La Contraloría General de la República (CGR) recuerda al Gobierno la prescindencia que deben tener los funcionarios públicos de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 21 de noviembre.
El instructivo publicado en el Diario Oficial sostiene que está prohibido “realizar actividad política en las funciones de la administración o usar bienes del Estado para tales fines”.
En el escrito, la Contraloría es categórica: “no pueden los funcionarios durante el ejercicio de sus funciones, llamar a votar por candidatos determinados”.
Además, les instruye a los funcionarios públicos a no intervenir en asuntos en que se tenga interés personal o en el que lo tengan cónyuges, hijos o parientes hasta tercer grado de consanguinidad.
Por último, sostiene que no se deben realizar contrataciones de servicios no personales a honorarios para finalidades políticas o en general, ajenas a los objetos de servicio.