Bolivia sale del 2021 tensionada en una democracia que sigue en deuda

LA PAZ (Sputnik) — Bolivia llega al final de 2021 con el mismo ánimo crispado con que lo inició, con su democracia todavía marcada por la tensión que explotó en los dos años anteriores y que parece no tener solución a la vista.
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Por Carlos Quiroga
Periodista
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La tensión, que sucesivos procesos electorales no han logrado disipar, sigue complicando la convivencia entre el poder nacional recuperado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición minoritaria y fraccionada en algunos gobiernos regionales, dos alianzas derechistas y ruidosas agrupaciones ciudadanas.
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El orden democrático instalado en 1982 tras un largo ciclo de dictaduras militares y prolongado por el MAS, que llegó al poder en 2006, fue interrumpido por la crisis de octubre de 2019, cuando Evo Morales no pudo consolidar su cuarta victoria electoral consecutiva, enfrentó protestas por un presunto fraude y terminó derrocado y reemplazado por un gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
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El retorno del MAS al Gobierno, de nuevo por vía electoral en noviembre de 2020, repuso el orden institucional pero no logró sanar los daños dejados por el año de «transición», incluidos el rastro de masacres por las que las víctimas reclaman justicia, violaciones de derechos humanos, dificultades económicas y el desastre de la pandemia de COVID-19.
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«Con el Gobierno de Luis Arce, la democracia formal retornó a Bolivia, pero al cabo de su primer año de gestión esta democracia es más un campo de tensiones que un escenario de acuerdos y soluciones», dijo a la Agencia Sputnik el sociólogo Vicente Guardia, docente de la Universidad Pública de El Alto.
La tensión, sostuvo, «podría explicarse como una cuestión de mutuo rechazo, es decir que el oficialismo por un lado y la oposición por el otro niegan carácter democrático al contrario, se niegan a sí mismos la posibilidad de hacer algo concertado con el otro».
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¿Cuál democracia?

Guardia dijo que, si bien hay consenso en Bolivia vive en democracia formal, también resulta evidente que hay un gran desencuentro a la hora de definir qué pasó en el año de transición tras la caída de Morales, de noviembre de 2019 a noviembre de 2020.
Para unos, el golpe que derribó a Evo Morales en noviembre de 2019 significó la restitución de la democracia. Aquí se anotan los sectores que alentaron la asunción presidencial de Áñez como respuesta al «fraude» de Morales, proclamándola como el final de la «autocracia» o incluso la «dictadura» ejercida por el MAS en nombre de las mayorías indígenas y campesinas.
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Para otros, no hubo fraude sino que la democracia fue quebrantada en noviembre de 2019 y restaurada un año después. Aquí destacan el MAS, los movimientos sociales que lo apoyan y, cada vez con más presencia, los representantes de las víctimas del gobierno transitorio.
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«Esto se expresa en comportamientos políticos, en la definición del rival como enemigo al cual hay que eliminar», insistió Guardia.
«Para la oposición de derecha, no hay más plan que deshacerse del MAS, y para el MAS la fuerza electoral resulta argumento suficiente para buscar la aniquilación de los rivales, en un escenario de confrontación que va mucho más allá de las oportunidades electorales y se manifiesta en cuanta decisión importante, ley, decreto o nombramiento de autoridades haya que ir tomando», resumió el analista.
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El experto afirmó que este cuadro político ha llevado al MAS a tratar de arrollar con su fuerza institucional y su convocatoria callejera, dejando a la oposición solo el escenario de las protestas, como paros, bloqueos y asambleas callejeras, aparte de tímidas iniciativas en los gobiernos regionales que controla.
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«Son dos democracias en colisión: la democracia que los opositores dicen haber recuperado fugazmente en el Gobierno transitorio y la que el MAS dice haber repuesto mediante las elecciones de 2020 y que ahora considera amenazada por los intentos subversivos que atribuye a la derecha», añadió.

Una celebración

En este marco, Guardia recordó la polémica desatada en febrero por un decreto de Arce que declaró «Día de la Recuperación de la Democracia Intercultural en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia» al 18 de octubre, fecha de las últimas elecciones en las que el MAS selló su vuelta al poder.
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El decreto argumentó que la renuncia forzada de Morales, el 10 de noviembre de 2019, constituyó «la interrupción de 37 años de democracia continua, provocando una ruptura constitucional asentada en sectores de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas».
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Los 37 años señalados son los transcurridos desde el 10 de octubre de 1982, cuando el izquierdista Hernán Siles Zuazo asumió el primer gobierno democrático que cerró 18 años de dictaduras militares y abrió el período de estabilidad constitucional.
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El decreto reafirmó que con la victoria del MAS en las elecciones del 18 de octubre de 2020 «se restableció el orden democrático constitucional y con ello se dejó en el pasado el régimen de facto y autoritario» de Áñez.
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Según Guardia, «queda claro que en el discurso mayoritario no se reconocerá nunca una legitimidad del gobierno de Áñez, señalado como un lapsus no constitucional».
Pero «declarar el 18 de octubre como «día de la recuperación de la democracia» es una afrenta a la ciudadanía que conquistó la democracia el 10 de octubre de 1982 y la consolidó el 21 de febrero de 2016. Evo Morales hizo fraude el 20 de octubre de 2019, pero no logró imponer su autocracia», protestó el expresidenta Carlos Mesa (2003-2005), candidato derrotado sucesivamente por Morales y el actual presidente Arce.
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Las fechas se refieren sucesivamente a la restitución de la democracia tras las dictaduras militares, un referendo que rechazó la reelección indefinida de Morales y el triunfo del líder indígena en 2019 que Mesa denunció como fraudulento.
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El excívico Luis Fernando Camacho, otro de los líderes del golpe de 2019 y también derrotado por el MAS, dijo que la caída de Morales marcó la recuperación democrática, y «es el verdadero día de la recuperación de la democracia».
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Tensiones, justicia

El último mes de 2021 quedó marcado por la detención del exlíder cívico Marco Pumari, de Potosí (sur), un episodio más del largo proceso que provoca las mayores tensiones: los intentos del oficialismo (Gobierno, movimientos y víctimas) de enjuiciar a los protagonistas del golpe de 2019, por la misma insurrección y por las masacres y violaciones de derechos humanos a que dio lugar.
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A lo largo del año, se sucedieron casi sin pausa incidentes de tensión, como:
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  • En enero, la oposición y los empresarios rechazan un acuerdo del Gobierno con transportistas para ampliar la liberación de pagos de deudas bancarias, como alivio por la pandemia.
  • A fines de enero, el Gobierno aprovecha la llegada de un primer lote de vacunas Sputnik V contra el COVID-19 para denunciar la «mala respuesta» de la gestión de Áñez a la pandemia.
  • El 2 de febrero, el Gobierno decreta que el 18 de octubre de cada año será celebrado como «Día de la Recuperación de la Democracia», que la oposición rechaza por representar solo la visión del MAS.
  • El 7 de marzo, oficialismo y oposición se reparten triunfos y ambos se declaran ganadores en elecciones regionales. La expresidenta Áñez no logra ser electa gobernadora de su departamento Beni (noreste).
  • El 13 de marzo, es detenida la expresidenta Áñez, quien pasa luego a detención preventiva que se prolongará al menos hasta febrero de 2022, acusada del golpe de 2019. En los meses siguientes, Áñez pierde al menos seis recursos de anulación del proceso o cambio de cárcel por casa, mientras la oposición realiza una intensa campaña de denuncia contra el Gobierno.
  • El 9 de julio, el parlamento recibe del Tribunal Supremo y la Fiscalía las tres primeras demandas de juicios de responsabilidades contra Áñez, por delitos administrativos y económicos.
  • El 6 de agosto, Día de la Independencia, la oposición bloquea con silbatina y gritos casi todo el discurso formal del presidente Arce en el parlamento.
  • El 17 de agosto, el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe que establece que en los primeros días después del golpe de 2019 el Gobierno de Áñez cometió mascares y hasta ejecuciones sumarias de manifestantes. El Gobierno aplaude el reporte en general y la oposición destaca en cambio la falta de independencia judicial.
  • Agosto: El Gobierno promulga una política de lucha contra el lavado de dinero, rechazada con dos paros nacionales (11 de octubre y 8 de noviembre) por comerciantes minoristas y comités cívicos que incluso piden la renuncia de Arce. El gobierno denuncia subversión y anula la política antilavado.
  • El 20 de agosto, la Fiscalía presenta al Tribunal Supremo su primer requerimiento de juicio de responsabilidades a Áñez y sus exministros por las masacres de 2019.
  • El 8 de noviembre, la oposición bloquea de nuevo a Arce en el parlamento, tornando inaudible gran parte del informe presidencial sobre el primer año del Gobierno.
  • En noviembre, la Fiscalía no logra que destacados opositores como Camacho y el actual líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, se presenten a declarar como acusados de sedición.
  • Del 23 al 29 de noviembre, Morales encabeza una masiva marcha oficialista a La Paz, de apoyo a Arce frente a los «afanes golpistas». Morales emerge como el mayor líder político nacional y la oposición asevera que él es el verdadero gobernante.
  • El 9 de diciembre, es detenido para juicio el cívico Pumari, por cuya liberación se movilizan los comités cívicos y otros grupos de derecha.
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