SANTIAGO — Sebastián Piñera, manifestó su confianza en que los senadores rechazarán la acusación constitucional impulsada en su contra por la oposición, a raíz de la revelación de supuestos negocios que hizo en paraísos fiscales.
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«Estamos muy confiados en que el próximo martes [16 de noviembre] el Senado, actuando como jurado y analizando de forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esta acusación», aseguró el mandatario en conferencia de prensa desde la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda.
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Piñera sostuvo que el juicio en su contra obedece «a un clima enrarecido» que se vive en la política chilena, «vinculado a un claro e injustificado interés electoral».
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«Esta acusación no tiene ningún fundamento, después de una detenida lectura concluimos que está basada en hechos falsos, mañosamente relatados o en simples conjeturas, en posiciones que no cumplen con las normas», añadió.
El mandatario señaló que la situación por la que fue acusado ya fue investigada por la Fiscalía y los tribunales de Justicia, instancias que desecharon la existencia de algún delito, al igual que el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría.
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El 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —ICIJ, por su sigla en inglés— publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
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En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
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Las empresas del presidente, administradas por sus hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
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La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
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La Cámara de Diputados aprobó esta semana la acusación con votos de la oposición y el próximo martes el libelo será revisado por el Senado, de ser aprobado el presidente será destituido del cargo.
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