LIMA (Sputnik) — El procurador general del Estado peruano, Daniel Soria, denunció ante la fiscal general Zoraida Ávalos al presidente Pedro Castillo por un caso de corrupción en el que el jefe de Estado habría favorecido a terceros en la concesión de obras públicas.
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«El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó ante la fiscal de la Nación un escrito en el cual denuncia al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias», indicó la Procuraduría General en un comunicado.
En el documento que sustenta la denuncia, el procurador general afirma que el jefe de Estado habría participado en reuniones clandestinas fuera de su despacho con la asesora empresarial Karelim López.
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López es la asesora de un consorcio que ganó la concesión para ejecutar una obra vial por un monto de 232,5 millones de soles (58,1 millones de dólares), y al cual Castillo habría favorecido mediante el uso indebido de su cargo.
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Actualmente, López es investigada por corrupción por la fiscalía y el procurador señala que «existen sospechas de que el presidente de la República se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que se viene investigando actualmente por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima».
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En dicho despacho fiscal se están llevando las investigaciones contra Karelim López y el exsecretario presidencial, Bruno Pachecho, quien habría participado como nexo entre López y el mandatario, y a quien la fiscalía le halló, en un allanamiento, 20.000 dólares en efectivo en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno, dinero del que no ha podido justificar su procedencia.
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En la denuncia, el procurador general pide a la fiscal general que, una vez abierta la investigación esta no se suspenda pues, alega, no existe impedimento según la Constitución para que un presidente en funciones sea investigado.
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Gobierno de Perú pide a Congreso que aclare la causal de destitución
El Ministerio de Justicia de Perú pidió al Congreso que apruebe un proyecto de ley, presentado en octubre por el Ejecutivo, para aclarar los alcances y usos indebidos de la causal constitucional de «incapacidad moral» para destituir al presidente, Pedro Castillo, tal como lo señaló la semana pasada la CIDH.
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«El 10 de diciembre de 2021, la CIDH reiteró su preocupación por la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, lo cual tiene potenciales impactos en la separación de poderes y la institucionalidad democrática del Perú», indicó el ministerio en un comunicado.
En Perú existe esta figura en la Constitución por la cual el Congreso puede requerir la destitución de un presidente. Pero muchos la cuestionan porque «lo moral» es un asunto subjetivo que da pie a que el parlamento lo interprete de manera antojadiza e indiscriminada.
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Según varios constitucionalistas, la causal de destitución presidencial por «incapacidad moral permanente» es un herencia de la Constitución de 1839. Esa carta magna aludía a la «incapacidad moral» como «incapacidad mental», en un época en que los trastornos mentales se consideraban asuntos morales.
