- Del total de 846 docentes que recurrieron al tribunal internacional, 187 fallecieron esperando que Chile cumpliera fallos judiciales que ordenaban el pago de la denominada «deuda histórica». Ahora, el Estado tiene un plazo de 3 años para saldarla, según establece el dictamen internacional.
- Los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava representaron a los profesores y herederos que demandaron al Estado por la deuda que se arrastra desde hace casi 30 años, mientras que Alexandra Orrego estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar al Estado.
Una tardanza que tiene consecuencias y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos zanjó tras dar a conocer la sentencia que condena al Estado de Chile a pagar más de 88 millones de dólares de indemnización a los docentes, en el marco del proceso que lleva casi 18 años en el sistema internacional de justicia, y dentro de un plazo máximo de tres años.
Las víctimas fueron representadas por los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava quienes patrocinaron la demanda contra el Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago. Alexandra Orrego, por su parte, estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar al Estado.
«Se trata de 846 víctimas que obtuvieron en su momento, en los años 93 y 97, sentencias ejecutoriadas a su favor en contra de los municipios de Chañaral, Vallenar, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue y que no habían sido cumplidas por parte del Estado chileno. Hoy, después de casi 18 años, tenemos favorables noticias, la cual llega bastante tarde para algunas de las víctimas que ya han fallecido, pero que da cuenta del reconocimiento por parte del sistema interamericano, de la legitimidad y razonabilidad de las pretensiones de los profesores y sus herederos en cuanto a que el Estado era responsable por la falta de protección en el reconocimiento judicial en su favor, por parte del incumplimiento de estas sentencias», explicó al respecto Fava.
«Ha sido un largo camino, tres décadas, luchando por derechos de profesores, pero es una parte muy pequeña del profesorado, y se ha logrado después de casi 30 años de litigio», agregó al respecto Orrego, enfatizando que «con esta luz de esperanza, tenemos nuevos desafíos para seguir luchando y tratar de que los derechos de todos los profesores sean reparados».
Por su parte, Ciro Colombara explicó que la sentencia «de manera unánime, acoge la presentación respecto del Estado de Chile, siento ello histórico no solo para los profesores y profesoras de nuestro país, sino que también es histórica a nivel internacional».
«Por primera vez un Estado es condenado por un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, por haber violado el derecho de propiedad y las garantías judiciales por haber violado el acceso a la justicia. Esta sentencia favorece a 846 profesores y obliga al Estado de Chile a pagar, en un plazo de 3 años, más de 4 millones de dólares por concepto de daño moral, que es lo que nosotros habíamos solicitado, y cerca de 84 millones de dólares por concepto de daños materiales o daños directos, es decir, debe restituir aquello que los profesores y profesoras debieron haber recibido hace muchos años con reajustes a partir del 20 de julio del año 2021», detalló, recalcando –además- que se condenó en costas al Estado de Chile.
«La sentencia nos da la razón en un 100% de nuestras peticiones y si bien estamos muy satisfechos por el resultado, no podemos sino lamentar que cerca de un 20% de los docentes que hemos representado, con tanto orgullo, hayan fallecido durante este proceso. También tenemos que lamentar que esta sentencia solo favorezca a una cantidad menor del total de profesores y profesoras afectadas. Hemos conversado con el Colegio de Profesores y próximamente vamos a avanzar en acciones respecto del resto de las personas afectadas en nuestro país», puntualizó Colombara.
