SANTIAGO — Los senadores comenzaron la revisión de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera impulsada por la oposición a raíz de la revelación de supuestos negocios del mandatario en paraísos fiscales, que de ser aprobada significaría la destitución del jefe de Estado.
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«Comienza una nueva sesión especial de la Sala del Senado, que analizará la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique», informó el Senado a través de su cuenta de Twitter.
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El juicio político comenzará con la presentación de los parlamentarios de oposición que redactaron la acusación, quienes entregarán todos los argumentos para pedir al Senado que apruebe la moción.
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Luego deberán intervenir los abogados defensores de Piñera, posteriormente vendrá la réplica de los acusadores y finalmente la dúplica de la defensa.
Al terminar esa etapa del juicio cada senador tendrá la oportunidad de dar un discurso de un máximo de 15 minutos, y si todos hacen uso de ese derecho se estima que la votación final pueda realizarse recién la madrugada del miércoles.
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Debido a que la Cámara de Diputados ya aprobó la acusación, una votación a favor en el Senado significará la destitución de Piñera dando paso a un gobierno transitorio encabezado por el ministro del Interior hasta que el Congreso elija por mayoría absoluta a un nuevo presidente.
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Sin embargo, para ser aprobada la acusación se necesitan 29 votos a favor y actualmente la oposición sólo tiene 24 senadores.
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La oposición necesitaría convencer a cinco senadores oficialistas para conseguir la destitución, algo sumamente difícil ya que en Diputados ningún parlamentario de ese sector dio su voto favorable.
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El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
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En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
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Las empresas del presidente, administradas por sus hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
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La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
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