Son varios factores que explican el alto costo de la vida en el país sudamericano, entre ellos la inflación, la nula competencia en el mercado y la crisis económica global, exacerbada por el conflicto en Ucrania y las consecuentes sanciones a Rusia.
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Por Alexis Polo González
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El viernes 22 de abril parlamentarios, del Partido Por la Democracia y el Partido Comunista, se reunieron con el fiscal nacional económico Ricardo Riesco, para denunciar que en las bodegas de supermercados se estaban acumulando cajas de aceite, lo que podría ser una posible colusión para subir el precio de este elemento esencial en la cotidianidad de los hogares.
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Tras la reunión, la Fiscalía Económica Nacional (FNE) se comprometió a realizar la investigación con agilidad y en el menor tiempo posible, puesto que el aceite ha tenido un alza de dos a tres dólares durante los últimos meses
Hernán Calderon, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), señaló que «la FNE debe investigar todas las cadenas, desde la importación hasta los productores, y también a los importadores, puesto que claramente este mercado de la importación de aceite y otros productos básicos está prácticamente monopolizado».
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«Hay que tomar en cuenta que en Chile no producimos materias primas para el aceite y, en general, el aceite es importado de Argentina y Canadá», agregó el presidente de la Conadecus.
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El dirigente explicó que la mayoría de las marcas de aceite que se compran en un supermercado o negocios de barrios son de las mismas cadenas que han monopolizado el mercado. Además, indicó que es fundamental que la FNE realice una investigación, porque «aquí algunos economistas están dando explicaciones que no son convincentes en cuanto a que han subido el alza de los productos».
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«El aceite que llega a Chile es importado por vías terrestres, no es por flete naviero, no es importado desde Rusia o Ucrania. En Argentina el precio es bastante menor al que se está vendiendo en Chile, incluso en Europa, a pesar de que están al lado del conflicto bélico, el aceite es mucho más barato que en Chile», agregó Calderón.
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En esa misma línea, el ingeniero comercial Álvaro Gallegos —experto en materias de regulación financiera, exasesor del Ministerio de Hacienda y quien se desempeñó como superintendente de pensiones durante la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018)— comentó anteriormente que en el «caso de Chile esto se ve agudizado por la escasa competencia que hay en el mercado doméstico».
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«Se aprecia que hay un alza no justificada, porque nosotros somos importadores netos de esos productos y cuando se miran los precios en países como Argentina, Europa, uno no entiende por qué estamos pagando dos o tres veces los precios que pagan los argentinos o los ingleses», agregó Gallegos.
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El mercado de Chile funciona con muy poca competitividad y es concentrado por un pequeño sector de la población y empresas transnacionales, lo que ha producido que se hayan realizado colusiones entre los precios de los medicamentos, la carne de pollo e incluso el papel higiénico. Todo esto en desmedro del bolsillo de los consumidores.
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El sobreendeudamiento de la población
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el conflicto en Ucrania lleva a una desaceleración del crecimiento mundial «del 6,1% estimado para 2021 a 3,6% en 2022 y 2023».
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Las sanciones económicas a Rusia han ocasionado un aumento en el precio de los combustibles y en los alimentos, que golpea a la economías de todo el mundo. El FMI estima que el encarecimiento de las materias primas y el alza de los precios se traducen en una inflación del 8,7% en las economías de mercados emergentes para este 2022.
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Durante los últimos días, la Conadecus anunció que cada día eran más los chilenos que ocupaban sus tarjetas de crédito para la compra de los bienes esenciales de la canasta básica familiar.
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«Cuando las personas comienzan a ocupar las tarjetas de crédito porque sus ingresos no les alcanzan y claramente van ocupando distintas tarjetas hasta ir sobrepasando el límite de cada una», comentó el presidente del organismo.
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«Las necesidades son mayores y esto lleva a un sobreendeudamiento de las personas que hace imposible que después puedan responder a esos créditos. Además, el producto se hace más caro por las tasas de intereses y comisiones. Cuando se compra con tarjeta, aumenta el valor del producto que se está comprando», agregó.
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Lo que está ocurriendo en el país actualmente es que las personas deben recurrir a las tarjetas de crédito, es decir el endeudamiento, para poder comprar los productos esenciales de la canasta básica familiar para poder hacer frente a la crisis económica y a las históricas alzas de los elementos de primera necesidad.
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El nivel de morosidad, que bajó gracias a los retiros del 10% de las AFP, con los cuales las personas usaron sus fondos previsionales para pagar sus deudas, ha vuelto a crecer.
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«En los últimos informes se ha señalado que 240.000 personas ingresaron a los registros de morosidad y claramente eso irá en aumento si no hay medidas concretas para que las familias puedan hacer sus compras básicas», comentó Calderón.
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¿Hay alternativas para mitigar la crisis?
Son dos proyectos ingresados por parlamentarios que buscan que el Ejecutivo elimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los productos de la canasta básica familiar. Uno de ellos, presentado por la diputada Emilia Nuyado, del Partido Socialista, y otro presentado por parlamentarios de Renovación Nacional, partido de oposición.
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Sin embargo, desde el Ejecutivo señalaron que no congelarán precios ni eliminarán el IVA y se espera que dentro de los próximos días el Gobierno lance su plan de ayuda económica para hacer frente a la histórica alza de precios.
Calderón explicó que hay muchas alternativas para poder llegar con recursos frescos a la población, uno de ellos podría ser un subsidio focalizado para las personas más vulnerables y una congelación de precios.
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Sin embargo, Calderón señaló que la congelación de precios «podría generar mercado negro y escasez y también existen, como todo en Latinoamérica, los IVA diferenciados y que se podrían aplicar a los elementos elementos esenciales de la canasta básica familiar».
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«Lo que tiene que existir es voluntad política y también los efectos recaudatorios que necesita el Estado para responder a las demandas de las ciudadanías, pero no puede ser que la ciudadanía esté pagando con mayores impuestos los derechos que se le deben entregar a las persona más vulnerables y al país en general», finalizó el presidente de la Conadecus.