En las poblaciones costeras pobres en Latinoamérica y el Caribe, los pescadores están entrando al tráfico de drogas. La captura de tiburones como pesca incidental en Ecuador y Costa Rica, países conocidos por su inclinación hacia la conservación, está devastando las poblaciones amenazadas. Y los barcos de la flota china de aguas distantes apagan sus transpondedores para saquear las aguas suramericanas.
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Por Seth Robbins
Socio informativo – InSight Crime
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Los expertos de un panel de discusión organizado por InSight Crime y el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos (CLALS) en American University dejaron en claro que las consecuencias de la pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR) son inmediatas y de gran envergadura en toda la región. La pesca INDNR afecta los medios de subsistencia y los ecosistemas marinos, a la par que facilita otros delitos, como los abusos laborales y el narcotráfico.
Pero no todo está perdido, señalaron los expertos, quienes plantearon formas de enfrentar a los perpetradores: aumentar la capacidad de la fuerza pública y frenar a los países con malas prácticas. También se necesitan iniciativas para los pescadores que ya no pueden vivir del mar.
«El impacto trasciende la industria pesquera», declaró Matthew Taylor, profesor de estudios internacionales de American University, quienes colaboraron con InSight Crime en un documento de trabajo recién publicado sobre la pesca INDNR en Latinoamérica y el Caribe.
Philippe Le Billon, profesor de la Universidad de British Columbia, abrió la conferencia resaltando un estudio sobre las conexiones entre el tráfico de drogas y la pesca.
Aunque reconoció que los datos eran limitados, Le Billon explicó que el estudio analizó cerca de 292 informes de embarcaciones involucradas en narcotráfico entre 2010 y 2017. Los hallazgos, dijo, muestran que “cada vez más pequeños pescadores se están viendo forzados” a traficar narcóticos.
Paradójicamente, esos pequeños pescadores son susceptibles de explotación por parte de los narcotraficantes por causa de las prácticas de pesca INDNR, como la reducción de las poblaciones de peces y la falta de acceso a zonas de pesca. La afluencia de dineros de la droga a las reservas pesqueras locales también puede derivar en «sobrecapacidad de pesca», advirtió Le Billon.
Peter A. Murray, asesor de la secretaría del Mecanismo de reservas pesqueras regionales del Caribe (Caribbean Regional Fisheries Mechanism, CRFM), organización conformada por 17 países que facilita la pesca sostenible en las aguas de la región, admitió que la pesca se ha convertido en vehículo para el lavado de dinero de la droga. Uno de los problemas, señaló Murray, es que la pesca INDNR muchas veces “se trata como un problema regulatorio y no como crimen organizado transnacional”.
Tres países que hacen parte de la CRFM se presentaron en una reciente investigación de InSight Crime y el CLALS con el título de “El saqueo de los océanos: pesca ilegal en aguas de Centroamérica y el Caribe”. Los reportajes que hacen parte de esa investigación muestran cómo se pesca furtivamente en las aguas de Jamaica en busca de vida marina; cómo las capacidades de la fuerza pública en Guyana se extienden apenas a una fracción de sus aguas, y cómo el comercio ilegal de licencias de pesca en Surinam creó una plétora de barcos duplicados.
Murray reconoció que los países del CRFM tienen una necesidad desesperada de ayuda financiera y desarrollo de capacidades para combatir la pesca INDNR, pero señaló que sus esfuerzos muchas veces pasan desapercibidos. A pesar de las limitaciones, acotó, “nuestros estados [miembros] trabajan hacia una serie de remedios”.
Jorge Arturo Jiménez, director general de la fundación MarViva, organización para la conservación de los océanos con sede en Costa Rica, destacó que la devastación acarreada por los aparejos de pesca ilegal, como las redes de cerco con jareta que producen pesca incidental masiva y las prácticas de pesca ilegal, como el uso de explosivos. No se respetan las temporadas de veda, añadió. La sobrepesca, explicó, crea una espiral descendente que no solo general el agotamiento de las poblaciones de peces, sino problemas para la subsistencia de los pescadores.
Lo que dificulta aún más las cosas, anotó, es la absoluta falta de datos.
“No se sabe cuántas personas pescan”, comentó Jiménez, «y no se sabe qué pescan”.
Las preocupaciones por las exportaciones de aletas de tiburón se presentaron en las discusiones sobre Costa Rica y Ecuador. A lo largo de los últimos cinco años, Costa Rica exportó 455 toneladas de aletas de tiburón por valor de US$25 millones hacia Hong Kong, destacó Jiménez en la conferencia.
Cristina Cely, activista del mar en Ecuador, comentó que los barcos ecuatorianos siguen descargando cantidades enormes de pesca incidental, otro enfoque de la investigación sobre “El saqueo de los océanos”. La pesca de tiburones es ilegal en Ecuador, pero los pescadores pueden poseer y vender tiburones capturados de manera no deliberada. El vacío legal ha convertido a ese país en uno de los mayores exportadores de aletas de tiburón en el mundo. Las exportaciones de aletas de tiburón pasaron de 90 toneladas en 2020 a 321 en 2021. Los ingresos en este rubro llegaron a US$9,7 millones en 2021, según el banco central del país.
«Eso es algo que no debe ser negocio», señaló Cely.
Un enfoque importante de la conversación centrada en la flota china de pesca en aguas distantes, que ha sido objeto de escrutinio por sus prácticas depredadoras frente a las costas del Atlántico y el Pacífico en Suramérica. Aunque los panelistas coincidieron en que no querían caer en ataques colectivos a China, dejaron en claro que la flota actúa como un importante transgresor en pesca INDNR, a pesar de las afirmaciones del gobierno chino de que controla dichas prácticas.
Milko Schvartzman, investigador de pesca ilegal en Argentina y otros países, comentó que los barcos de bandera china ahora comienzan a pescar calamar en el talud continental del Atlántico sur a comienzos de noviembre, dos meses antes de la apertura de la temporada en Argentina.
«Cada vez más barcos comienzan anticipadamente e incrementan sus actividades de pesca”, señaló. “El impacto es muy preocupante”.
Schvartzman también denunció el puerto de Montevideo en Uruguay por recibir barcos que ejercen prácticas de pesca INDNR y otros delitos, como abusos contra sus trabajadores. Parte de la investigación sobre “El saqueo de los océanos” enfocada en Suramérica reveló que entre 2013 y 2021 se descargaron en el puerto de Montevideo los cuerpos de casi 60 tripulantes muertos de barcos pesqueros.
«Muchos barcos tienen un prontuario terrible y siguen trabajando», comentó.
Otro informe que hizo parte de la investigación “El saqueo de los océanos” se centró en el uso de la bandera panameña por barcos de la flota china en barcos refrigerado, que transportan toneladas de pescado hasta la costa y regresan con suministros, lo cual permite a la flota permanecer en altamar durante meses e incluso años. La falta de cooperación en la lucha contra la pesca INDNR le valió a Panamá la imposición de una “tarjeta amarilla”, o advertencia, en 2019, por parte de la Unión Europea.
Jiménez, de la fundación MarViva de Costa Rica, declaró que Panamá aún tiene “mucho por hacer” para que se le retire la tarjeta amarilla.
Joshua Goodman, corresponsal de Latinoamérica para Associated Press, con residencia en Miami, relató su travesía de 21 días con el grupo conservacionista Guardianes del Mar para tener una mirada de cerca de la flota china. Goodman habló de cómo esto motivó una investigación de una empresa subsidiada por China, cuyos barcos han sido señalados de incurrir en prácticas de pesca ilegal y abuso laboral. Él pudo ver algunos de esos mismos barcos en el mar.
Goodman aconsejó a los colegas del panel que estudiaran las organizaciones regionales de manejo pesquero, que fijan las normas y regulan las actividades de pesca para los países miembros. La Organización Regional del Pacífico Sur para la Administración de las Pesquerías (SPRFMO), señaló, no adoptó una propuesta para que Ecuador y la Unión Europea tuviera observadores a bordo de todos los barcos de sus países miembros en 2028. Los grupos muchas veces toman decisiones importantes, señaló, a puerta cerrada. Los gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos deben tener una participación más activa en estas organizaciones.
Estados Unidos, gran importador de productos de mar de China, tampoco se libró del reparto de responsabilidades.
“Estados Unidos tiene un importante papel que desempeñar aquí», dijo Goodman, «para que haya trazabilidad desde el mar hasta la nevera del supermercado”.