusó al Banco Central Europeo de haber sobrepasado sus competencias. Y algo más o menos parecido ocurrió en 2012 en la República Checa. Pero esto es mucho peor, porque tiene más calado.
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En el plano teórico, el categórico fallo del Constitucional polaco podría suponer el arranque del PolExit, pero los tratados europeos no contemplan la expulsión de un Estado miembro sino la renuncia, tal y como fue el caso del Reino Unido, cuyas autoridades invocaron en 2017 el artículo 50, y ya está fuera del club.
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Jurisprudencia y dimensión política
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Desde el punto de vista jurídico, la jurisprudencia europea deja sin validez la sentencia de los magistrados polacos, sin embargo, la dimensión política del problema es catastrófica. Bruselas está obligada a actuar con todos los instrumentos que tiene en su poder.
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Entre las herramientas al alcance del Ejecutivo comunitario la más potente de todas es cerrar el grifo del dinero y no tramitar el plan de recuperación y resiliencia polaco, cifrado en 36.000 millones de euros, de los que 23.900 millones son transferencias directas (a fondo perdido) y 12.000 millones, préstamos, que están bloqueados a falta de que el Gobierno polaco acate varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y garantice la independencia de su sistema judicial.
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En opinión de Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, la sentencia es una «violación muy grave del Tratado». Quien tiene el monopolio de la interpretación y de garantizar la aplicación íntegra de los Tratados es el TJUE, instancia que ocupa la pieza clave de la jurisprudencia europea y se sitúa por encima de cualquier tribunal nacional, incluidos los constitucionales y supremos.
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Esa delegación de soberanía es una consecuencia directa de la aceptación del Tratado de UE, aprobada por los Parlamentos nacionales, incluido el Sejm polaco.
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«En el Preámbulo se deja clara la primacía del Derecho europeo y que no cabe idea de poner trabas ni enmiendas».
Además, otro artículo del Tratado establece que los Estados miembros se comprometen a adoptar todas las medidas generales para que se asegure el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados.
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¿Expulsión o retirada?
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Descartada la expulsión, Mangas estima razonable la salida. «Si les resulta tan incómodo estar en la Unión y consideran que es mejor aplicar su Constitución de forma autónoma, lo que tienen que plantearse es la retirada voluntaria», dice la experta jurista.
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Lo paradójico del tema es que los polacos demuestran tener sentimientos claramente europeístas. Según los datos del último Eurobarómetro de 2021, el 80% de los habitantes encuestados de ese país se sienten ciudadanos de la UE, y el 53% por ciento tiene una imagen positiva de la Unión. Incluso confían más en esa que en su propio Gobierno (el 49% frente al 37).
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La disputa con Polonia no es nueva, pero ha alcanzado niveles inéditos y preocupantes pues se socavan los cimientos de la existencia de la propia Unión. Esto «supone una grave amenaza que la UE ha de tomarse en serio», estima el politólogo español Guillermo Íñiguez. Es una bravata que evidencia la profundidad de las grietas de la construcción europea.
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El conflicto institucional se entiende porque detrás se halla el Gobierno de Polonia, controlado desde 2015 por el partido ultraconservador y euroescéptico Ley y Justicia (PiS –Prawo i Sprawiedliwosc, en polaco) y su líder indiscutible Jaroslaw Kaczynski. Y tanto el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki como el presidente Andrzej Duda, ambos miembros del PiS, apoyan con fuerza y en público el soberanismo polaco frente al europeo, lo que agrada a otras fuerzas ultraderechistas en Francia o en España.
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La retórica del PiS resulta a veces muy agresiva. Como la del diputado Marek Suski quien no duda en comparar a Bruselas con la Unión Soviética o la ocupación nazi.
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Apuesta por mantenerse
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Morawiecki, no obstante, descarta la ruptura y porfía que seguirán en el seno de «la familia europea de naciones», pero insiste en posicionarse del lado de la decisión de los jueces. El primer ministro publicó en Facebook que el fallo del «Tribunal Constitucional confirmó lo que es literal del contenido de la Constitución de Polonia. Esto es que la ley constitucional tiene superioridad sobre otras fuentes de derecho. Los tribunales constitucionales de muchos Estados miembros han confirmado lo mismo en los últimos años».
Luego, para reforzar sus palabras, añadió:
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«Tenemos los mismos derechos que otros países. Queremos que esos derechos sean respetados. No somo un visitante sin invitación en la UE. Por eso no estamos de acuerdo con ser tratados como un país de segunda clase. Queremos una comunidad de respeto, no una asociación entre iguales y más iguales. Esta es también nuestra comunidad, nuestra unión. Queremos esta unión y seguiremos creando esa unión».
Ese es su mensaje, de talante nacionalista, pero basado en la ignorancia o en la mentira.
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Polonia vive en una especie de estado de esquizofrenia. Frente al PiS de Kaczynski se sitúa Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019 y otrora primer ministro desde 2007 hasta 2014. El ahora líder de la oposición, dirigente de la centrista Plataforma Cívica, pretende separar a Polonia de las decisiones de su Gobierno y así pide que no se apliquen sanciones, porque, en su opinión, no tendrán sentido y pueden empujar al país fuera de la UE.
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Tusk cree que la «mayoría del Gobierno piensa que la UE es, en la mayoría de los casos, una lamentable necesidad y tiene ensoñaciones sobre cómo liberar a Polonia de esa ocupación».
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En caso de salida
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Si se fuera del club, Polonia tendría mucho que perder. Es el quinto país más beneficiado por las ayudas europeas, después de España, Italia, Francia y Alemania. De hecho, el 60% de su inversión públicos se cubre con fondos de la Comisión Europea. Por no hablar del movimiento de personas: 122.000 polacos cruzan a diario la frontera con Alemania para ganarse el pan.
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Todo el mundo dice que, con esta actitud soberanista radical, Polonia arriesga su futuro en Europa. Eso es rigurosamente cierto, pero lo contrario también es verosímil.
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Si las autoridades comunitarias no atajan con premura y decisión esta rebelión, el reto polaco se hará fuerte, se extenderá por todo el continente y sus consecuencias se convertirán en el comienzo de la descomposición de las normas de la UE, lo que desencadenaría un proceso de autodestrucción a medio o largo plazo.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Francisco Herranz – Ha desarrollado su carrera profesional en el diario El Mundo, donde ha sido corresponsal en Moscú (1991-1996), redactor jefe de Internacional y de Edición y editorialista, especialista en Europa del Este y colaborador en varias publicaciones especializadas, desde 2010 es profesor en el Máster en Periodismo-El Mundo de la Universidad San Pablo-CEU.
Fundación Diario La Razón es una organización sin fines de lucro dedicada a “promover el desarrollo de las buenas prácticas del periodismo y fomentar la libertad de expresión, opinión e información desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Tiene sede en Santiago de Chile.
