El 18 de octubre de 2019, ante la explosión social que vivía Chile, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción constitucional. Esta medida, que buscaba garantizar el orden público, terminó con asesinados, mutilados, heridos y torturados. A más de dos años de los hechos, familiares y sobrevivientes buscan justicia.
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El 21 de octubre de 2019 Sebastián Piñera señaló que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas».
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A la misma hora en que Piñera transmitía su discurso, Carlos Astudillo pasaba por siete muertes clínicas luego de que un militar le disparó con un fusil de guerra. Un día después de las declaraciones del mandatario, a través de una carta, Amnistía Internacional le hacía saber al presidente chileno que su mensaje «allana el camino para justificar graves violaciones de derechos humanos en contra de la población».
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El camino de la impunidad
El 20 de octubre de 2019, dos días después de comenzada la explosión social en Chile, Carlos Astudillo se encontraba en la Plaza Colina, sector norte de la Región Metropolitana, en una concentración familiar que se daba en la zona para exigir demandas sociales.
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«Estábamos ahí con mucha gente gritando cosas contra los Carabineros [policía militarizada de Chile], contra el Gobierno y eso molestó a los militares. Unos minutos más tarde, llegó Carabineros y sin provocación llenó la plaza de gas lacrimógeno en donde había abuelos, jóvenes y muchos niños que se encontraban divirtiéndose en los juegos», recuerda Carlos en conversación con Sputnik.
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«Carabineros comenzó a disparar perdigones hiriendo a un amigo, a otro chico le llegó uno en el abdomen cayendo al suelo y comenzó a sangrar. Se estaban produciendo enfrentamientos con la Policía producto del enojo de la gente, debido a que fueron atacados sin provocación. En eso, una brigada de militares comenzó a avanzar de una forma muy táctica hacia donde estábamos nosotros. Ellos andaban con equipos tácticos de guerra, no se les veía la cara. Yo estaba de espalda a ellos y no vi quién me disparó, recibí un proyectil en mi muslo derecho».
Carlos explica que los militares portaban fusiles de guerra —se trata de carabinas M4 Panther y tiene como objetivo inhabilitar al enemigo—. No oyó el disparo, solo sintió una electricidad que le recorrió de las caderas hasta la punta de los pies y luego perdió el conocimiento.
El militar que le disparó a Carlos es Pedro Lavín Villalobos, perteneciente a la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) Lautaro, una unidad de élite del Ejército chileno acuartelada en Colina, comuna al norte de Santiago. Fue el primer militar condenado en el contexto del estallido social. A pesar de esto, continúa desempeñando funciones en el Ejército.
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El 21 de octubre, en Talcahuano, localidad ubicada a 502 kilómetros al sur de Santiago, Manuel Rebolledo fue asesinado en las afueras de la Población Libertad. El joven fue arrollado por un vehículo militar conducido por el cabo de la Armada chilena Leonardo Medina Camaño, en medio de una violenta persecución.
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Al día siguiente, Medina Camaño fue formalizado por cuasidelito de homicidio ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano, pues a juicio del fiscal a cargo, Julián Muñoz, se trataba de un hecho acaecido en medio de un accidente de tránsito. Así, de inmediato se decretó la libertad del imputado, y se le impusieron las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
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Sin justicia ni reparación
Según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, el organismo ha presentado 126 querellas contra militares por crímenes cometidos durante la revuelta social, entre ellos: delitos de apremios ilegítimos, homicidio frustrado, homicidio, tortura, violencia innecesaria, violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, disparos injustificados, violencia innecesaria con resultado de muerte.
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De todas las querellas interpuestas contra militares, solo uno ha sido condenado a cárcel efectiva. Fue el pasado 30 de enero que el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena condenó a 12 años de presidio al cabo primero del Ejército Cristián Isaac Care Care, por el asesinato de Kevin Gómez Morgado.
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© Foto : Gentileza Víctor Briceño
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El tribunal condenó al militar argumentando «actuación desproporcionada y sin base». Care Care disparó su arma de servicio contra el joven, sin mediar provocación ni representar un peligro para su integridad física durante un patrullaje nocturno el 20 de octubre de 2019 en Coquimbo, localidad ubicada a 461 kilómetros de Santiago.
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En conversación con Víctor Briceño, hermano de Kevin Gómez, señaló que «quedamos conforme del veredicto que lo declaró culpable, pero no quedamos conforme con la condena, puesto que lo catalogaron como homicidio simple y nosotros no estamos de acuerdo, puesto que pensamos que fueron apremios ilegítimos con resultado de muerte —que tiene una mayor pena en el código penal chileno — ya que este militar hizo uso y abuso de su cargo».
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«Él, supuestamente, es un profesional de las armas, pero no midió consecuencias, solo miró y disparó sin ninguna provocación alguna. En ese sentido, no quedamos conforme, estamos analizando con nuestro abogado la posibilidad de recurrir a la anulación de la condena, no así del juicio, solamente de la condena», agregó.
El disparo que recibió Carlos Astudillo en su muslo le provocó una hemorragia debido a la rotura de la vena y la artería, una fractura expuesta del fémur y sufrió daño del nervio femoral. Fue operado de urgencia y pasó por siete muertes clínicas durante el procedimiento.
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Carlos pasó dos meses en distintas clínicas de Santiago y tuvo que someterse a 16 operaciones. El joven hoy debe desplazarse con muletas, puesto que quedó con una secuela en su pie derecho y no puede moverlo completamente.
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Junto con su familia han debido costear más de 200 millones de pesos (240.000 dólares) para que él hoy pueda vivir. Ni el Estado ni el Ejército se han acercado a ayudarlo en la larga batalla que continúa dando para realizar su vida de la manera más normal y obtener justicia.
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El incansable camino en busca de la justicia
Carlos explica que su caso estuvo por mucho tiempo en La Fiscalía de Chacabuco y que fue una gestión negligente, ya que la fiscal no tomaba diligencias, no se reunía con sus abogados ni asistía presencial o virtualmente a algunas reuniones.
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«Al final, aplazó el proceso y, aparte, jamás le tomó importancia a los hechos. Imagínate que la Fiscalía se querelló por lesiones graves en un caso que fue claramente de homicidio frustrado. Las medidas cautelares que le dieron al militar que me disparó fueron de firma quincenal y arraigo nacional», comentó Astudillo.
El caso de Carlos no avanzaba, así que su grupo de familiares y amigos comenzaron a presionar, a salir a las calles. Hicieron actos, fueron a los medios de comunicación. Finalmente, junto con sus abogados lograron que se cambiara la sede judicial. Hoy el caso de Carlos se encuentra en la Fiscalía Centro Norte en la Unidad de Alta Complejidad.
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«Se ha visto un cambio en la agilidad del caso, se han podido realizar muchas diligencias, sobre todo la más importante que era la reconstitución de escena. Desde ese momento, ha sido solamente sumar. Ahora estamos en un proceso de inicio del juicio oral que debería ser durante los primeros días de marzo. Ha sido un proceso súper difícil y si yo no me movía, hubiese quedado ahí, en la negligencia y la impunidad que caracteriza el sistema judicial», cerró Astudillo.
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La familia de Manuel Rebolledo sigue buscando justicia por el asesinato de su hijo. En febrero de 2020, sus padres interpusieron una querella criminal por homicidio simple en contra del infante de marina que atropelló a su hijo.
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Roberto Pino, integrante del Colectivo Justicia para Manuel Rebolledo y quien ha colaborado judicialmente con el caso, señaló que «se interpuso la querella, puesto que el imputado en su primera declaración indica que él vio a Manuel Rebolledo a distancia y lo persiguió. Nosotros entendemos que él manifiesta la intencionalidad de matarlo, es decir la existencia de un delito doloso y no culposo».
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A pesar de los esfuerzos y las constantes batallas judiciales de la familia de Rebolledo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Concepción condenó en diciembre pasado al infante de marina Leonardo Esteban Medina Camaño a 540 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, es decir no irá a prisión. La familia presentó un recurso de nulidad contra esta resolución.
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© Foto : Gentileza Colectivo Justicia para Manuel Rebolledo
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A pesar de las dificultades que han vivido, la familia de Manuel Rebolledo no ha cesado en la búsqueda de justicia. Es por lo mismo que se reunieron con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien les brindó su apoyo, el mismo que también llegó por el entonces candidato presidencial Gabriel Boric antes de la segunda vuelta presidencial.
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«El presidente [electo] Gabriel Boric visitó a los padres de Manuel Rebolledo y les brindó su apoyó para que no exista impunidad en los tribunales de justicia y el pasado 3 de febrero, se tuvo una reunión con la futura ministra de Justicia, Marcela Rivas, quien también comprometió su apoyo a la causa y señaló que no se debía permitir que se propusiera la impunidad en nuestro país, puesto que existen antecedentes suficientes para cuestionar la resolución del tribunal», comentó Roberto Pino.
Alexis Polo González – Periodista especializado en derechos humanos y memoria.
