Seis empresas occidentales que están liderando la distribución de las vacunas contra el COVID-19 son responsables de una crisis de derechos humanos sin precedente, por su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas.
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La rápida aparición en 2020 de vacunas eficaces contra el COVID-19 es un hito de la ciencia, de los Estados financiando investigaciones y de laboratorios que empezaron la producción en tiempo récord.
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Esta respuesta brindó esperanza al mundo en los días más sombríos de la pandemia. Garantizar el acceso a la vacuna al máximo número de personas en el plazo más breve posible era la vía más eficaz para salir de esta inédita crisis de salud.
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Sin embargo, las pocas empresas que desarrollaron estas vacunas a una velocidad récord deberían haber desempeñado un papel diferente, suministrando las dosis de manera equitativa en todo el mundo y tomando todas las medidas necesarias para incrementar la producción.
No lo hicieron. Además, casi ninguna de ellas da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, informó Amnistía Internacional en Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra el COVID-19.
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Esto no obedeció solamente a las acciones y omisiones del sector farmacéutico: los Estados ricos compraron toda la oferta disponible y acapararon dosis.
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Quién es quién
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Las seis compañías occidentales son AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer. El informe detalla que para fines de 2022, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130.000 millones de dólares.
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1. AstraZeneca es una farmacéutica sueco-británica que fabrica y distribuye la vacuna contra el coronavirus elaborada por la Universidad de Oxford.
2. Johnson & Johnson es una multinacional cuya sede se encuentra en Nueva Jersey, Estados Unidos. Janssen Vaccines & Prevention B.V., su filial de propiedad exclusiva con sede en los Países Bajos, elaboró una vacuna monodosis de vector viral contra el COVID-19.
3. Moderna es una empresa de biotecnología cuya sede está en Cambridge, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos.
4. Novavax es una empresa de biotecnología cuya sede está en Maryland, Estados Unidos. A diferencia de los demás desarrolladores de vacunas, Novavax aún no ha obtenido la autorización de las autoridades reguladoras.
5. Pfizer es una multinacional farmacéutica con sede en Nueva York, Estados Unidos, que se ha asociado con el desarrollador de vacunas BioNTech establecida en Mainz, Alemania.
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Los inversores institucionales en estos laboratorios también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional ha identificado a los 10 mayores gestores de activos y bancos con sede en Estados Unidos que tienen participaciones combinadas por valor de más de 250.000 millones de dólares en desarrolladores de vacunas.
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El más importante es Vanguard Groupal que posee acciones de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer, cuyo valor total supera los 66.000 millones de dólares.
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Le sigue el fondo BlackRock que tiene 62.000 millones de dólares invertidos en esas seis empresas.
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Bloqueo
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«Vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando como héroes a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas», manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
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Sin embargo, agregó que, «para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y devastadora para gran parte del mundo”.
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Las decisiones empresariales beneficiaron a un pequeño número de países ricos, al tiempo que bloquearon que otros fabricantes produjeran sus propias vacunas. Esta situación dio lugar a una previsible y artificial escasez de vacunas para el resto del mundo.
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Derechos humanos
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Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos con independencia del lugar del mundo donde operen. Ante todo, esta responsabilidad significa que las empresas tienen el deber de “no hacer daño”, según los principios establecidos por las Naciones Unidas.
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Si se dan cuenta de que provocan abusos contra los derechos humanos, deberían poner fin de forma inmediata a sus acciones perniciosas y proporcionar reparación.
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Este deber constituye una norma de conducta ampliamente reconocida en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
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Para evaluar la respuesta de esos laboratorios en esta crisis, Amnistía Internacional evaluó con el criterio de la política de derechos humanos en base a las siguientes condiciones:
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La estructura de fijación de precios.
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El historial de aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología.
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La asignación equitativa de las dosis de vacunas disponibles.
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La transparencia de cada empresa.
La conclusión de la investigación fue que en distinto grado esos seis desarrolladores de las vacunas habían incumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
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Distribución de vacunas
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De poco más de las 6.000 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0,3% ha ido a los países de bajos ingresos, y más del 79% fue a países de ingresos altos y medianos altos.
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Pese a los llamamientos para dar prioridad al instrumento destinado a garantizar la equidad global en la asignación de las vacunas —el mecanismo COVAX— y colaborar con él, algunos de esos laboratorios han seguido reservando el suministro de vacunas a Estados de los que se sabe que las acaparan.
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«Esta distribución desigual está sumergiendo a algunas zonas de América Latina, África y Asia en nuevas y más profundas crisis, llevando al límite a los ya debilitados sistemas de salud. Así, las consecuencias son miles de muertes evitables. En muchos países de bajos ingresos el personal sanitario y la población en situación de riesgo ni siquiera han recibido la vacuna», señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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Iniciativas
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros actores han puesto en marcha, con muy escaso éxito, varias iniciativas para intentar que los Estados y las empresas pongan en común sus recursos para acelerar la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19.
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El Mecanismo COVAX actúa como un sistema global de compra y distribución a través del cual se asignan las dosis disponibles a los países que participan en el procedimiento, con independencia de su nivel de ingresos. Su objetivo era facilitar 2.000 millones de dosis a finales de 2021, pero a principios de agosto sólo había despachado 190 millones.
- El Acceso Mancomunado a Tecnología contra el COVID-19 (C-TAP), dirigido por la OMS, se creó para poner en común la propiedad intelectual, los datos y los procesos de fabricación, otorgar licencias para la producción a otros fabricantes y facilitar la transferencia de tecnología. Ningún fabricante de vacunas ha compartido las patentes o los conocimientos técnicos a través del C-TAP.
- En abril de 2021, la OMS anunció que facilitaría también el establecimiento de centros de transferencia de tecnología de las vacunas de ARN mensajero (ARNm) y ofrecería la formación adecuada a los fabricantes de los países de ingreso bajo y mediano. En junio de 2021, la misma organización anunció que la primera central se establecería en Sudáfrica.
Propiedad intelectual
Hasta la fecha, esas compañías se negaron a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional que se han concebido para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología.
También se han opuesto a las propuestas de quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio planteada por India y Sudáfrica.
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Pese a que la mayoría recibe fondos multimillonarios de los Estados, Amnistía Internacional indica que los laboratorios»han perjudicado los derechos humanos de millones de personas» que aún no pueden acceder a una vacuna contra el COVID-19 que puede salvarles la vida.
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Campaña
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Existe una campaña global para pedir a los Estados y a las grandes farmacéuticas que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año.
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«Necesitamos que las empresas y los Estados cumplan sus obligaciones de derechos humanos, todavía estamos a tiempo de salvar miles de vidas y poner fin a esta pandemia. Por eso, pedimos que entreguen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año», indicó Belski.
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Amnistía Internacional se comunicó por escrito con cada laboratorio, que reconocen que la distribución justa y equitativa es esencial, especialmente en los países de bajos ingresos, pero ninguna de ellas ha respondido a esta aspiración ni ha cumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Alfredo Zaiat – Periodista, escritor y economista, jefe de la sección de Economía y del suplemento Cash de Página 12 desde 1997. Conduce desde hace 18 años el programa radial ‘Cheque en blanco’. Ganador del premio ETER en varias oportunidades. Integra el cuerpo docente del Programa Amartya Sen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Publicó los libros ‘¿Economistas o astrólogos?’, ‘Historia de la economía argentina del siglo XX’ junto a Mario Rapoport, ‘Economía a contramano’, ‘Amenazados. El miedo en la economía’ y ‘Macrisis. Otro fracaso del neoliberalismo en Argentina’.
Fundación Diario La Razón es una organización sin fines de lucro dedicada a “promover el desarrollo de las buenas prácticas del periodismo y fomentar la libertad de expresión, opinión e información desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Tiene sede en Santiago de Chile.
