Una relectura necesaria para entender a un personaje oscuro de la política chilena, que está liderando el amarillismo en contra de la Nueva Constitución
Mientras connotados derechistas señalan que preferirían que siguiera gobernando la Concertación, muchos de sus votantes se sienten frustrados y hasta estafados.
¿Por qué esa resignación de los gobiernos concertacionistas frente a un modelo heredado? ¿Por qué esa falta de imaginación para abrir espacios a los sectores medios, apostando a una sociedad de mercado que tuviera acentos distintos, tales como la asociatividad, la descentralización, el poder local?
¿Por qué esa incapacidad para introducir cambios en un modelo económico que fragmenta a nuestra sociedad y que idiotiza para reinar?
“Lo que más duele es que hemos votado por la Concertación y gradualmente sus gobiernos se hayan ido alejando de los compromisos programáticos fundamentales que se formularon al término del régimen militar y se hayan dedicado, cada vez más, a administrar con eficiencia un modelo neoliberal”.
Esta es la expresión que resume el descontento profundo de los sectores que genéricamente podríamos identificar como progresistas, y que se recoge en toda instancia en que se crucen personas que tuvieron activa participación en la recuperación democrática, que fueron exonerados políticos, antiguos dirigentes sociales, ex combatientes en contra del régimen militar, académicos que creyeron que la influencia del pensamiento guiaría las gestiones de los sucesivos gobiernos democráticos. Poetas que sacaron la voz cuando todos callaban.
Pero lo que definitivamente indigna, es que durante el período democrático se hayan dado en forma reiterada, sucesivas acciones de corrupción que han evidenciado una calculada instrumentalización del Estado como fuente de recursos para fines particulares.
Algunos señalan que ha sido expresión del pragmatismo procurando obtención de recursos para poder participar en un sistema electoral perverso donde el dinero manda. Los más piensan que junto con las excusas de ese tipo ha estado siempre el aprovechamiento de verdaderos delincuentes enquistados en el sistema, cuya camiseta política ha sido su propia conveniencia.
Se ha hecho común ver a estos especímenes construir poder, aunque sea vendiendo el alma al diablo. Lo cual está más allá de tiendas partidarias, ha sido transversal a todos los partidos y por eso el ciudadano común y corriente ha terminado distanciado de todo lo que suene a política. Esto agudiza el problema ya que la ciudadanía se mantiene distante en vez de ejercer sus controles y accionar con sus denuncias. “¿Para qué me inscribo?” “¿Qué se saca con protestar si todo queda igual?
La mentada transparencia sólo aparece como elemento discursivo y apenas alguien desnuda situaciones turbias, inmediatamente se levantan los puentes levadizos y las fortalezas se accionan instintivamente para preservar su impunidad. Así, las instituciones funcionan, mientras desde el lado de los poderes económicos o religiosos se articulan redes de influencia sobre el gobierno, el parlamento y poder judicial, lo que se traduce en lo que tenemos: un país de doble lectura.
Para los neoliberales, para las corporaciones internacionales, un verdadero modelo a imitar. Para los sectores medios del país, trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios, un sistema que exige correcciones urgentes. Para los sectores sumidos en la extrema pobreza, una calidad de vida pésima, ya que de la digna pobreza se ha pasado a situaciones de miseria, consecuencia, entre otras variables, de la drogadicción que se enquista en las poblaciones populares, aniquilando sus fortalezas locales, destruyendo la dignidad de las familias.
La idea es que si hubiese habido claridad política y un liderazgo de mayor calidad en la clase política concertacionista, si hubieran mantenido en la mesa las visiones que aportaban los humanistas, los verdes, los comunistas; si hubieran facilitado la presencia de las minorías, el sistema habría logrado más legitimidad. Se habría mantenido un mayor cruce de visiones.
Si la Concertación se hubiese concentrado en las bases sociales que le abrieron camino, sin descartarlas como se hizo, si se hubiese trabajado en fortalecer los colegios profesionales, si se hubieran expandido las juntas vecinales, los espacios de cooperación sin fines de lucro, quizás habría sido posible movilizar hoy a la gente en respaldo de los planes de gobierno.
Debe ser por lo menos contradictorio que una alianza de centro izquierda termine siendo alabada por la extrema derecha. Es penoso haber resignado las ideas propias o peor que ello, no escuchar ideas y que, en forma soberbia, con un estilo tecnocrático aprendido quizás en los cerrados grupos del exilio, sin respetar las iniciativas locales, se haya implantado un gobierno cupular y centralista, que deja de lado a la civilidad movilizada.
El individuo chilensis se siente desprotegido por un Estado débil. Con una actitud dubitativa para fiscalizar, a merced de la presión de los poderosos intereses corporativos que hoy lideran los diversos sectores económicos. Los monopolios privados, dueños de todo Chile, han ganado en la imposición de sus intereses.
¿Habría sido posible jugárselas por el programa concertacionista inicial, que establecía mayores compromisos con los sectores productivos medios?
Evidentemente que sí, pero eso habría significado exigir a los grupos de poder, nacionales y extranjeros que tributaran debidamente, que respetaran en sus proyectos nuestros intereses ambientales. Los lobbies desplegados para influir en los procesos de privatizaciones, de concesiones o en el manejo de leyes claves referidas a los sectores pesqueros, forestal, energético, sanitarias y telecomunicaciones, han demostrado cuán débil ha sido la posición de los gobiernos democráticos en casi todos estos frentes.
Para actuar distinto habría que haber fortalecido mucho antes la capacidad fiscalizadora del Estado, por ejemplo, respecto al sector bancario, cuyas conductas han retardado la reactivación, logrando máximos dividendos sectoriales de la crisis de endeudamiento nacional, pero sin pagar la deuda subordinada que mantiene con el país. Cuestiones que se soslayan y que quedan allí, en el inventario de lo pendiente, en el recuento de escenarios que pudieron ser, si hubiese habido voluntad política.
Es real que los chilenos queremos vivir mejor. Eso pasa por corregir la gestión pública y exigir comportamientos consistentes a los representantes populares. La necesidad de extirpar la corrupción y el imperativo de abrir espacios a los controles ciudadanos son los temas que marcarán la diferencia cuando el ciudadano progresista deba votar.
Muchas sorpresas pueden sobrevenir si la ciudadanía es capaz de articular estos pensamientos dispersos en una acción movilizadora nacional.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Hernán Narbona Véliz – Periodista. Corresponsal del Diario La Razón en la V Región. Administrador Público, Especialista en Aduanas y Comercio Internacional. Secretario de la Mesa Coordinadora de DDHH de Valparaíso.